Fuerza Popular descalificó los recursos de nulidad interpuestos por Juntos por el Perú contra 2300 actas electorales tras demostrar que la izquierda incluyó mesas de votación donde su propio candidato resultó ganador y que cuentan con las firmas de conformidad de sus personeros

El escenario político peruano ha ingresado a una fase de definiciones estrictamente técnicas y legales tras el cierre del procesamiento de las actas a nivel nacional e internacional por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

En una detallada exposición de los hechos, el jefe nacional de personeros de Fuerza Popular, Luis Dayer, desestimó de manera categórica las recientes acciones judiciales interpuestas por el partido Juntos por el Perú, agrupación que lidera Roberto Sánchez, las cuales buscan la nulidad de un bloque consolidado de 2300 actas bajo el argumento de presuntas regularidades numéricas y supuestos acuerdos ilícitos entre los miembros de mesa en las delegaciones del extranjero.

De acuerdo con el desglose técnico presentado por la representación de Fuerza Popular, los recursos interpuestos por la izquierda carecen de un sustento probatorio idóneo y exhiben severas contradicciones metodológicas que restan total viabilidad jurídica a los reclamos.

Dayer precisó que el pedido de nulidad global se divide en dos expedientes específicos: el primero abarca 1700 actas distribuidas en diversas regiones del territorio peruano, mientras que el segundo expediente pretende la anulación de 600 actas correspondientes a los centros de votación habilitados en el exterior, focalizándose principalmente en los consulados de los Estados Unidos.

Para que estos recursos sean admitidos a trámite por los Jurados Electorales Especiales, Juntos por el Perú debe realizar previamente el abono obligatorio de las tasas administrativas de ley, cuyo costo aproximado asciende a 1300 soles por cada acta impugnada, lo que representa un desembolso conjunto superior a los tres millones de soles.

La debilidad de la argumentación de Juntos por el Perú quedó expuesta al revisarse los ejemplos concretos que la misma izquierda incorporó en su documentación pública.

En el caso específico de la región Áncash, los asesores de Roberto Sánchez señalaron como “altamente sospechosa” la repetición del patrón numérico de 103 votos a favor de Fuerza Popular en múltiples mesas de votación.

Sin embargo, al realizar la compulsa de las actas originales, se demostró que en dichas mesas el candidato de la izquierda obtuvo votaciones superiores de 109, 113 y 119 votos, lo que significa que están pretendiendo anular actas donde Juntos por el Perú resultó ganador.

Una situación idéntica se registró en la región Amazonas, donde impugnaron cuatro actas en las que el fujimorismo obtuvo 60 votos, obviando que en esas mismas mesas la izquierda obtuvo 65, 66 y 55 votos, contando además con la firma de conformidad y el número de documento de identidad de los tres miembros de mesa sorteados y de los propios personeros de izquierda.

Desde un enfoque estrictamente estadístico y probabilístico, la repetición de cifras idénticas en un universo de 92 746 mesas de votación distribuidas en todo el país no constituye una anomalía, sino una certeza matemática elemental.

La auditoría interna de Fuerza Popular reveló que Juntos por el Perú registra exactamente 1041 mesas en todo el país donde obtuvo la cifra de 103 votos, y un total de 659 actas donde se repite el número de 60 votos a su favor.

Estos datos sepultan la hipótesis del fraude y ratifican la transparencia de la jornada, la cual estuvo custodiada en el terreno por un despliegue sin precedentes de más de 150 000 personeros de ambas agrupaciones políticas, de los cuales 90 000 correspondían al fujimorismo y 60 000 a la coalición de izquierda.

En lo que respecta al balance definitivo de los votos en el exterior, las cifras oficiales consolidadas en la plataforma de la ONPE confirman una participación válida de 290 000 electores peruanos en la diáspora, experimentando un ausentismo técnico cercano al 10% en comparación con la primera vuelta.

Dentro de este bolsón electoral internacional, Keiko Fujimori consolidó una ventaja matemática decisiva al capturar entre el 62% y el 63% de la votación total emitida en los consulados.

De las actas del extranjero, únicamente 140 documentos pasaron a la condición de observadas debido a errores materiales, una cifra que representa el 8% del total exterior y que se integra al paquete global de 1611 actas observadas que actualmente se encuentran en manos de los 60 Jurados Electorales Especiales del país.

La resolución de estas 1611 actas en controversia determinará el resultado final de la elección presidencial en un proceso que los técnicos estiman tardará un promedio de dos semanas.

Luis Dayer detalló que una tercera parte de estas observaciones obedece de forma exclusiva a errores aritméticos cometidos por los ciudadanos durante el llenado de los cuadros de sumas, lo cual se subsana mediante un reconteo público presencial y televisado.

Otra tercera parte corresponde a impugnaciones individuales de un solo voto por mesa, cuyas cédulas originales permanecen lacradas en bolsas especiales para la evaluación exclusiva del magistrado electoral, garantizando que el resto de los votos válidos de la mesa se contabilicen de manera automática.

Con el respaldo de misiones de observación internacional de la Unión Europea y la OEA, Fuerza Popular prevé que los resultados definitivos e irreversibles estarán listos entre el cierre de junio y la primera semana de julio.