La exalcaldesa de Capulhuac Selene Hernández Herrera fue condenada a cinco años y cinco meses de prisión por agredir físicamente a una psicóloga del DIF municipal en mayo de 2025

La aparente calma matutina en las oficinas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el barrio de San Miguelito, perteneciente al municipio de Capulhuac, Estado de México, se quebró de manera definitiva el viernes 2 de mayo de 2025.

Lo que había sido convocado como una mesa de trabajo ordinaria con 25 servidores públicos para evaluar las actividades del Día del Niño se transformó en el escenario de un abuso de poder institucional.

En un despliegue de violencia física y psicológica, la entonces presidenta municipal, Selene Hernández Herrera, irrumpió en el recinto acompañada por su hija, Andrea Shanti Anzástiga Hernández, y por una agente de la policía municipal en activo, Ana Lucía Ríos Cano.

El objetivo de la comitiva oficial no era supervisar la gestión pública, sino ejecutar una agresión directa y planificada contra Miriam Rodríguez González, psicóloga adscrita a la Unidad de Apoyo Psicológico de la estancia infantil local.

De acuerdo con los elementos probatorios integrados en el expediente judicial y las actas ministeriales, la oficial Ana Lucía Ríos Cano utilizó su entrenamiento y autoridad estatal para colocarse detrás de la víctima, sujetándola firmemente por las manos e inmovilizándola por completo.

Con la servidora pública despojada de cualquier posibilidad de defensa o huida, la alcaldesa Selene Hernández Herrera inició un ataque físico acompañado de agresiones verbales, acción a la que se sumó de inmediato su hija Andrea Shanti.

La intervención policial no se limitó a la contención física de la psicóloga; la uniformada procedió además a despojarla de sus pertenencias personales, incluyendo su teléfono celular, identificaciones oficiales y tarjetas bancarias, mientras las 25 personas presentes observaban el incidente sin que ningún funcionario del recinto interviniera para detener el abuso o brindar auxilio posterior a la afectada.

Las investigaciones civiles e institucionales que se activaron tras los hechos revelaron que la agresión estuvo motivada por cuestiones estrictamente personales ligadas a celos y rumores sobre el entorno de la presidenta municipal, quien utilizó de forma deliberada los recursos humanos y la fuerza pública del Estado para dirimir un conflicto privado.

Tras el ataque, Miriam Rodríguez González, con secuelas físicas evidentes en el rostro, optó por registrar su testimonio en un video que se difundió de forma masiva en las plataformas digitales, exigiendo que el abuso de autoridad no quedara impune bajo el amparo del cargo público.

La indignación comunitaria en Capulhuac generó movilizaciones vecinales, protestas frente al palacio municipal y bloqueos civiles en la carretera Ocoyoacac-Tianguistenco-Tlazala, presionando al Cabildo local a tomar medidas administrativas inmediatas.

Ante la presión social y la apertura de investigaciones por parte de las autoridades judiciales, Selene Hernández Herrera solicitó a mediados de mayo de 2025 una licencia temporal por 90 días, asumiendo la regidora Sarita Arellano Hernández la conducción interina del ayuntamiento.

En un intento por eludir la acción de la justicia y retomar el control político del municipio, la alcaldesa bajo licencia instaló una sede de gobierno alterna y no autorizada en la Casa de Cultura Leona Vicario, ubicada en la delegación de San Miguel Almaya, desde donde pretendía sesionar con un grupo reducido de funcionarios afines.

No obstante, el 24 de junio de 2025, agentes de la Fiscalía Central de Atención Especializada ejecutaron una orden de aprehensión en su contra durante un acto público en dicha delegación.

Tras su captura, donde los reportes señalaron intentos de resistencia y soborno a los elementos ministeriales, un juez de control dictó prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario Santiaguito, en Almoloya de Juárez, debido al riesgo latente de obstrucción de la justicia.

El proceso penal y administrativo avanzó de forma paralela durante un año.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la recomendación formal número 14/2025, determinando de manera irrefutable que la víctima sufrió violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales, incluyendo violencia institucional, de género, física, psicológica y patrimonial, lo que derivó en una disculpa pública e institucional ofrecida por el ayuntamiento en septiembre de 2025.

Finalmente, el 21 de mayo de 2026, la autoridad judicial del Estado de México dictó una sentencia condenatoria definitiva contra las tres implicadas en los hechos del DIF municipal, desestimando cualquier posibilidad de beneficios sustitutivos de la pena o reducciones por concepto de fianza debido a la gravedad del abuso de funciones.

La exalcaldesa Selene Hernández Herrera fue condenada a una pena de 5 años y 5 meses de prisión efectiva, sumada a su destitución definitiva e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos en el municipio de Capulhuac, además de una sanción económica equivalente a 12,445 unidades monetarias.

Por su parte, la exagente policial Ana Lucía Ríos Cano recibió una condena de 3 años y 2 meses de internamiento en el centro penitenciario por su complicidad directa en la inmovilización de la víctima, perdiendo de forma oficial su estatus dentro de la corporación de seguridad local.

En tanto, Andrea Shanti Anzástiga Hernández fue sentenciada a 2 años de prisión por el delito de lesiones dolosas.

Con este fallo judicial se cierra el conflicto institucional en el ayuntamiento, quedando la presidenta suplente Norma Ortega Ortiz a cargo de la administración municipal para concluir el trienio gubernamental correspondiente al periodo 2025-2027.