El asalto policial a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas provocó la ruptura inmediata de relaciones bilaterales y un conflicto diplomático fundado en la violación de la Convención de Viena

El panorama diplomático de América Latina continúa marcado por las profundas secuelas de los acontecimientos ocurridos la noche del 5 de abril de 2024, cuando fuerzas policiales de élite de Ecuador ingresaron por la fuerza a la Embajada de México en Quito.

El operativo, ejecutado con el uso de un ariete para romper las puertas de acceso y el escalamiento de los muros perimetrales, tuvo como objetivo la captura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba en el interior de la sede diplomática tras haber recibido la concesión de asilo político por parte del Gobierno mexicano.

Durante la incursión forzosa en lo que el derecho internacional consagra como territorio bajo soberanía mexicana, los diplomáticos adscritos a la delegación fueron objeto de agresiones físicas y empujones al intentar oponer resistencia al arresto, resultando varios de ellos con lesiones corporales.

Tras la extracción inmediata de Jorge Glas de la sede, el Gobierno de México anunció la ruptura total e inmediata de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, marcando el inicio de un conflicto internacional que se mantiene sin resolución institucional y que ha derivado en consecuencias logísticas y económicas directas para la región.

Para comprender el origen de la crisis, es necesario precisar la situación jurídica del exvicepresidente Jorge Glas, quien desempeñó dicho cargo durante la administración presidencial de Rafael Correa.

Glas enfrentaba un complejo historial judicial en su país, habiendo cumplido previamente una condena de seis años de prisión por el delito de asociación ilícita relacionado con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Tras recuperar su libertad, la justicia ecuatoriana inició un nuevo proceso penal en su contra, esta vez bajo la acusación del delito de peculado por el presunto desvío de fondos públicos que originalmente estaban destinados a la reconstrucción de la provincia de Manabí, una región devastada por un fuerte terremoto en el año 2016.

Ante la reactivación de las acciones judiciales y el endurecimiento de su situación procesal, Jorge Glas ingresó en diciembre de 2023 a la Embajada de México en Quito para solicitar formalmente el asilo político, acogiéndose a la histórica tradición mexicana de brindar protección diplomática a ciudadanos latinoamericanos considerados perseguidos políticos.

La posterior decisión del Gobierno de México de otorgar formalmente dicho beneficio estatal desencadenó la respuesta armada de la administración ecuatoriana, que justificó su proceder bajo el argumento de que Glas era un sentenciado por delitos comunes que buscaba evadir la acción de la justicia ordinaria y no un perseguido político.

La irrupción policial en la legación extranjera vulneró de forma directa las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, un tratado internacional suscrito de manera unánime por las naciones del mundo, incluido Ecuador, el cual establece sin ambigüedades la inviolabilidad absoluta de las sedes diplomáticas.

Esta norma internacional determina que los agentes del Estado receptor no pueden ingresar al inmueble oficial de una embajada sin el consentimiento explícito del jefe de la misión, independientemente del estatus legal de las personas que se encuentren en su interior, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad del personal diplomático a nivel global.

A pesar del rechazo generalizado de la comunidad internacional hacia la violación de este precedente fundamental del derecho internacional, las tensiones bilaterales no disminuyeron y se trasladaron de forma directa al ámbito comercial a principios de 2025.

En febrero de 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición unilateral de un arancel del 27% a la totalidad de los productos importados desde el territorio mexicano.

Esta medida económica se implementó en un contexto internacional caracterizado por el retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la adopción de una política exterior basada en barreras arancelarias globales, una estrategia que la administración ecuatoriana intentó replicar para posicionarse políticamente como un aliado estratégico de la Casa Blanca en la región y proyectar una postura de fortaleza económica.

Sin embargo, la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evidenció la marcada asimetría económica entre ambos países; la mandataria desestimó el impacto de la restricción comercial señalando de manera pública la superioridad de la producción pesquera nacional y precisando que el intercambio comercial proveniente de Ecuador representa únicamente el 0.4% del total de las importaciones que realiza el mercado mexicano.

