Exescolta de Irene Montero DENUNCIA a la exministra: “Me utilizaba para cuidar a su hija”

🔥⚖️👁️ Una vieja denuncia vuelve a sacudir el panorama político en España 👁️⚖️🔥 La figura de Irene Montero queda nuevamente bajo escrutinio tras viralizarse el testimonio de su exescolta ⚡😱.

Acusaciones sobre uso de personal para tareas privadas chocan con su discurso actual sobre derechos y desigualdad 💥🧭.

“Me utilizaba para cuidar a su hija”, resurge como una frase que reabre el debate público 🌪️💔.

La controversia en torno a Irene Montero ha vuelto al primer plano tras la reaparición en redes sociales de una denuncia interpuesta en 2019 por su exescolta, Elena González.

El caso, vinculado al contexto judicial del conocido Caso Neurona, ha resurgido con fuerza en medio del debate político actual, generando nuevas críticas y cuestionamientos sobre la gestión interna de recursos dentro de Podemos.

El detonante de esta reactivación mediática han sido recientes declaraciones de Montero sobre la inmigración y la precariedad laboral, en las que acusaba a sectores de la derecha de promover condiciones cercanas a la “esclavitud”.

Estas palabras han provocado una rápida reacción en redes, donde numerosos usuarios han recordado las acusaciones que en su día apuntaban precisamente a un uso indebido de trabajadores vinculados al partido para fines personales.

Según el testimonio de González ante el juez, se habrían producido prácticas irregulares en la asignación de funciones a empleados de Podemos.

En concreto, señaló que otra trabajadora del entorno del partido, Teresa Arévalo, habría sido destinada al cuidado de la hija menor de Montero, una tarea completamente ajena a sus responsabilidades profesionales.

Aunque la exescolta reconoció no haber coincidido directamente con Arévalo en esos momentos, sí aseguró que la información le fue trasladada por fuentes internas.

Entre ellas, mencionó a Ancara Santana, quien habría expresado su malestar por verse obligada a realizar labores de cuidado infantil que no correspondían a su puesto.

“Estas tareas generaban una sobrecarga en el resto del equipo”, vino a explicar el testimonio recogido en sede judicial.

Las acusaciones no se limitaron al ámbito del cuidado de menores.

González también dejó constancia de que, durante su etapa como escolta, se le habrían encomendado gestiones personales que excedían claramente sus funciones de seguridad.

Entre ellas, mencionó encargos relacionados con el entorno familiar de la exministra, incluyendo gestiones vinculadas a su padre, así como tareas logísticas sin relación con su puesto.

Desde la acusación popular, representada por Marta Castro, se subrayó la relevancia de estos testimonios, destacando que proceden de declaraciones directas y que contradicen la versión oficial ofrecida en su momento por Podemos.

Según esta defensa, el partido habría sostenido que la relación de los trabajadores con la menor era únicamente de carácter afectivo, una explicación que ahora vuelve a ser cuestionada.

El resurgimiento de este caso ha intensificado el debate sobre la coherencia entre el discurso político y la práctica interna en las organizaciones.

Para algunos sectores, estas acusaciones evidencian una contradicción significativa entre las posiciones públicas de Montero y las dinámicas que habrían tenido lugar en su entorno más cercano.

Por su parte, otros ámbitos insisten en la necesidad de contextualizar los hechos dentro del proceso judicial en el que se produjeron, recordando que las investigaciones no derivaron en condenas firmes relacionadas con estas acusaciones específicas.

En cualquier caso, la viralización de este testimonio pone de manifiesto el impacto persistente de las redes sociales en la agenda política y mediática.

Años después de los hechos, la figura de Irene Montero vuelve a situarse en el centro del debate público, en un contexto marcado por la polarización y la constante revisión del pasado reciente.

Así, lo que comenzó como una denuncia en el marco de una investigación judicial concreta se ha transformado, con el paso del tiempo, en un elemento recurrente dentro del enfrentamiento político, reabriendo interrogantes sobre la gestión de recursos, la ética pública y la credibilidad de los discursos políticos.