El senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río lideran la ofensiva jurídica contra Abelardo de la Espriella tras las alertas emitidas por el presidente Gustavo Petro desde Córdoba.

BOGOTÁ. – La crispación política en Colombia ha alcanzado su punto álgido a las puertas de la segunda vuelta electoral. El bloque oficialista y los sectores progresistas han lanzado una ofensiva jurídica y mediática de gran calado contra la campaña del candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, acusándolo de presuntas irregularidades financieras, guerra sucia digital y una supuesta operación transnacional de compra de sufragios valorada en 20 millones de dólares.

El senador Iván Cepeda, una de las figuras más visibles de la coalición de gobierno, confirmó que el penalista y defensor de derechos humanos, Dr. Miguel Ángel del Río, asumirá la recopilación de material probatorio para interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Las alarmas se encendieron inicialmente tras los discursos del mandatario Gustavo Petro en el departamento de Córdoba, donde denunció públicamente la interferencia de capitales extranjeros en el proceso electoral.

Durante una intervención pública, el jefe de Estado colombiano utilizó un tono severo para advertir sobre los riesgos que, según la inteligencia de su administración, asedian a la democracia del país:

“Ni con 20 millones de dólares de los Estados Unidos para comprar votos nos impondrán mequetrefes de Miami defensores de narcoterroristas. Aquí no manden espectros de la muerte a gobernar con criminales de esa humanidad”, aseveró el presidente Petro.

Posteriormente, a través de sus canales oficiales, el mandatario vinculó el origen de estos fondos con redes internacionales complejas, mencionando explícitamente al primer ministro israelí y a sectores políticos norteamericanos: “Está comprobado por grabaciones verificadas por información forense: el dinero de Netanyahu, el genocida de Gaza, con ayuda de autoridades de Estados Unidos, sus aliados y de narcos, fluye ahora a Colombia para comprar votos”.

Según los portavoces del progresismo, el foco de la presunta manipulación electoral se concentra en la región Caribe, un bastión histórico del oficialismo donde Cepeda obtuvo amplias mayorías (alcanzando el 55% en Córdoba) durante la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

Ante los reportes de movimientos inusuales de dinero en efectivo, el abogado Miguel Ángel del Río se desplazó con carácter de urgencia a la ciudad de Barranquilla (Atlántico) para coordinar las investigaciones forenses y judiciales sobre el terreno.

Principales puntos de la denuncia oficialista:

Topes de campaña: Presunto flujo de capitales no reportados en los libros contables oficiales de la campaña de De la Espriella.

Guerra sucia digital: Uso masivo de “bodegas” en redes sociales y sofisticados sistemas de Inteligencia Artificial para clonar la voz de líderes progresistas y difundir desinformación.

Financiación exterior: Supuestos vínculos con el entramado de injerencia política conocido en círculos alternativos como “Honduras Gate”, que involucraría a figuras de la derecha latinoamericana y del Partido Republicano estadounidense, como el senador Marco Rubio.

Más allá de los tribunales, la batalla también se libra en el escenario de la pedagogía electoral. Iván Cepeda instó públicamente a Abelardo de la Espriella a designar delegados compromisarios para pactar las “garantías mínimas” de un debate presidencial televisado.

Desde el oficialismo se criticó la negativa del candidato opositor a someterse a un reglamento consensuado, señalando que De la Espriella pretendía realizar el encuentro exclusivamente bajo los términos del medio de comunicación Revista Semana. Con el fin de destrabar la situación, la campaña del pacto gubernamental ha solicitado formalmente a las gerencias de Caracol Televisión, RCN Televisión y el sistema público RTVC que actúen de manera conjunta como anfitriones neutrales del encuentro en los próximos días.

Hasta el momento de la publicación de esta reseña, la campaña de Abelardo de la Espriella ha desestimado las acusaciones, catalogándolas como una estrategia de difamación impulsada por el oficialismo ante el temor de un vuelco electoral. Sin embargo, la judicialización del proceso promete mantener en vilo al electorado colombiano hasta el cierre definitivo de las urnas.