La candidata Keiko Fujimori consolida una ventaja decisiva en el tramo final del escrutinio gracias a los votos provenientes del extranjero

El escenario político peruano ingresa a una fase de alta tensión tras la difusión de proyecciones que otorgan una ventaja irreversible a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el cómputo final de los votos presidenciales.

El analista político y comunicador Lizandro Bonilla advirtió sobre la existencia de una estrategia coordinada por parte de la coalición izquierdista Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez, orientada a cuestionar la legitimidad del proceso electoral mediante la convocatoria a movilizaciones sociales en diversas regiones del país.

Según Bonilla, estas acciones forman parte de un diseño de presión política que busca forzar la declinación de Fujimori antes de la fecha constitucional de toma de mando, fijada para el 28 de julio.

La denuncia coincide con la presentación pública de solicitudes de nulidad para más de mil setecientas actas electorales en la provincia de Lima y seiscientas actas procedentes del extranjero, especialmente de los Estados Unidos, recursos legales que la oposición califica como herramientas meramente discursivas destinadas a alimentar una narrativa de fraude institucional, debido al elevado costo económico que implicaría su tramitación formal ante el Jurado Nacional de Elecciones.

La actual controversia pone de manifiesto la volatilidad del panorama postelectoral, caracterizado por una diferencia mínima que los expertos estiman entre cuarenta mil y sesenta mil votos totales.

En este contexto, voceros del sector oficialista y de la oposición han señalado la incorporación de sectores radicales vinculados al Movadef y a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) dentro de las plataformas de convocatoria en regiones del sur como Puno, Cusco e Ilave.

El exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo, general Vicente Álvarez, ratificó que las convocatorias en redes sociales responden a una táctica de deslegitimación institucional que utiliza denominaciones de protesta pacífica para encubrir acciones de bloqueo de infraestructura, como el registrado recientemente en el puente internacional de Ilave.

Las críticas se extienden asimismo hacia figuras de la izquierda moderada y antiguos miembros del equipo técnico de Juntos por el Perú, como Hernando Cevallos, a quienes se les atribuye una responsabilidad directa en las consecuencias civiles y jurídicas de las manifestaciones, mientras que otros aliados de la campaña, como el exministro Jorge Nieto Montesinos, han marcado distancia pública frente a los sectores vinculados al radicalismo magisterial.

Por otro lado, la evaluación del rol del Poder Ejecutivo durante esta crisis electoral añade un elemento de incertidumbre debido a la postura pasiva adoptada por el presidente de la República, José María Balcázar.

Bonilla calificó la gestión presidencial como una figura decorativa carente de iniciativa política para contener la convulsión social, proyectando que la falta de respaldo ministerial agravará la desprotección de las fuerzas policiales encargadas del orden público en la capital.

Frente a este panorama, la recomendación estratégica para Fuerza Popular radica en mantener una posición de prudencia política, evitando asumir los pasivos gubernamentales de la actual administración hasta que el Jurado Nacional de Elecciones emita la proclamación oficial correspondiente.

Mientras tanto, el bloque de izquierda consolidó alianzas con figuras mediáticas como Ricardo Belmont para masificar las denuncias de irregularidades en el sistema de votación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, un factor que, según los analistas, busca exacerbar el descontento popular y trasladar la disputa electoral desde los canales legales hacia una movilización permanente en las calles de Lima.