El presidente Gustavo Petro rechazó el preconteo de la primera vuelta presidencial y denunció un presunto fraude electoral ejecutado mediante la alteración de algoritmos y la aparición de 800.000 cédulas falsas en el software de Thomas Greg & Sons

El panorama político colombiano ha ingresado en una fase de máxima incertidumbre institucional tras conocerse los datos del preconteo de la primera vuelta presidencial.

La jornada electoral, que se preveía como un termómetro de las fuerzas políticas del país, ha desembocado en una crisis de legitimidad sin precedentes.

El presidente de la República, Gustavo Petro, lideró una postura de rechazo absoluto frente a los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, argumentando la existencia de anomalías estructurales y un presunto fraude electoral que beneficiaría directamente al candidato de la extrema derecha, el polémico abogado penalista Abelardo de la Espriella, quien logró aventajar por un estrecho margen de 660.000 votos al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La principal controversia radica en las graves denuncias técnicas expuestas por el jefe de Estado, respaldadas por las alertas emitidas por la senadora Aída Avella.

Según las declaraciones oficiales del Ejecutivo, el software de conteo y escrutinio operado por la firma privada Thomas Greg & Sons, de los hermanos Bautista, sufrió alteraciones inexplicables en sus algoritmos básicos durante las últimas tres semanas de la campaña, periodo en el cual se retiraron herramientas clave de auditoría internacional.

No obstante, el hallazgo más alarmante revelado por la inteligencia de la campaña oficialista consiste en un desfase de más de 800.000 cédulas adicionales dentro del censo electoral utilizado por el sistema de conteo, una cifra que excede el censo oficial presentado originalmente al Gobierno y que posee la capacidad matemática de alterar el rumbo completo de una elección presidencial.

Ante este escenario, el presidente Petro fue enfático al declarar que el preconteo carece de toda fuerza vinculante legal, definiéndolo como un simple informe informativo plagado de inconsistencias técnicas y caídas sistemáticas del sistema.

El mandatario advirtió que el Gobierno Nacional solo atenderá y reconocerá los resultados jurídicos definitivos emanados de las comisiones escrutadoras oficiales dirigidas por los jueces de la República, un proceso que podría prolongarse por más de una semana debido a la impugnación masiva de mesas de votación que la coalición de izquierda ejecutará en todo el territorio nacional, donde ya se reportan indicios severos de duplicidad de sufragios y votos atribuidos de manera irregular a ciudadanos fallecidos.

Por su parte, el candidato presidencial Iván Cepeda ofreció un discurso histórico que marcó un giro definitivo en la estrategia de la izquierda colombiana de cara al balotaje.

Abandonando su tradicional tono moderado, Cepeda lanzó una ofensiva verbal directa contra De la Espriella, catalogando su proyecto político como un “fascismo mafioso” y una “plutocracia corrupta” orientada a pulverizar los avances sociales alcanzados por la actual administración, tales como el salario vital, la reforma agraria integral y la gratuidad en la educación superior.

Cepeda acusó formalmente a su rival de representar el retorno al pasado paramilitar, recordando sus vínculos jurídicos históricos con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia en los procesos de San José de Ralito y señalando que el padre del abogado penalista fungió como notario en la legalización de bienes de estructuras del narcotráfico.

Asimismo, la campaña de Cepeda denunció una “vulgar, abierta y descarada” intervención extranjera destinada a desestabilizar el proceso electoral, señalando directamente las intromisiones del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y la presencia en el país de Bernardo Moreno, encargado de la Misión de Observación Internacional por parte de sectores aliados a los Estados Unidos, quienes celebraron de forma prematura los votos obtenidos por la extrema derecha.

El candidato del Pacto Histórico contrapuso la opulencia de la campaña de De la Espriella, a quien exigió una auditoría forense inmediata por presunta compra de votos y un derroche multimillonario en pautas digitales, frente a la austeridad y resistencia de los movimientos sociales populares que le permitieron alcanzar una votación histórica de diez millones de sufragios.

A pesar de que el uribismo tradicional encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia se adhirió de forma inmediata a la candidatura de De la Espriella para evitar su aniquilación política, los análisis matemáticos revelan que la extrema derecha ha tocado su techo electoral con un 51% en comparación con los comicios anteriores.

Este estancamiento abre un margen de victoria real para el Pacto Histórico en la segunda vuelta, impulsado por el temor generalizado que genera la figura de De la Espriella en los sectores moderados.

Figuras clave de la centroizquierda como Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo y Claudia López ya han manifestado su absoluto rechazo al discurso autoritario y misógino del abogado caribeño, lo que anticipa un inminente trasvase de votos hacia las huestes de Iván Cepeda bajo la consigna de una gran alianza nacional por la defensa de la vida y la estabilidad democrática del país.