En medio de bloqueos, escasez de alimentos y una creciente polarización, un nuevo video difundido en redes sociales encendió todas las alarmas: un grupo de hombres armados lanzó amenazas directas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz y aseguró estar dispuesto a “defender la patria hasta las últimas consecuencias”.

El mensaje, cargado de consignas radicales y advertencias violentas, profundizó aún más el clima de incertidumbre que atraviesa el país.

El audiovisual comenzó a circular masivamente durante las últimas horas y rápidamente generó temor entre la población.

En las imágenes se observa a individuos armados, algunos con el rostro cubierto, pronunciando un discurso contra el gobierno nacional y acusando a la administración de Paz de “entregar el país” a sectores empresariales de Santa Cruz y a intereses extranjeros.

“La patria no se vende, se defiende”, afirma uno de los voceros mientras lanza amenazas explícitas contra policías, militares y supuestos grupos paramilitares.

Las frases más preocupantes del mensaje no tardaron en viralizarse.

“Diente por diente, ojo por ojo, bala por bala”, advirtieron los encapuchados, en una declaración que muchos interpretaron como una invitación abierta a la violencia armada.

El tono extremista del video generó un fuerte impacto social, especialmente porque ocurre en un contexto de crisis política que ya lleva casi un mes de enfrentamientos y protestas.

Desde el gobierno boliviano confirmaron que el material audiovisual es auténtico y señalaron que las autoridades se encuentran investigando el origen del grupo armado.

Aunque hasta el momento ninguna organización se adjudicó formalmente el mensaje, diversas versiones apuntan a que el video habría sido grabado en el trópico de Cochabamba, una región históricamente vinculada a sectores afines al expresidente Evo Morales.

El oficialismo ya había advertido días atrás sobre la aparición de grupos irregulares armados que, según sostienen, buscan alterar el orden constitucional.

Sin embargo, este nuevo episodio representa un salto cualitativo en la crisis, ya que las amenazas dejaron de ser rumores para transformarse en imágenes concretas que circulan libremente en redes sociales.

Mientras tanto, la situación en las calles continúa deteriorándose.

Bolivia acumula más de 26 días consecutivos de bloqueos en distintos puntos del país.

Solo en La Paz se registran al menos 20 cortes, mientras que a nivel nacional ya superan los 50.

Las rutas bloqueadas impiden el traslado normal de mercaderías, combustibles y medicamentos, provocando una crisis de abastecimiento que golpea especialmente a las familias más vulnerables.

En los mercados paceños, los precios de numerosos productos básicos se duplicaron e incluso triplicaron debido a la escasez.

Comerciantes y consumidores denuncian faltantes de carne, pollo, lácteos, remedios y artículos esenciales.

Una de las imágenes que más indignación generó en las últimas horas fue la de cientos de toneladas de carne detenidas en las rutas, sin poder ingresar a las principales ciudades del país.

La situación también afecta gravemente al sistema sanitario.

Hospitales y centros médicos enfrentan dificultades para conseguir medicamentos e insumos fundamentales, mientras las autoridades intentan sostener el abastecimiento mediante operativos de emergencia.

El cierre intermitente del aeropuerto de La Paz complicó todavía más la llegada de suministros y aumentó la sensación de aislamiento en la capital boliviana.

En paralelo, el enfrentamiento político entre el presidente Rodrigo Paz y Evo Morales sigue escalando.

Morales insiste en reclamar elecciones anticipadas y acusa al gobierno de profundizar la represión.

El exmandatario sostiene que Bolivia atraviesa una crisis institucional irreversible y considera que el presidente debería abandonar el poder o convocar a nuevos comicios en un plazo máximo de 90 días.

Rodrigo Paz, por su parte, rechaza tajantemente esa posibilidad y asegura que no piensa renunciar.

En recientes declaraciones televisivas, afirmó que no le dará “el gusto” a Evo Morales de provocar muertos en las calles mediante una represión masiva.

Sin embargo, sus opositores cuestionan el discurso oficial y denuncian un avance cada vez mayor de las fuerzas de seguridad sobre las protestas sociales.

La tensión aumentó aún más debido a un debate legislativo impulsado por el oficialismo para modificar normas relacionadas con el estado de excepción.

La propuesta busca eliminar ciertas restricciones legales que actualmente limitan la capacidad del Ejecutivo para aplicar medidas extraordinarias en situaciones de crisis.

De aprobarse, el gobierno podría ampliar las facultades de las fuerzas armadas y suspender algunas garantías constitucionales.

Los sectores opositores consideran que esta iniciativa representa un peligro para la democracia y denuncian un intento de militarización del conflicto.

En las últimas jornadas ya se registraron enfrentamientos directos entre manifestantes y policías en distintos puntos del país.

Incluso, recientemente murió un joven de 24 años durante un operativo para desbloquear una carretera, hecho que provocó una fuerte controversia sobre el origen del disparo mortal.

En este escenario extremadamente delicado, crece el temor a que Bolivia ingrese en una etapa aún más violenta.

Analistas políticos y organizaciones sociales advierten que el discurso radicalizado de ambos bandos, combinado con la circulación de grupos armados y la crisis económica, podría derivar en enfrentamientos civiles de gran magnitud.

La población vive atrapada entre la incertidumbre, la falta de productos básicos y el miedo a una escalada represiva.

Mientras las negociaciones políticas parecen estancadas y las posiciones se endurecen, Bolivia enfrenta uno de los momentos más tensos y peligrosos de los últimos años.