Un grupo de eurodiputados solicitó formalmente a la Comisión Europea un rechazo contundente contra las declaraciones de Donald Trump en apoyo al candidato Abelardo de la Espriella por considerarlas una intromisión directa en la soberanía de Colombia

El escenario político en Colombia ha registrado una profunda escalada de tensiones internacionales tras conocerse un fuerte respaldo institucional proveniente de diversos sectores del Parlamento Europeo hacia el presidente de la República, Gustavo Petro.

Un grupo de eurodiputados dirigió una carta formal a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la jefatura de la diplomacia del continente, con el objetivo de exigir un rechazo contundente ante lo que consideran una intromisión directa de los Estados Unidos en los asuntos internos y el proceso democrático del país suramericano.

Esta reacción multilateral se originó luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump manifestara públicamente su apoyo irrestricto a la candidatura presidencial del abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella, tildando al sector gobernante actual como una propuesta de izquierda marxista radical y advirtiendo que el desenlace de la contienda electoral determinará de forma crítica el futuro de las relaciones binacionales entre Washington y Bogotá.

Para los firmantes de la misiva en Bruselas, estas expresiones vulneran de manera grave los principios universales de autodeterminación de los pueblos, la no injerencia externa y la soberanía nacional, pilares fundamentales del derecho internacional que rigen el pluralismo dentro de las competencias democráticas libres de coacciones foráneas.

La controversia ha adquirido una dimensión jurídica e institucional debido a las recientes acciones realizadas por Abelardo de la Espriella en territorio estadounidense.

El candidato presidencial de la oposición confirmó públicamente haber acudido ante instancias gubernamentales y judiciales de los Estados Unidos para interponer denuncias formales sobre supuestas prácticas de narcopolítica en el territorio colombiano, señalando de forma directa al senador Iván Cepeda de mantener alianzas con estructuras criminales para la obtención de votaciones atípicas en departamentos históricamente golpeados por el conflicto como el Cauca, Chocó y Nariño.

Esta estrategia de someter los conflictos políticos locales a la jurisdicción de un país extranjero desató duras críticas por parte del oficialismo, que interpreta este proceder como un menoscabo directo a la legitimidad y autonomía del poder judicial colombiano y de la Constitución Nacional.

Sectores de la prensa independiente y diversos analistas recordaron que el propio De la Espriella posee triple ciudadanía y que, de acuerdo con los registros históricos, ha sido un financista activo de causas políticas en el extranjero, realizando importantes aportes económicos a las campañas del Partido Republicano y a figuras legislativas como Rick Scott y María Elvira Salazar, lo que ha alimentado los cuestionamientos sobre su lealtad hacia las instituciones del Estado que aspira a gobernar.

Adicionalmente, el debate electoral se ha trasladado al análisis de la geografía electoral y la presencia de actores armados en las regiones colombianas.

Periodistas de investigación y sectores afines al gobierno han contrastado las denuncias internacionales de la oposición con los resultados de los comicios legislativos anteriores, evidenciando que De la Espriella obtuvo sus mayores caudillos electorales en zonas con alta complejidad de orden público.

En el departamento de Norte de Santander, el candidato opositor alcanzó el 71% de los sufragios, sumando más de ciento cincuenta mil votos que consolidaron su ventaja sobre Iván Cepeda.

Diversos observadores señalan que la mayoría de los municipios calificados con un alto riesgo de interferencia por parte de organizaciones al margen de la ley —tales como el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y grupos herederos del paramilitarismo en la Sierra Nevada y la región del Catatumbo— registraron amplias mayorías en favor de los sectores de extrema derecha, una situación que, según los portavoces gubernamentales, no fue denunciada por la oposición ante las agencias federales estadounidenses debido a la selectividad de su discurso político sobre el orden público.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro protagonizó un fuerte cruce de declaraciones con De la Espriella en el marco de sus respectivas agendas en los Estados Unidos.

Durante una visita oficial del mandatario colombiano a la ciudad de Nueva York, destinada a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se generaron roces diplomáticos debido a presuntas restricciones de seguridad que afectaron la agenda presidencial y limitaron la realización de encuentros con autoridades locales como el alcalde neoyorquino y la postergación de una conferencia académica en la ciudad de Boston.

Ante esta coyuntura, Petro reafirmó la vigencia del bloque de constitucionalidad y de las libertades individuales que protegen a los jefes de Estado en misiones multilaterales.

Mediante pronunciamientos públicos y un artículo de opinión divulgado en la prensa de Washington, el gobernante defendió su gestión en materia de seguridad, destacando la incautación de cargamentos ilícitos en volúmenes superiores a los últimos tres gobiernos precedentes y la reducción satelital de los cultivos de hoja de coca a través del programa de sustitución voluntaria que involucra a más de treinta y un mil familias campesinas, descalificando las acusaciones de su contendor al recordar los antecedentes de este último como defensor judicial de figuras vinculadas a mafias financieras internacionales y al entramado económico de la crisis en Venezuela.

La confrontación programática entre ambos sectores también abarca visiones diametralmente opuestas sobre el modelo socioeconómico del país.

El presidente Petro fustigó las propuestas de la extrema derecha que plantean reformas laborales basadas en la contratación por horas, la eliminación del salario mínimo vital y la reducción de setecientos mil empleos del sector público, argumentando que tales medidas destruirían el mercado interno y llevarían al colapso del capitalismo nacional al pauperizar la mano de obra.

Asimismo, criticó las iniciativas orientadas a la implementación de técnicas de fracturación hidráulica para la explotación petrolera, advirtiendo sobre el daño irreversible a las reservas hídricas del país en un contexto global de transición energética.

Para el actual gobierno, el intento de la oposición de utilizar el aparato político y judicial de los Estados Unidos para perseguir y estigmatizar al movimiento progresista bajo el argumento de la seguridad nacional constituye una afrenta directa a la historia democrática del país, reafirmando que la legitimidad del mando presidencial debe emanar única y exclusivamente de la voluntad soberana del pueblo colombiano expresada en las urnas del territorio nacional.