El ataque con más de 100 disparos de fusiles AK-47 contra una antigua residencia de Rubén Rocha Moya en Culiacán marca un punto crítico en la seguridad de Sinaloa justo tras la solicitud de licencia del mandatario

La madrugada del 9 de mayo, el estado de Sinaloa fue sacudido por un evento que, aunque no dejó víctimas fatales, envió una onda expansiva de incertidumbre por todo el panorama político y criminal de México.

Un comando armado arribó a una de las propiedades de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de la entidad, y descargó una ráfaga de más de 100 disparos de grueso calibre, presuntamente 7.

62 x 39 mm, conocidos popularmente por ser utilizados en los fusiles “cuerno de chivo”.

El ataque ocurrió en el sector Las Quintas, una zona residencial emblemática de Culiacán, impactando severamente la fachada y la cochera de una vivienda de dos plantas que, según testimonios de vecinos que conocen al mandatario desde hace tres décadas, fue su primera residencia familiar.

Este acto de violencia no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una pieza dentro de un complejo rompecabezas de operativos militares, fracturas internas en el Cártel de Sinaloa y una presión diplomática sin precedentes por parte de Estados Unidos.

El atentado se produce en el momento de mayor presencia militar en la historia reciente de Sinaloa.

Actualmente, más de 13,000 efectivos de las fuerzas armadas, incluyendo batallones de fuerzas especiales, se encuentran desplegados en el estado bajo tres ejes estratégicos: la Operación Sable, enfocada en la recuperación de espacios públicos; la Operación Chipagua, destinada a la captura de objetivos prioritarios; y la Fuerza Tarea Alacrán, dedicada al desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas.

Este despliegue masivo es una respuesta directa a la escalada de violencia provocada por la guerra interna entre las facciones de “Los Mayos”, liderados por el Mayito Flaco, y “Los Chapitos”.

Las autoridades han asestado golpes significativos recientemente, incluyendo la destrucción de laboratorios en la zona serrana de Culiacán y enfrentamientos en comunidades como Los Ciruelos, donde se aseguraron vehículos con las siglas “MF”, vinculadas directamente a la estructura de Ismael Zambada.

La situación personal de Rubén Rocha Moya añade una capa adicional de intriga al suceso.

El mandatario solicitó licencia a su cargo el pasado 2 de mayo, coincidiendo con un entorno de acusaciones provenientes del gobierno estadounidense contra diversos funcionarios y exfuncionarios estatales.

Desde entonces, su paradero ha sido una incógnita para el ojo público, manteniéndose bajo un esquema de seguridad estrictamente recomendado por el gobierno federal.

Aunque los vecinos afirman que la casa atacada lleva cerca de una década deshabitada, el mensaje simbólico es ineludible: los grupos criminales demostraron tener la capacidad de vulnerar el entorno del gobernador incluso en un estado sitiado por el ejército.

No se descarta que esta agresión sea una represalia de la delincuencia organizada ante la reciente detención de operadores clave de la facción de “La Mayiza” en estados tan distantes como Chiapas, donde la Marina desarticuló una ruta estratégica de tráfico de drogas en la frontera sur.

A la par de la violencia en las calles, la arena política internacional se encuentra en un punto crítico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su retórica contra la soberanía mexicana, afirmando en recientes discursos que los cárteles son quienes realmente gobiernan el territorio y amenazando con intervenciones militares directas si el gobierno mexicano no logra contener el flujo de fentanilo.

Estas declaraciones han sido firmemente rechazadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha exigido respeto a los procesos democráticos y a la soberanía de México, especialmente en un contexto donde ambos países se acercan a procesos electorales determinantes.

Mientras tanto, en estados como Michoacán, Jalisco y Colima, las capturas de líderes regionales de los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación continúan alimentando un clima de inestabilidad generalizada.

El ataque a la casa de Rocha Moya se erige así como un sombrío recordatorio de que, a pesar de los operativos de élite y las detenciones de alto impacto, la capacidad de fuego y el alcance psicológico del narcotráfico siguen desafiando abiertamente al Estado mexicano en su propio corazón.