La confesión de alias “El Viejo” sobre la autoría intelectual de la Segunda Marquetalia en el crimen contra Miguel Uribe Turbay desata un intenso choque jurídico y político entre el expresidente Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda

El panorama político colombiano se encuentra en un punto de máxima ebullición tras las recientes revelaciones y cruces de acusaciones relacionados con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

Los eventos han desencadenado una confrontación directa entre figuras de la extrema derecha, representadas principalmente por el Centro Democrático, y sectores de la izquierda liderados por el senador Iván Cepeda.

En el centro de esta disputa se halla la confesión de alias “El Viejo”, recientemente condenado, quien señaló ante la Fiscalía General de la Nación que la orden de asesinar al congresista provino de alias “El Sarco”, un cabecilla de la organización armada conocida como la Segunda Marquetalia.

Esta declaración ha servido como catalizador para que el uribismo despliegue una narrativa que vincula directamente a Iván Cepeda con el crimen, bajo el argumento de su supuesta cercanía con las disidencias de las FARC en el marco de sus labores como facilitador de paz.

Sin embargo, esta estrategia de señalamientos ha sido duramente cuestionada al revelarse información que sugiere que el Centro Democrático ya tenía conocimiento previo sobre la autoría intelectual del atentado.

Una carta enviada hace semanas por José Félix Lafaurie a las directivas del partido indica que el nombre de alias “El Sarco” ya figuraba en informes de inteligencia desde el gobierno de Iván Duque.

Según Lafaurie, este mismo individuo habría ofrecido mil millones de pesos para atentar contra la senadora María Fernanda Cabal o su familia, una situación que, según él, el partido manejó con un silencio hermético.

Esta contradicción plantea interrogantes sobre por qué la colectividad se muestra sorprendida ante los hallazgos judiciales actuales, cuando los datos sobre la peligrosidad y las intenciones de “El Sarco” ya eran conocidos internamente, sugiriendo un posible uso político de la tragedia para deslegitimar a los opositores del gobierno actual.

Por su parte, el senador Iván Cepeda ha reaccionado de manera contundente, anunciando medidas legales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por calumnia e instigación al odio.

Cepeda sostiene que las acusaciones que lo vinculan con la Segunda Marquetalia y con la logística del asesinato carecen de cualquier sustento probatorio y forman parte de una “campaña sucia”.

El congresista ha instado formalmente a Uribe a presentar ante la justicia cualquier evidencia que respalde sus afirmaciones, enfatizando que en un Estado social de derecho las imputaciones de tal gravedad no pueden quedar en el terreno de la insinuación mediática.

La defensa de Cepeda subraya que su labor siempre ha estado orientada hacia la resolución pacífica de conflictos y que la manipulación de fotografías tomadas en contextos oficiales de diálogo, como las de La Habana, busca confundir a la opinión pública al descontextualizar su rol como negociador de paz.

En este escenario de acusaciones cruzadas, también han surgido voces que señalan tensiones internas dentro del propio Centro Democrático durante la época en que se cometió el crimen.

Miguel Uribe Londoño ha mencionado que el senador asesinado enfrentaba un fuerte hostigamiento por parte de sus propias compañeras de partido en medio de la contienda por la candidatura presidencial.

Estas versiones sugieren que Uribe Turbay fue presionado para realizar actos de campaña en condiciones de vulnerabilidad, sin los esquemas de seguridad adecuados, a pesar de los riesgos conocidos en las zonas que visitaba.

Adicionalmente, se ha puesto bajo la lupa el papel del ELN en este complejo mapa criminal, dado que alias “El Sarco” habría sido asesinado posteriormente por este grupo guerrillero, lo que levanta sospechas sobre las alianzas y traiciones entre organizaciones ilegales y la posible infiltración de intereses oscuros que buscaban eliminar políticamente a figuras clave.

La polarización se ha extendido a las redes sociales y a los medios de comunicación, donde periodistas y políticos de diversas orillas han amplificado la narrativa de que el proyecto de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro es el responsable político del fortalecimiento de los grupos que ordenaron el magnicidio.

Figuras como Paloma Valencia y Vicky Dávila han insistido en la responsabilidad de Cepeda por haber defendido, según ellas, procesos que evitaron la extradición de líderes guerrilleros, permitiendo que se reorganizaran en la Segunda Marquetalia.

No obstante, los defensores de los procesos de paz argumentan que fue precisamente durante el gobierno anterior cuando estas disidencias se expandieron significativamente en número de hombres y control territorial debido al incumplimiento de los acuerdos.

En última instancia, la justicia colombiana enfrenta el desafío de esclarecer no solo la ejecución material del asesinato de Miguel Uribe, sino también de determinar si existió una manipulación deliberada de la información para influir en el clima electoral y destruir la reputación de líderes políticos mediante el uso de redes de desinformación y estigmatización.