El Gobierno de Colombia y la oposición protagonizan un fuerte cruce político por la presunta ocupación de más de 6.000 hectáreas de tierras baldías en La Primavera, Vichada

El debate político en Colombia volvió a encenderse tras una serie de denuncias cruzadas que involucran la presunta ocupación de tierras baldías en el departamento del Vichada, señalamientos sobre posibles conflictos de interés y un ambiente de alta polarización en eventos públicos de campaña.

El centro de la controversia gira en torno a más de 6.000 hectáreas ubicadas en la zona de La Primavera, donde la Agencia Nacional de Tierras ha adelantado procesos administrativos para determinar la legalidad de su ocupación y eventual adjudicación.

Según la entidad estatal, estos terrenos tendrían la condición de bienes baldíos de la Nación, es decir, tierras que por ley deben ser destinadas a procesos de reforma agraria o adjudicación a campesinos sin tierra.

En medio de ese proceso, el empresario Nicolás Lacerna, señalado como ocupante del predio Buenavista, llegó a un acuerdo con las autoridades para su devolución, tras años de litigio administrativo.

El caso tomó relevancia política debido a su parentesco con la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quien defendió públicamente la legalidad de los títulos asociados a su familiar.

En declaraciones recogidas durante el debate público, Valencia ha sostenido que “los títulos fueron legítimos”, aunque también ha reconocido el origen histórico de la ocupación de este tipo de predios en los llanos orientales.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional se ha cuestionado esa postura.

El presidente Gustavo Petro ha insistido en que la acumulación irregular de tierras en Colombia está asociada a dinámicas históricas de violencia rural, desplazamiento forzado y concentración de la propiedad.

En una de sus intervenciones más comentadas, Petro afirmó: “Defender la apropiación ilegal de la tierra en Colombia por grandes hacendados es defender la violencia y el desplazamiento de millones de personas”, en referencia a los conflictos históricos por la tierra en varias regiones del país.

La Agencia Nacional de Tierras ha reiterado que los terrenos en cuestión son baldíos de la Nación y ha sostenido que cualquier ocupación debe ser revisada bajo criterios técnicos y jurídicos.

“No vamos a dejar de decir que es baldío lo que es baldío”, señalaron voceros de la entidad durante el proceso de clarificación de la propiedad, que continúa en curso con la revisión de escrituras, visitas técnicas y análisis catastral.

El caso ha escalado en el escenario político nacional, donde sectores del oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de instrumentalizar el tema agrario con fines electorales.

Mientras tanto, en paralelo al debate jurídico, se han generado controversias alrededor de eventos de campaña de la oposición, particularmente en la ciudad de Pereira, donde se denunció la supuesta entrega de incentivos para la asistencia a un acto político.

De acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales, a algunos trabajadores de empresas privadas se les habría invitado a un evento de campaña con la promesa de participar en rifas de motocicletas valoradas en aproximadamente 7 millones de pesos, además de otros incentivos logísticos.

Los organizadores del evento, vinculados a la campaña de Paloma Valencia, convocaron a los asistentes bajo consignas de participación ciudadana y reconstrucción del país.

En uno de los mensajes de invitación se leía: “Te invitamos a participar en un evento institucional que se realizará el 2 de mayo a las 3:30 en la Plaza de Bolívar de Pereira”.

Las denuncias han generado debate sobre la ética en la movilización política y el uso de incentivos en actos proselitistas, aunque no existe hasta el momento una investigación oficial que confirme irregularidades.

El evento en Pereira también estuvo marcado por momentos de tensión entre simpatizantes y opositores.

En videos difundidos en redes sociales se observa un altercado entre asistentes, luego de que una persona ingresara con una pancarta de protesta.

El incidente derivó en empujones y la intervención de la fuerza pública, en medio de llamados a la calma por parte de algunos organizadores del acto.

“Ellos son violentos, nosotros no podemos ser iguales”, se escuchó decir a uno de los oradores desde la tarima, intentando frenar la confrontación.

Las imágenes generaron reacciones encontradas en el espectro político, donde unos denunciaron agresiones contra la protesta, mientras otros señalaron provocaciones dentro del evento.

En paralelo, el debate sobre la concentración de tierras volvió a escalar con nuevas acusaciones del presidente Petro, quien vinculó históricamente la acumulación de predios rurales con fenómenos de violencia estructural en el país.

Según el mandatario, este tipo de prácticas han contribuido al desplazamiento de comunidades campesinas y al debilitamiento del desarrollo agrario.

“Todo el desarrollo de la violencia en Colombia tiene relación con la acumulación de tierras”, insistió Petro en una de sus intervenciones, en la que también cuestionó el papel de las élites rurales en la configuración del conflicto armado.

Desde la oposición, sectores políticos han rechazado estas afirmaciones, señalando que se trata de generalizaciones que afectan la reputación de líderes empresariales y políticos.

En el caso de Paloma Valencia, sus defensores aseguran que las acusaciones buscan deslegitimar su campaña presidencial, mientras ella mantiene su postura de respaldo a los procesos legales que han rodeado a su entorno familiar.

La controversia se suma a un ambiente electoral cada vez más polarizado, donde los temas de tierra, seguridad, economía y gobernabilidad se han convertido en ejes centrales del debate público.

A medida que avanzan los procesos administrativos sobre los predios en Vichada y continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en eventos de campaña, el país sigue inmerso en una discusión que mezcla lo jurídico, lo político y lo social en un escenario de alta tensión nacional.