César Gaviria denuncia “delito constitucional”: El choque total entre Petro y el Banco de la República pone a Colombia al borde del abismo

En un escenario político sin precedentes, Colombia asiste a uno de los enfrentamientos más crudos entre el Poder Ejecutivo y las instituciones independientes que sostienen la democracia del país.

El expresidente César Gaviria, ampliamente reconocido como el arquitecto de la Constitución de 1991, ha lanzado una advertencia lapidaria: el gobierno de Gustavo Petro está incurriendo en acciones ilegales que podrían constituir un delito constitucional.

La manzana de la discordia es el Banco de la República y la reciente decisión del Ministro de Hacienda de ausentarse deliberadamente de su Junta Directiva, una maniobra que Gaviria califica como un “bloqueo institucional” sin parangón.

La ruptura con la independencia monetaria

El Banco de la República no es solo una entidad financiera; es el pilar de la estabilidad económica de Colombia. Su independencia, consagrada en la Carta Magna del 91, fue diseñada específicamente para evitar que los gobiernos de turno utilizaran la política monetaria con fines populistas o electorales. Sin embargo, la actual administración parece haber iniciado una guerra frontal contra esta autonomía.

Gaviria, en una intervención cargada de vehemencia, señaló que la ausencia del Ministro de Hacienda en las reuniones de la Junta no es una simple diferencia de criterios, sino un acto que raya en la criminalidad. Al no asistir, el Gobierno impide que se tomen decisiones vitales sobre las tasas de interés, dejando al país a la deriva en un momento de alta inflación y desaceleración económica.

“El presidente cree que puede cambiar la Constitución a su antojo y con la firma de unos amigos, pero no tiene los votos ni la autoridad para hacerlo”, sentenció el exmandatario.

El fantasma de la Constituyente y el “todo vale”

La narrativa del Gobierno se ha centrado en culpar al Banco de la República de la crisis actual, acusándolo de favorecer a los sectores rentistas y de mantener tasas de interés innecesariamente altas. Gustavo Petro ha llegado a sugerir la necesidad de una Asamblea Constituyente para reformar las instituciones que, según él, bloquean su agenda de cambio.

Para Gaviria, esta propuesta es un “embeleco”. El expresidente argumenta que Petro carece de las mayorías en el Congreso para impulsar tal reforma y que intentar forzarla por vías alternativas es salirse del Estado de Derecho.

La tensión ha escalado al punto de descalificar a figuras académicas y exministros, vinculándolos con una supuesta élite que conspira contra el pueblo. Esta polarización no solo afecta el debate político, sino que envía señales de alarma a los mercados internacionales.

Consecuencias económicas: El bolsillo de los colombianos en juego

Más allá de los titulares políticos, la realidad económica es preocupante. Colombia actualmente paga una de las tasas de interés más altas de América Latina para colocar su deuda pública (cercana al 14%). La inestabilidad institucional solo sirve para disparar esta prima de riesgo.

Gaviria advierte que, de continuar este comportamiento “irresponsable e ilegal”, el país podría perder su credibilidad ante el mundo, lo que se traduciría en menos inversión y más pobreza.

Datos recientes de la Asociación Bancaria refuerzan esta preocupación: en el último año, las utilidades de los establecimientos de crédito cayeron casi un 50%, y varios bancos han reportado pérdidas históricas. Mientras el presidente insiste en que las tasas altas benefician a los bancos, la realidad técnica muestra que el sistema financiero se está debilitando debido a la morosidad y la falta de colocación de créditos.

El futuro de la democracia colombiana

El choque entre Gaviria y Petro representa el enfrentamiento entre dos visiones de país: una que defiende la institucionalidad técnica y los contrapesos del poder, y otra que busca concentrar la autoridad para ejecutar cambios estructurales a cualquier costo. La advertencia de Gaviria es clara: la violación de la Constitución no quedará sin consecuencias y el sistema judicial, encabezado por la Corte Constitucional y la Procuraduría, tendrá la última palabra.

En las próximas semanas, la mirada de la nación estará puesta en la siguiente reunión de la Junta del Banco de la República. Si el bloqueo persiste, Colombia entrará en un terreno jurídico y económico desconocido, donde la estabilidad de la moneda y la vigencia de la democracia misma estarán puestas a prueba.

¿Es este el inicio de un cambio profundo o el camino hacia una crisis institucional sin retorno? Lo único cierto es que, como dice Gaviria, la Constitución merece más respeto que el capricho de un gobernante, y la historia no perdonará a quienes, por ambición política, decidan pisotearla.