Las estadísticas financieras confirman la disparidad estructural entre ambas economías, dado que el Producto Interno Bruto de México se sitúa en 1.

79 billones de dólares, mientras que el de Ecuador alcanza los 118,000 millones de dólares.

En términos comerciales, México exporta anualmente hacia el mercado ecuatoriano mercancías con un valor estimado de 800 millones de dólares, consistentes principalmente en medicamentos de alta necesidad, electrodomésticos para el hogar y autopartes para la industria automotriz, mientras que Ecuador exporta hacia México alrededor de 300 millones de dólares en productos como camarón, banano, cacao, flores y atún.

Debido a esta relación comercial, el incremento del 27% en los aranceles no provocó un impacto estadísticamente significativo para las empresas mexicanas, sino que fue absorbido en su totalidad por los propios consumidores ecuatorianos, quienes experimentaron un encarecimiento directo en el costo de los bienes importados esenciales para el consumo diario.

La disputa comercial con México no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de política exterior que ha generado un aislamiento diplomático para Ecuador en el contexto de América Latina.

En enero de 2026, el presidente Daniel Noboa extendió la imposición del arancel del 27% a los productos provenientes de Colombia, bajo el argumento de que el gobierno vecino no realizaba las acciones suficientes para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes.

Ante la respuesta institucional de las autoridades colombianas, Ecuador elevó dicho gravamen comercial al 100% e incrementó de manera extraordinaria en un 900% la tarifa correspondiente al transporte de crudo colombiano que transita por la infraestructura de su territorio nacional.

Aunado a estas restricciones comerciales en la región andina, Ecuador procedió a la ruptura formal de sus relaciones diplomáticas con los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, distanciándose de forma consecutiva de la mayoría de las administraciones gubernamentales de la región con el fin de consolidar un perfil político conservador dentro del espectro ideológico latinoamericano.

Las implicaciones logísticas y financieras de este aislamiento se agravan debido a las condiciones estructurales de la economía ecuatoriana, la cual se encuentra formalmente dolarizada desde el año 2000.

Al carecer de una moneda nacional propia, el Banco Central de Ecuador no posee la facultad de devaluar su signo monetario para incrementar la competitividad de sus exportaciones en el extranjero, ni puede recurrir a la emisión de papel moneda para financiar los déficits presupuestarios del Estado, dependiendo de forma exclusiva del ingreso de divisas a través de las exportaciones y el acceso a los mercados internacionales de consumo.

El cierre de las rutas comerciales tradicionales y la interrupción de los corredores logísticos andinos con Colombia y México generan una afectación directa y progresiva sobre los sectores productivos primarios de la población, tales como las cooperativas de pescadores de atún, los transportistas de carga pesada, los empacadores y las familias de trabajadores agrícolas de las provincias de El Oro, Los Ríos y Guayas, regiones de las cuales proviene la producción de banano que posiciona a Ecuador como el mayor exportador global de dicha fruta con casi el 30% del mercado internacional.

Las consecuencias de la ruptura diplomática también alcanzaron el sector de la conectividad aérea internacional, registrándose en enero de 2025 la suspensión definitiva de la ruta de vuelo directo que la aerolínea Aeroméxico operaba de manera regular entre las capitales de México y Ecuador.

Esta determinación logística canceló una vía de comunicación fundamental que facilitaba los intercambios empresariales, las misiones comerciales y las reuniones de negocios entre inversionistas de ambas naciones, incrementando los costos operativos y los tiempos de traslado para los ciudadanos ajenos al conflicto político.

Mientras las investigaciones judiciales en torno al estatus de Jorge Glas y las violaciones a los tratados internacionales de inviolabilidad diplomática permanecen estancadas en los tribunales internacionales sin una resolución prevista a corto plazo, el impacto acumulativo de las restricciones arancelarias y el distanciamiento institucional continúa erosionando el dinamismo económico de los sectores productivos ecuatorianos y modificando de manera definitiva las pautas del derecho internacional en la región.