Elementos de la Guardia Nacional detuvieron en el norte de la Ciudad de México a Diana Alejandra Palafox Romero, quien operaba la clínica estética clandestina “Detox” en la colonia Roma Norte sin contar con cédula profesional ni permisos sanitarios correspondientes

La tarde del sábado 23 de mayo de 2026, la aparente tranquilidad de una zona residencial del norte de la Ciudad de México se rompió con el despliegue táctico de la Guardia Nacional.

Coordinados desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los agentes federales cercaron un inmueble que no figuraba a nombre de su objetivo, pero que la inteligencia digital ya había marcado en el mapa.

Dentro de la vivienda, una mujer intentaba asimilar que su tiempo en la clandestinidad se había agotado.

Lucía una peluca oscura, lentes de armazón grueso y ropa holgada que distaba mucho de la imagen glamorosa que solía proyectar en las plataformas digitales.

Al verse acorralada, la sospechosa mostró una credencial de elector con un nombre ajeno y afirmó con nerviosismo que todo se trataba de un error, argumentando que no era la persona que las autoridades buscaban y que había sido víctima de una confusión.

Sin embargo, los sistemas biométricos no dudaron, confirmando con más del 99% de certeza que la mujer disfrazada era Diana Alejandra Palafox Romero.

La captura cerró el primer capítulo de una búsqueda que inició el pasado 9 de mayo, tras el deceso de Blanca Adriana Ortega López.

La víctima acudió ese viernes a la clínica clandestina Detox, ubicada en la colonia Roma Norte, para someterse a un aumento de glúteos con ácido hialurónico por un costo de 12,000 pesos.

Durante el procedimiento, la paciente comenzó a manifestar asfixia y un dolor agudo en el pecho, síntomas inequívocos de una embolia grasa.

En lugar de activar los servicios médicos de urgencia, Palafox Romero intentó contener la crisis con maniobras improvisadas mientras su hijo, Carlos Quesada Palafox, y otra asistente observaban sin capacidad de reacción.

Cuando la ambulancia llegó finalmente, el estado de la paciente era irreversible y falleció esa misma noche en el hospital.

El reporte forense posterior activó las alarmas de la Fiscalía General de Justicia, revelando que el establecimiento operaba bajo un contrato de arrendamiento exclusivo para casa habitación, careciendo de licencias municipales o de la certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Tras la detención de la falsa especialista, los peritos informáticos comenzaron a procesar los dispositivos móviles incautados en el refugio, cruzando los datos con los expedientes digitales decomisados en el primer cateo a la clínica.

Lo que los investigadores descubrieron en las horas siguientes transformó un caso de negligencia aislada en la documentación de una sistemática operación delictiva.

Diana Alejandra Palafox Romero nunca cursó estudios en medicina, enfermería ni ninguna disciplina de las ciencias de la salud; su estructura comercial se basaba en el uso de cédulas profesionales apócrifas y fotografías manipuladas para captar clientes en redes sociales mediante ofertas notablemente inferiores a los costos del mercado regulado.

Los archivos telefónicos desenterraron una cadena de complicaciones médicas graves que la imputada lograba mantener fuera del radar de las autoridades sanitarias mediante la manipulación psicológica y los acuerdos económicos.

En un intercambio de mensajes de noviembre de 2024, Palafox Romero negociaba frenéticamente con los familiares de una joven que terminó hospitalizada por una infección generalizada tras una hidrolipoclasia ultrasónica.

En las conversaciones se leía la oferta directa de pagar los gastos hospitalarios a cambio de que la familia no presentara denuncia formal y no mencionara el nombre de Detox clínica en los registros médicos del hospital.

El pacto se selló, la mujer sobrevivió, pero quedó con secuelas físicas permanentes que los médicos del sector público nunca pudieron vincular a un procedimiento estético específico.

La impunidad continuó expandiéndose en los meses siguientes.

Un segundo expediente digital, fechado en marzo de 2025, expuso la cruda discusión con una paciente que desarrolló una avanzada necrosis tisular en el rostro tras la aplicación de un relleno facial.

Ante los reclamos por la deformidad y la infección, la detenida insistía firmemente en que la necrosis era una reacción alérgica impredecible y que no había manera de haberla anticipado.

Cuando la afectada exigió ser canalizada con un especialista calificado, Palafox Romero recurrió a las amenazas veladas, respondiendo tajantemente que cualquier médico que revisara el caso la obligaría a denunciar la procedencia del procedimiento y que eso traería problemas legales para ambas.

La estrategia de disuasión culminó con la promesa de un tratamiento correctivo gratuito en las mismas instalaciones clandestinas, dejando registros fotográficos que hoy forman parte de la evidencia criminal.

Apenas dos semanas antes de la tragedia de Blanca Adriana, el teléfono de la impostora registró un último antecedente alarmante.

Una cliente reportó por mensajes de texto fiebre alta y un dolor insoportable tras un tratamiento corporal.

La instrucción de la supuesta médica fue evasiva, indicándole tomar antibióticos que ella misma le proporcionaría y aplicar compresas frías en la zona afectada.

Al ser cuestionada explícitamente por la paciente sobre si debía acudir al hospital, Palafox Romero contestó con total frialdad que no era necesario y que la fiebre era parte del proceso de recuperación normal.

El rastro de esa mujer se perdió en los archivos del dispositivo, y la policía judicial trabaja contrarreloj para localizarla y verificar su estado de salud.

Actualmente, la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abiertas las carpetas de investigación por homicidio culposo y usurpación de profesión, con la previsión de sumar al menos cinco cargos adicionales por lesiones graves a medida que las víctimas supervivientes completen sus declaraciones formales.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad federales mantienen activa la orden de aprehensión contra Carlos Quesada Palafox, cuyo teléfono celular sirvió para rastrear el escondite de su madre antes de que la señal del dispositivo fuera cortada de forma definitiva el sábado por la tarde.

Junto a él, las corporaciones policiacas buscan a la tercera implicada, una mujer que se hacía pasar por enfermera y preparaba las soluciones químicas que posteriormente eran inyectadas a las víctimas.

La caída de la fachada de la clínica Detox expone la vulnerabilidad del sistema de verificación sanitaria frente a los negocios que se amparan en la privacidad de los hogares para operar al margen de la ley.