Susanna Griso SE DESCOJONA de Marlaska cuando COLAPSA en directo

🚨 Una rectificación, varias reuniones reconocidas y una polémica que sigue creciendo.

Lo que comenzó como una negativa tajante ha terminado convirtiéndose en una nueva crisis política para el Ministerio del Interior.

Las explicaciones de Marlaska, las reuniones admitidas por la directora de la Guardia Civil y los nuevos datos incorporados a la investigación han reavivado el debate sobre la transparencia en uno de los casos más delicados de los últimos meses.

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La polémica en torno a las reuniones mantenidas entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la exmilitante socialista Leire Díez ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno y, especialmente, para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La controversia se intensificó después de que salieran a la luz nuevos datos incorporados a la investigación judicial que analiza las actividades de Leire Díez, una causa que dirige la Audiencia Nacional.

Los informes conocidos esta semana recogen la existencia de al menos tres encuentros entre Díez y González entre 2024 y 2025, una circunstancia que contrasta con las declaraciones previas realizadas desde el Ministerio del Interior, donde se había negado la existencia de reuniones entre ambas.

Tras conocerse esta información, Mercedes González reconoció públicamente los encuentros y explicó que dos de ellos tuvieron carácter personal y que en un tercero Leire Díez le trasladó una petición relacionada con la situación administrativa de un mando de la Guardia Civil, solicitud que, según la propia directora, fue rechazada.

Asimismo, aseguró que nunca realizó actuación alguna vinculada a las pretensiones de Díez.

La reacción de Fernando Grande-Marlaska llegó pocas horas después.

El ministro afirmó que mantiene su confianza en la directora general de la Guardia Civil porque, según explicó, ella le aseguró que ninguno de esos encuentros estuvo relacionado con la presunta trama investigada por la Audiencia Nacional.

“Yo no tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto”, declaró Marlaska ante los periodistas.

El titular de Interior insistió además en que, según la información que le había trasladado Mercedes González, en ningún momento se abordaron asuntos relacionados directa o indirectamente con la investigación judicial en curso.

Las explicaciones del ministro llegaron después de varios días de presión política y mediática.

Diversos grupos de la oposición cuestionaron el cambio de versión producido tras la aparición de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que documentan contactos y reuniones entre ambas mujeres.

El Partido Popular ha solicitado explicaciones parlamentarias y ha reclamado responsabilidades políticas por lo sucedido.

La propia investigación judicial considera relevante la relación mantenida entre Leire Díez y distintos responsables institucionales.

Según los informes incorporados al sumario, la UCO acredita reuniones y comunicaciones entre Díez y la directora general de la Guardia Civil, así como intentos de trasladar determinadas peticiones relacionadas con actuaciones internas dentro del cuerpo.

No obstante, la directora sostiene que nunca accedió a ninguna de esas solicitudes y que puso fin a cualquier contacto cuando percibió que las propuestas planteadas resultaban improcedentes.

En paralelo, también han trascendido audios atribuidos a Leire Díez en los que presumía de su relación con responsables institucionales y aseguraba contar con interlocución directa con altos cargos.

Parte de esos materiales forman parte del contexto investigado por la Audiencia Nacional, aunque su alcance y relevancia jurídica continúan siendo objeto de análisis dentro del procedimiento.

Marlaska, por su parte, ha reiterado que nunca ha tenido conocimiento de presiones o injerencias dirigidas a condicionar el trabajo de la Guardia Civil o de la UCO.

El ministro defendió la “honestidad”, la “profesionalidad” y la “ejemplaridad” de Mercedes González y aseguró que no habría tolerado ninguna actuación destinada a interferir en investigaciones policiales o judiciales.

Mientras tanto, la oposición mantiene la presión sobre el Gobierno y reclama nuevas comparecencias para aclarar por qué inicialmente se negó la existencia de reuniones que posteriormente fueron reconocidas.

El caso continúa avanzando en la Audiencia Nacional, donde los investigadores siguen analizando la documentación y las comunicaciones incorporadas al sumario.

La controversia ha colocado nuevamente al Ministerio del Interior en el centro del debate político, en un momento especialmente sensible para el Gobierno, que afronta varias investigaciones judiciales y una creciente exigencia de explicaciones por parte de la oposición.

A la espera de nuevas resoluciones y de posibles comparecencias parlamentarias, la cuestión ya se ha convertido en uno de los asuntos políticos más relevantes de las últimas semanas.