La Fiscalía General de la República y corporaciones estatales capturaron al exmando policial Cristian Alejandro González por desaparición forzada en San Luis Potosí y al exalcalde Isidro Mejía Gómez en posesión de un arsenal de armas largas

La delincuencia organizada en México ha encontrado en la coptación de las estructuras municipales su estrategia más efectiva para garantizar la impunidad, el control territorial y el lavado de dinero.

Sin embargo, las acciones coordinadas de las fuerzas armadas y las fiscalías estatales bajo el marco de la llamada Operación Enjambre han asestado golpes quirúrgicos en las últimas horas a redes de corrupción pública.

El fenómeno ya no se limita a la simple cooperación pasiva de malos elementos; las investigaciones criminales recientes revelan una transición alarmante hacia la entrega total de mandos policiales en activo, alcaldes y exfuncionarios a las filas de los principales carteles de la droga.

El estado de Morelos se ha convertido en el epicentro de la investigación más ambiciosa de la Operación Enjambre, desvelando un entramado de extorsión institucional amparado por administraciones locales en la zona oriente de la entidad.

Un juez federal dictó prisión preventiva y ordenó el traslado inmediato al penal federal de Hermosillo, Sonora, de cinco figuras clave de la política regional.

Entre los procesados destacan Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irvin Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, acusados formalmente de mantener vínculos estrechos con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, un operador de alto rango del Cartel de Sinaloa.

Junto a ellos, Horacio Zavaleta, exsecretario del Ayuntamiento, Jonathan Espinoza, tesorero municipal, y Pablo Portillo Galicia, oficial mayor de Cuautla, completan la lista de servidores públicos bajo reclusión.

La presión judicial aumentó significativamente con la captura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Mauro Rivera, líder transportista de la organización “2 de Mayo”, señalado como pieza clave en la recolección de cuotas ilícitas para la misma organización criminal.

Las declaraciones integradas en los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), particularmente los testimonios del exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, detallan que el Cartel de Sinaloa opera en Morelos bajo la fachada de “La Empresa”.

Este grupo criminal implementó una estrategia de presión directa que alcanzó a la gobernadora Margarita González Saravia.

A través de intermediarios, “El Barbas” buscó someter al Ejecutivo estatal mediante exigencias específicas: la imposición de funcionarios afines en las direcciones de seguridad pública de los ayuntamientos, el desvío de recursos presupuestales destinados a obras municipales, la eliminación política o física de candidatos disidentes y la garantía de libre tránsito para los cargamentos de estupefacientes.

Aunque la mandataria estatal negó categóricamente haber recibido dichos mensajes o mantener pactos con las células delictivas, las indagatorias federales demuestran que el cartel logró infiltrarse de manera estructural en al menos once gobiernos municipales desde el año 2021.

Paralelamente, la penetración del narcotráfico en los cuerpos de seguridad pública locales se hizo evidente en San Luis Potosí con la captura en funciones de Cristian Alejandro González, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Tamazunchale.

El exmando policial fue recluido inicialmente en el Centro Estatal de Reinserción Social “La Pila” tras una revisión sorpresa en su comandancia donde se le incautaron sustancias ilícitas y armamento de uso exclusivo del Ejército.

No obstante, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una nueva orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada.

La investigación criminal determinó que, en complicidad con los policías en activo Antonio y Juan, y los civiles Claudia y Rodolfo, el exmando ingresó al área de retención municipal en enero pasado para extraer ilegalmente a un detenido y entregarlo a un grupo de sicarios armados.

En la misma región de la Huasteca Potosina, un operativo de la Guardia Civil Estatal en la carretera Tampamolón-San José de la Cruz derivó en la detención de Isidro Mejía Gómez, alias “Chilo Mejía”, exalcalde de Tampamolón Corona entre 2018 y 2021.

Mejía Gómez, quien ya contaba con una inhabilitación del Congreso local por desvío de recursos, fue interceptado junto a su esposa a bordo de una camioneta donde transportaba un arsenal compuesto por ocho armas de fuego, incluyendo fusiles de asalto AK-47 y AR-15, escopetas semiautomáticas y abundante cartuchería útil.

La crisis de las administraciones municipales se extendió al estado de Chiapas, donde el Congreso Local aprobó el desafuero definitivo de la alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Chiu López.

La exfuncionaria fue detenida junto a seis servidores públicos del Ayuntamiento de Ocozocoautla tras una denuncia interpuesta por una corporación del sector avícola y porcícola.

Las pesquisas de la Fiscalía General del Estado demostraron que la red delictiva exigía la suma de un millón de pesos en efectivo a empresarios locales a cambio de otorgar permisos de operación dentro del municipio, utilizando además identidades falsas para intentar extorsionar a la nueva alcaldesa de Ocozocoautla, Nidia Alejandra de los Santos, bajo el pretexto de gestionar fondos para beneficio social.

El panorama del combate institucional se complejiza en el norte del país debido a las repercusiones de las investigaciones federales en los estados de Sinaloa y Chihuahua.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la FGR emitió citatorios formales para comparecer en calidad de entrevista al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Estas citas ministeriales surgen tras las solicitudes de detención urgente con fines de extradición emitidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra diez exfuncionarios y políticos sinaloenses vinculados presuntamente a las facciones del Cartel de Sinaloa.

Asimismo, en Chihuahua, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, enfrenta una severa inspección federal tras descubrirse la intervención no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en operativos locales, una polémica que coincide con el avance del proyecto “Torre Centinela”, una infraestructura de seguridad pública que contempla destinar un piso exclusivo para el establecimiento permanente de agencias como la DEA, la CIA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), intensificando el debate sobre la soberanía y los límites de la cooperación bilateral en la contención de la narcopolítica.