La difusión de un video grabado por los propios atacantes vincula el asalto a la casa de Rubén Rocha Moya con la facción de “La Mayiza” debido al uso simbólico del sombrero y narcocorridos de “la gente del sombrero”

El panorama de seguridad en Sinaloa ha dado un giro dramático tras la difusión de un video de apenas 17 segundos que documenta el ataque a la antigua residencia de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia.

Este material audiovisual, grabado por los propios agresores, no solo confirma la violencia del acto, sino que introduce elementos simbólicos que apuntan directamente a una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa.

En las imágenes se observa a un sujeto armado descendiendo de un vehículo, portando un sombrero —símbolo inequívoco de la facción liderada por Ismael “El Mayo” Zambada y su hijo el “Mayito Flaco”— mientras dispara repetidamente contra el inmueble en la colonia Las Quintas.

Lo que añade una capa de audacia al evento es la banda sonora del video: el corrido “Cuídense bien y pórtense mal”, del grupo Quinto Elemento, cuya letra hace referencia explícita a ser “gente del sombrero”.

Este detalle ha llevado a analistas y autoridades a considerar la agresión como un mensaje directo contra Rocha Moya, quien ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos de brindar presunta protección a la facción rival: “Los Chapitos”.

La respuesta institucional ante este desafío no se ha hecho esperar, aunque navega en un mar de ambigüedades.

Durante la conferencia matutina del 11 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó disipar los rumores sobre una posible fuga del mandatario sinaloense, asegurando que se encuentra en territorio nacional y bajo la vigilancia de las fuerzas federales.

La mandataria descartó cualquier escenario de “extracción” por parte de agencias extranjeras, como la CIA o la DEA, subrayando que México mantiene su soberanía y que cualquier entrega de ciudadanos debe pasar por un proceso judicial riguroso y fundamentado en pruebas sólidas.

Sin embargo, la presión internacional es palpable, especialmente tras las revelaciones del diario *Los Angeles Times*, que sugieren que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar han mantenido contactos con Washington durante el último año para negociar una posible entrega voluntaria, condicionada al destino judicial de sus hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López.

Mientras la diplomacia y el golpeteo político dominan las cámaras, en las calles de Culiacán y municipios aledaños la realidad es un enfrentamiento constante.

A pesar de los 13,000 efectivos desplegados bajo las operaciones Sable y Chipagua, la delincuencia organizada mantiene una capacidad operativa que desafía el estado de sitio.

Recientemente, un operativo en la sindicatura de Aguaruto derivó en una persecución de alta velocidad y un enfrentamiento armado en la colonia San Javier; lamentablemente, los delincuentes asesinaron a una persona que mantenían privada de su libertad justo cuando las fuerzas de seguridad intentaban el rescate.

El saldo de ese evento —un sicario abatido y un detenido— es apenas un reflejo de la volatilidad en la entidad.

Asimismo, el hallazgo de vehículos con blindaje artesanal en Cosalá y campamentos clandestinos en El Pozo de Imala demuestra que la infraestructura criminal sigue activa y fuertemente artillada, esperando el siguiente movimiento en este tablero de ajedrez sangriento.

El papel de otros actores políticos también ha cobrado relevancia en este contexto de crisis.

Gerardo Fernández Noroña ha salido en defensa de Rocha Moya, calificando las acusaciones como una herramienta de presión política de cara a las elecciones de 2027 y las renegociaciones del T-MEC.

Por su parte, gobernadores como Américo Villarreal de Tamaulipas han tenido que salir a desmentir rumores sobre la cancelación de sus visas estadounidenses, un fenómeno que se ha vuelto una constante para los políticos señalados en el entorno de Morena.

La incertidumbre sobre quién realmente ostenta el control —si las instituciones del Estado o las facciones que firman sus ataques con sombreros y corridos— mantiene a la población en una vigilia constante.

Con la promesa de nuevos detalles por parte de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, México aguarda para saber si este ataque fue un montaje publicitario del crimen o el inicio de una ofensiva final para reconfigurar el mapa del narcotráfico en el Pacífico.