Una denuncia ciudadana en redes sociales reveló un presunto esquema de compra de votos mediante la oferta de tatuajes gratuitos sin licencias sanitarias ni protocolos de bioseguridad en el norte de Bogotá para beneficiar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Un fuerte revuelo político y social se ha desatado en Colombia tras la difusión de graves denuncias que salpican directamente la campaña presidencial del abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella.

Los cuestionamientos, que abarcan desde presuntas maniobras ilegales de captación de sufragios en Bogotá hasta alianzas con polémicos sectores de las tierras en el departamento de Córdoba, han puesto bajo la lupa de la opinión pública y de las autoridades judiciales el comportamiento ético y financiero de dicha estructura política, debilitando la narrativa del candidato como un exitoso gestor empresarial.

La primera de las alertas proviene de una denuncia ciudadana realizada a través de las redes sociales por una mujer dedicada al arte del tatuaje en la capital de la república.

La denunciante advirtió sobre una situación que calificó como una descarada compra de votos a plena luz del día en un concurrido sector del norte de Bogotá, específicamente sobre la calle 85.

De acuerdo con su testimonio visual y relatorio, en plena vía pública se instaló una estructura informal o chaza donde tres personas se dedican a realizar tatuajes gratuitos a los transeúntes bajo la condición expresa de apoyar con su voto la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

La profesional del tatuaje expresó su profunda indignación al señalar que este procedimiento no solo representa un acto de corrupción electoral, sino también un gravísimo riesgo para la salud pública.

En el lugar no se evidencia la presencia de delegados del Ministerio de Salud ni de la Secretaría de Salud, no se cuenta con un lavamanos visible, carece de cubículos que garanticen el aislamiento y se desconoce por completo si las agujas, tintas y demás insumos poseen el respectivo registro sanitario del Invima.

Adicionalmente, se criticó que esta actividad constituye una competencia desleal frente a los estudios de tatuaje legalmente constituidos en la zona que pagan impuestos y cumplen estrictos protocolos de bioseguridad, considerando que la tarifa mínima de un tatuaje en Bogotá oscila entre los 300.000 y 350.000 pesos colombianos.

El hecho ha suscitado llamados urgentes a las autoridades para que investiguen la procedencia de los fondos que financian estos costosos servicios gratuitos orientados a incidir de manera irregular en la voluntad de los electores.

De forma simultánea, la tensión política se trasladó al departamento de Córdoba, una de las regiones más afectadas históricamente por el conflicto armado y el despojo de tierras.

El propio presidente de la república, Gustavo Petro, formuló una solicitud pública a la Fiscalía General de la Nación para que inicie una investigación penal exhaustiva en contra del exalcalde Félix Gutiérrez.

Este líder político local, quien ha manifestado públicamente su respaldo y adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella mediante vallas publicitarias visibles incluso frente a un reconocido centro comercial en Montería, fue captado en un video anunciando que, ante un eventual gobierno del candidato derechista, él asumiría personalmente el control de las tierras de las subregiones del San Jorge y el Alto Sinú, prometiendo frenar los procesos actuales de reforma agraria y redistribuir predios que hoy se encuentran bajo disputas por invasión.

La alerta gubernamental radica en que, según los antecedentes judiciales citados y las declaraciones entregadas en su momento ante la justicia por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, Félix Gutiérrez ha sido señalado de presuntos vínculos con estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban entre Buenavista y Planeta Rica, relacionándolo de manera directa con la autoría de la masacre de Mejor Esquina, donde 28 campesinos fueron ejecutados bajo señalamientos falsos de pertenecer a la guerrilla del EPL.

El mandatario nacional y exdirectores de la Agencia Nacional de Tierras advirtieron que los sectores dedicados al despojo de tierras ya han elegido a su candidato con el fin de revertir la entrega de parcelas al campesinado vulnerable.

Las denuncias en el plano político regional también fueron respaldadas por el abogado Miguel Ángel del Río, quien denunció que en municipios como Chinú se están utilizando de manera ilegal los canales institucionales de comunicación y los grupos oficiales de la alcaldía para realizar proselitismo político en favor de De la Espriella, contando presuntamente con el visto bueno del mandatario local vinculado a la casa política del gobernador Erasmo Zuleta.

A este panorama de cuestionamientos electorales y de orden público se suma un detallado informe sobre las finanzas personales y comerciales del candidato.

A pesar de que la campaña promueve la imagen de Abelardo de la Espriella como un próspero y exitoso hombre de negocios, los balances contables oficiales de sus emprendimientos más visibles muestran una realidad financiera sumamente crítica.

Los estados financieros de la firma Dominio de la Espriella, encargada de la producción y comercialización de su marca de licores y rones finos, registraron pérdidas netas por valor de 503 millones de pesos colombianos al cierre contable del 31 de diciembre del año 2025.

Con este último reporte, la empresa acumula un déficit financiero histórico que supera los 3.884 millones de pesos en pérdidas desde el inicio de sus operaciones en el año 2021.

Asimismo, se reveló que la incursión de su marca de licores en el exigente mercado de los Estados Unidos fracasó rotundamente, obligando al cierre de las operaciones comerciales en dicho país a pesar de haber recibido previamente una inyección de capital superior al millón de dólares por parte de firmas de inversión radicadas en Panamá bajo figuras de presuntos testaferros, en las que también figuraban nombres vinculados a familias de personas condenadas por promover el paramilitarismo.

Este colapso comercial coincidió con la clausura definitiva de su lujoso restaurante Místico, ubicado en el exclusivo sector de Coral Gables en Miami, un establecimiento que servía como principal vitrina publicitaria para sus licores y del cual eran socios el cantante de música vallenata Silvestre Dangond y Héctor Amaris, un cuestionado personaje del entorno político del Caribe colombiano.

Finalmente, el debate público ha desempolvado antiguas investigaciones periodísticas y judiciales sobre el origen de los recursos que permitieron la consolidación de la fortuna de De la Espriella.

Se trajo a colación un análisis detallado sobre los millonarios honorarios en efectivo que su firma de abogados recibió en el año 2008 por asumir durante un breve periodo de dos meses la defensa técnica de David Murcia Guzmán, el cerebro de la gigantesca captadora ilegal de dinero DMG.

De acuerdo con las auditorías contables entregadas a las autoridades judiciales, la firma del hoy candidato presidencial percibió la suma exacta de 15.582 millones de pesos colombianos transportados y entregados totalmente en efectivo.

Aunque el abogado argumentó en su momento que renunció al caso tras descubrir que las operaciones de la captadora no eran lícitas, los reportes de la revisoría fiscal confirmaron que de esos recursos el jurista tomó directamente 810 millones de pesos, utilizando una parte considerable para la adquisición inmediata de un costoso apartamento en el norte de Bogotá.

La controversia revivió tras las declaraciones ofrecidas desde prisión por el propio David Murcia Guzmán, quien sostiene que la cifra real de dinero que quedó en manos del abogado fue sustancialmente mayor a la reportada en los canales oficiales de la contabilidad.

Toda esta acumulación de revelaciones contables, alianzas políticas controvertidas en las regiones y presuntas irregularidades en la captación de votantes urbanos ha configurada una severa crisis de credibilidad en torno a las propuestas y la coherencia ética de la campaña del avelardismo.