El Tribunal Superior de Bogotá prohibió a la campaña de Abelardo de la Espriella el uso de la bandera nacional y el eslogan institucional a pocos días de la segunda vuelta presidencial

El escenario político colombiano de cara a la crucial jornada electoral del próximo 21 de junio ha alcanzado niveles máximos de tensión jurídica y social tras conocerse un trascendental fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

La corporación judicial ordenó suspender de manera inmediata el uso de insignias nacionales, la bandera de la República y el eslogan “Firmes por la patria” por parte de la campaña del candidato de derecha Abelardo de la Espriella, al considerar que violaba los principios constitucionales de equidad, igualdad y neutralidad en el uso de los símbolos que pertenecen a la totalidad de los ciudadanos.

La decisión judicial, lejos de calmar los ánimos en una contienda ya marcada por la polarización extrema, desató una enérgica respuesta del aspirante presidencial en la plaza pública de Cartagena, donde instó a sus seguidores a desobedecer la restricción mediante el uso masivo de la camiseta de la selección nacional de fútbol y la difusión digital de los lemas prohibidos, lo que provocó duras críticas de diversos sectores que interpretaron su postura como un preocupante desafío a la institucionalidad y al ordenamiento jurídico del país.

La génesis de esta controversia legal se remonta a finales de 2025, cuando el joven abogado Dylan Lizarazo Ramos radicó una denuncia formal y un posterior derecho de petición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) argumentando que la campaña de De la Espriella incurría en una flagrante infracción según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, específicamente la Sentencia C-490 de 2011, la cual prohíbe taxativamente la apropiación de símbolos patrios con fines partidistas para evitar la exclusión ideológica del electorado.

Ante la falta de respuesta oportuna por parte de la autoridad electoral, Lizarazo Ramos se vio obligado a interponer una acción de tutela que finalmente fue resuelta de manera favorable por el tribunal capitalino, ordenando las medidas cautelares urgentes que despojaron a la campaña de su identidad gráfica principal.

Sin embargo, analistas políticos y redes ciudadanas han advertido que la notificación tardía de este fallo, ocurriendo a escasas jornadas de la votación definitiva, ha permitido al candidato estructurar una fuerte estrategia de victimización mediática bajo la premisa de una supuesta censura institucional, agitando la indignación de sus bases electorales que procedieron a iniciar campañas de hostigamiento digital y perfilamiento público en contra del joven demandante.

Paralelamente a la batalla jurídica en la capital, la tensión social se ha trasladado a los territorios, registrándose graves denuncias sobre presuntos actos de violencia política e intimidación en entornos educativos rurales del departamento de Antioquia.

La senadora Isabel Zuleta, perteneciente a la coalición del Pacto Histórico, hizo pública una grave situación ocurrida en la vereda El Guayabo, jurisdicción del municipio de Valparaíso, donde un activista plenamente identificado de la campaña de De la Espriella habría irrumpido en una escuela pública para proferir amenazas verbales en contra de profesores y estudiantes debido a sus presuntas simpatías políticas hacia el proyecto alternativo liderado por el congresista Iván Cepeda.

Este suceso, que provocó un rechazo generalizado de las organizaciones sindicales del magisterio, encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos debido a la vulneración de los espacios escolares y la seguridad de los menores de edad, contradiciendo los discursos públicos de protección a la infancia que la misma campaña promueve bajo consignas de protección familiar.

A este complejo panorama se suman nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de propaganda electoral en la costa norte colombiana, específicamente en las playas del distrito turístico de Santa Marta.

Líderes comunitarios y defensores de derechos humanos alertaron sobre la utilización de la embarcación industrial “Santa Rosa II”, registrada ante la Dirección General Marítima (Dimar) exclusivamente para labores logísticas y servicios industriales, como una tarima flotante cargada de material publicitario de la campaña de De la Espriella, violando las restricciones del CNE sobre el uso de símbolos nacionales en medios de transporte comercial y generando serios riesgos de seguridad marítima por la presencia de personas a bordo sin los chalecos salvavidas reglamentarios.

Varios congresistas y líderes locales exigieron explicaciones inmediatas tanto a la Capitanía de Puerto como al CNE ante lo que consideran un silencio cómplice de las autoridades locales frente al despliegue ilegal de recursos logísticos en la región caribeña.