Un grupo de veinte exmagistrados de las Altas Cortes y reconocidos constitucionalistas colombianos alertó sobre la incompatibilidad jurídica y ética de la candidatura de Abelardo de la Espriella debido a su nacionalidad estadounidense

A pocos días de que se celebre la decisiva segunda vuelta presidencial el próximo domingo 21 de junio, la contienda electoral entre el proyecto alternativo de Iván Cepeda y la propuesta de derecha liderada por Abelardo de la Espriella ha tomado un giro estrictamente jurídico e institucional.

Un grupo integrado por veinte exmagistrados de las Altas Cortes y reconocidos profesores universitarios de derecho constitucional ha emitido un extenso manifiesto público en el que advierten sobre la existencia de serias incompatibilidades éticas, jurídicas y políticas en torno a la candidatura de De la Espriella, derivadas específicamente de su condición de ciudadano naturalizado de los Estados Unidos de América.

Este pronunciamiento ha trasladado el eje de la discusión política desde los debates programáticos habituales hacia el análisis profundo de la soberanía nacional, los conflictos de intereses internacionales y el alcance legal de los compromisos adquiridos bajo juramento ante potencias extranjeras.

La controversia constitucional cobró fuerza tras la difusión de un análisis detallado sobre el régimen de requisitos e inhabilidades exigidos por la Carta Política de 1991 para ocupar la primera magistratura de la nación.

Si bien los expertos firmantes del documento aclaran que el artículo 191 de la Constitución colombiana solo exige ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años, y que las sentencias previas de la Corte Constitucional —como las providencias C-151 de 1997 y C-601 de 2015— determinan que el régimen de inelegibilidades es cerrado y no impide taxativamente la doble nacionalidad, el problema radica en las obligaciones jurídicas positivas que un ciudadano adquiere al naturalizarse en ciertos países.

En este sentido, los juristas contrastan la situación de la nacionalidad italiana del candidato, la cual se obtiene por derecho de sangre y no exige rupturas institucionales, con el proceso de naturalización estadounidense, el cual requiere de manera obligatoria un solemne juramento de lealtad ante las autoridades de Washington.

El núcleo del cuestionamiento jurídico se fundamenta en el texto oficial de dicho juramento estadounidense, en el cual el solicitante declara bajo gravedad de juramento que renuncia absoluta y enteramente a toda lealtad y fidelidad a cualquier estado, príncipe, potentado o soberanía extranjera de la que haya sido súbdito o ciudadano.

Asimismo, el documento firmado por los constitucionalistas subraya que el compromiso con los Estados Unidos obliga a la persona naturalizada a defender la Constitución y las leyes de ese país norteamericano contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales, además de comprometerse a portar las armas en nombre de dicha nación o realizar servicios no combatientes en sus fuerzas armadas cuando la ley lo exija.

Para los exmagistrados, la pervivencia de estas obligaciones activas genera una contradicción insalvable con las funciones que la Constitución de Colombia le asigna al jefe de Estado, quien debe actuar como el garante supremo de la independencia, la soberanía nacional y la seguridad territorial, exponiendo al eventual mandatario a incurrir en un escenario de traición a la patria debido a la simultaneidad de deberes disímiles.

Este debate legal se produce en un escenario de alta tensión internacional, intensificado por las recientes declaraciones públicas del expresidente estadounidense Donald Trump a través de su plataforma Truth Social.

El exmandatario norteamericano felicitó formalmente a Abelardo de la Espriella por su desempeño en la primera vuelta y manifestó su respaldo irrestricto de cara a los comicios del 21 de junio, señalando que una administración bajo su liderazgo fortalecería la seguridad hemisférica, detendría la migración ilegal, combatiría el crimen organizado y promovería el comercio, asegurando que Colombia contaría con todo el poder del gobierno de los Estados Unidos detrás de su gestión.

Por su parte, De la Espriella respondió formalmente a estos mensajes manifestando su gratitud y ratificando su intención de consolidar una alianza estratégica y sólida entre ambas naciones para librar una lucha frontal contra el narcoterrorismo y las estructuras delincuenciales, al tiempo que ha expresado públicamente en diversas ocasiones su orgullo por poseer dicha ciudadanía, llegando a sugerir que su eventual gobierno representaría una visión afín al pensamiento republicano en el contexto colombiano.

Paralelamente, los sectores políticos que respaldan la opción de izquierda radical de Iván Cepeda han utilizado estos argumentos para cuestionar la idoneidad de la propuesta de derecha, calificando las posturas de De la Espriella como una entrega anticipada de los recursos naturales y la soberanía económica del país a los intereses de las corporaciones estadounidenses.

Desde la perspectiva de los sectores alternativos, el alineamiento automático con la agenda de Washington deshace los avances logrados en materia de autonomía internacional durante el mandato del actual presidente Gustavo Petro, quien mantuvo posturas firmes frente a las presiones de las agencias gubernamentales norteamericanas en temas de soberanía marítima y protección de derechos humanos de los migrantes.

La oposición cuestiona también las recientes intervenciones del candidato de derecha en redes sociales, donde señaló a varios integrantes del Pacto Histórico de estar involucrados en supuestas redes de compra de votos y solicitó formalmente a la diplomacia estadounidense la revocatoria de sus visados y su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

A medida que avanza el cronograma hacia la apertura de las urnas el próximo domingo, el impacto del comunicado de los constitucionalistas continúa dividiendo la opinión pública.

Mientras los comités de campaña del proyecto progresista insisten en que los ciudadanos deben reflexionar sobre los riesgos institucionales de elegir a un mandatario con compromisos legales vigentes ante otra potencia, los defensores de la candidatura de De la Espriella desestiman la advertencia de los juristas, catalogándola como una estrategia de última hora destinada a restar votos y frenar el avance de las propuestas de restablecimiento de la ley y el orden.

Con el panorama polarizado y las posiciones radicalizadas en torno a las implicaciones éticas del juramento de naturalización estadounidense, el electorado colombiano se prepara para acudir a las urnas en una jornada donde la definición de la lealtad patria nacional se ha convertido en el eje central de la disputa por el poder ejecutivo hasta el año 2030.