Hay crímenes que desaparecen lentamente de la memoria pública, pero otros terminan persiguiendo a sus responsables durante años hasta que finalmente llega una sentencia. Eso ocurrió con el caso de María Elena Martínez Robles, la exalcaldesa del municipio de Amanalco, en el Estado de México, condenada a 70 años de prisión por el asesinato del exsíndico municipal Miguel Ángel Lara y de su colaborador Guillermo Jerónimo.

El caso sacudió a México no solo por la gravedad del crimen, sino por la imagen que dejó ante la opinión pública: mientras ofrecía condolencias y hablaba de dolor institucional frente a las cámaras, las investigaciones apuntaban a que ella misma habría ordenado el asesinato.

María Elena Martínez Robles llegó a la presidencia municipal de Amanalco tras ganar las elecciones de 2021 como candidata de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, poco tiempo después abandonó ese partido y se integró a Morena, asegurando públicamente que apoyaba el proyecto político del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero detrás del discurso político comenzaban a surgir tensiones internas dentro del ayuntamiento. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las diferencias políticas y el control del presupuesto municipal provocaron una ruptura entre la alcaldesa y el síndico municipal, Miguel Ángel Lara, quien tenía la función de vigilar y supervisar la administración pública local.

Todo explotó el 25 de enero de 2023. Ese día, Lara salió a cumplir una encomienda oficial acompañado de Guillermo Jerónimo. Ambos viajaban hacia una zona considerada de alta incidencia delictiva en la región sur del Estado de México. Nunca regresaron.

Horas después, los cuerpos fueron encontrados dentro del vehículo sobre la carretera Temascaltepec-Valle de Bravo. Los dos habían sido atacados con armas largas. El crimen generó conmoción inmediata dentro del municipio y en todo el estado.

Días más tarde, la entonces alcaldesa apareció públicamente ofreciendo un mensaje de condolencias. Con semblante serio, lamentó la muerte de los funcionarios y habló de la tragedia que vivía Amanalco. En ese momento nadie imaginaba que, según las investigaciones posteriores, la mujer que daba el pésame habría sido quien ordenó el doble homicidio.

La investigación avanzó silenciosamente durante meses. De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, María Elena Martínez Robles habría sostenido reuniones con integrantes de La Familia Michoacana, grupo criminal al que presuntamente recurrió para ejecutar el asesinato. El objetivo, según las autoridades, era eliminar oposición política y mantener control absoluto sobre las decisiones administrativas y financieras del ayuntamiento.

La captura ocurrió el 22 de noviembre de 2024 durante la llamada Operación Enjambre, un despliegue coordinado entre fuerzas estatales y federales para detener funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado. El operativo involucró a la Fiscalía estatal, fuerzas de seguridad, Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano.

Las autoridades señalaron que la operación buscaba desmantelar redes de corrupción y nexos entre servidores públicos y grupos criminales dentro de varios municipios del Estado de México. Durante los operativos también fueron detenidos otros funcionarios acusados de delitos como extorsión, cobro de piso y vínculos con organizaciones criminales.

Con el paso de los meses, la fiscalía logró reunir pruebas suficientes para llevar el caso ante un juez. Finalmente, el 16 de diciembre de 2025, las autoridades informaron que quedó acreditada la responsabilidad de María Elena Martínez Robles en el homicidio de Miguel Ángel Lara y Guillermo Jerónimo.

La sentencia fue contundente: 70 años de prisión. Además, el tribunal ordenó el pago de una reparación económica superior a 200 mil pesos mexicanos para cada una de las víctimas y decretó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

El caso dejó una profunda huella en la política local mexicana porque mostró cómo las disputas por el poder pueden mezclarse con estructuras criminales dentro de gobiernos municipales. También convirtió a la Operación Enjambre en uno de los mayores golpes recientes contra funcionarios acusados de colaborar con organizaciones delictivas.

Mientras en Amanalco todavía recuerdan el impacto de aquellos asesinatos ocurridos en enero de 2023, la imagen de la exalcaldesa ofreciendo condolencias frente a las cámaras continúa siendo uno de los aspectos más perturbadores del caso. Porque, según concluyeron las autoridades, detrás de aquel discurso público de duelo se ocultaba una trama de traición, poder y crimen que terminó con una condena histórica.