La detención del alcalde de Cuautla Jesús Corona Damián por delincuencia organizada y extorsión elevó a 86 la cifra de funcionarios capturados en México mediante el despliegue de la Operación Enjambre

La estrategia nacional de seguridad del Gobierno de México ha registrado un avance significativo mediante el despliegue de la denominada Operación Enjambre, un esfuerzo interinstitucional coordinado entre el Gabinete de Seguridad Federal y el Centro Nacional de Inteligencia.

Hasta el cierre del mes de mayo, este operativo de gran alcance ha resultado en la captura de un total de 86 servidores públicos y exfuncionarios vigentes, entre los que se contabilizan mandos de corporaciones policiacas locales, operadores políticos y siete presidentes municipales en funciones.

El último golpe de alto impacto de esta ofensiva federal se consolidó el pasado 30 de mayo con la detención de Jesús Corona Damián, alcalde del municipio de Cuautla, Morelos, quien se encontraba prófugo de la justicia luego de evadir un operativo inicial desplegado en su contra el 20 de mayo.

La orden de aprehensión, ejecutada por elementos de las fuerzas federales tras diez días de labores de localización, vincula formalmente al edil con investigaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada y extorsión institucional en complicidad con estructuras operativas del cartel de Sinaloa en la región oriente de la entidad morelense.

La intervención federal y militar en el palacio municipal de Cuautla no solo acorraló al presidente municipal, sino que abrió paso a una exhaustiva auditoría administrativa conducida por la tesorería local bajo el mando de la síndica Nancy Echeverría Guerrero, quien asumió de forma provisional las funciones directas de alcaldesa interina.

Las revisiones de las finanzas públicas municipales sacaron a la luz una estructura de desvíos económicos sistemáticos y corrupción interna, destacando la existencia de una nómina alterna o duplicada para funcionarios de primer nivel cercanos a la gestión de Corona Damián.

De acuerdo con los hallazgos documentados, estos servidores públicos percibían compensaciones financieras adicionales que igualaban o superaban los salarios oficiales previamente autorizados por el cabildo, representando una carga presupuestaria severa.

Adicionalmente, las auditorías detectaron una deuda acumulada de casi cinco millones de pesos mensuales bajo el concepto de consumo de combustible para vehículos oficiales, una cifra desproporcionada que apunta a una simulación de gastos operativos mediante la utilización de facturas apócrifas vinculadas a estaciones de servicio.

Ante el temor de fincarse responsabilidades legales en las carpetas de investigación en integración, el hallazgo provocó una ola de renuncias masivas entre diversos jefes de áreas operativas del ayuntamiento, aunque la administración interina aseguró la continuidad del pago regular de los salarios de ley de la plantilla laboral.

Este despliegue en Morelos coincide con resoluciones de jueces federales que dictaron autos de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra otros funcionarios de la misma zona geográfica detenidos en días pasados.

Entre los procesados destacan Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, e Irvin Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, junto con tres altos funcionarios de Cuautla que se desempeñaban como secretario del ayuntamiento, tesorero municipal y oficial mayor, todos acusados de delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Las labores de inteligencia del Estado mexicano continúan enfocadas en la localización de objetivos prioritarios que permanecen en calidad de prófugos, particularmente Júpiter Araujo Bernard, conocido bajo el alias de “El Barbas”, identificado por las autoridades federales como el jefe de plaza del cartel de Sinaloa en la zona y el principal operador encargado del soborno masivo y cooptación de los servidores públicos locales a través de cuotas financieras que oscilaban entre los dos y cuatro millones de pesos.

Paralelamente, las fiscalías anticorrupción de otras entidades han ejecutado órdenes de captura similares, como el arresto de Antonio “N”, ex-tesorero de Gómez Palacio, Durango, detenido en Torreón, Coahuila, por el uso indebido de atribuciones al autorizar de manera irregular 291 cheques de indemnizaciones laborales que causaron un daño patrimonial de 18 millones de pesos.

El impacto de la infiltración de la delincuencia organizada en los niveles municipales ha motivado que las demandas de intervención de la Operación Enjambre se extiendan a estados con altos índices de violencia delictiva, como Guanajuato.

En el municipio de Salamanca, la violencia urbana registró un repunte severo con el asesinato de 23 personas en lo que va del periodo mensual, sumando un ataque armado el pasado 29 de mayo que dejó un saldo de seis personas muertas, incluidas dos mujeres, y un ciudadano privado ilegalmente de su libertad por un comando que irrumpió en la vía pública a bordo de camionetas particulares.

Ante este escenario bélico, derivado de una cruenta guerra de alianzas donde el cartel de Jalisco Nueva Generación y la facción de “Los Chapitos” se disputan el control regional del robo de hidrocarburos frente a la coalición del cartel de Santa Rosa de Lima con el cartel del Golfo, el alcalde salmantino César Prieto solicitó formalmente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, la entrada de la Operación Enjambre a la entidad del Bajío.

La petición formal busca que las instancias de inteligencia realicen revisiones exhaustivas de perfiles a mandos policiales, alcaldes, diputados locales, legisladores federales y senadores de todos los partidos políticos para purgar los nexos delictivos en la administración pública, una postura respaldada públicamente por homólogos locales de municipios colindantes como Pénjamo y Celaya.

En tanto la federación expande sus investigaciones, el escenario político mexicano experimenta tensiones severas en el norte y noroeste del país.

En el estado de Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó una concentración masiva de partidos de oposición donde acusó formalmente al partido gobernante a nivel federal de instaurar un sistema político coludido con el crimen organizado para la obtención de triunfos electorales.

Las declaraciones de la mandataria estatal se emitieron en el marco de una investigación abierta por las autoridades federales en contra de su administración por haber permitido la operación y presencia no autorizada de cuatro agentes pertenecientes a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos dentro del territorio chihuahuense, contraviniendo las leyes nacionales que regulan la actuación de agencias de inteligencia extranjeras en México.

Por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de su vocero Ulises Lara, emitió aclaraciones oficiales respecto a la situación jurídica del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios estatales de su administración señalados por agencias de seguridad estadounidenses de operar logísticamente en favor de agrupaciones delictivas de Culiacán.

La institución federal precisó que ninguno de los políticos sinaloenses investigados cuenta con una ficha roja de Interpol emitida en su contra, justificación legal por la cual no se han realizado detenciones al acudir los implicados a presentar declaraciones voluntarias ante el ministerio público.

Dentro de este grupo de funcionarios, el senador por Morena Enrique Inzunza solicitó una licencia temporal de dos días para ausentarse de los periodos extraordinarios legislativos con el propósito aparente de evitar confrontaciones políticas directas en el pleno del Senado, mientras que exmandos operativos como Marco Antonio Almanza Avilés, antiguo director de la Policía de Investigación de Sinaloa, reaparecieron públicamente en Culiacán para desmentir versiones sobre su presunta entrega a cortes judiciales en territorio norteamericano, rechazando haber fungido como testigos protegidos y negando vínculos estructurales con las redes delictivas locales.