Gustavo Petro anunció posibles sanciones contra alcaldes que no apliquen decisiones sobre el impuesto predial en medio de protestas y bloqueos en Santander y Norte de Santander

El presidente Gustavo Petro elevó el tono del debate político y social en Colombia tras la ola de bloqueos registrados en varias zonas de Santander y Norte de Santander, donde comunidades rurales y sectores agrícolas han participado en protestas relacionadas con la actualización del catastro multipropósito y el incremento del impuesto predial.

En una intervención pública desde el Consejo de Ministros, el mandatario aseguró que existen intereses políticos detrás de las movilizaciones y advirtió sobre posibles medidas administrativas contra autoridades locales que, según él, no cumplan con sus funciones constitucionales.

En su pronunciamiento, Petro afirmó: “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo con los consejos municipales para el tema del impuesto predial, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”.

Esta declaración generó un fuerte debate jurídico y político en el país, al cuestionarse el alcance real de la potestad presidencial frente a los mandatarios locales elegidos por voto popular.

El mandatario insistió en que los bloqueos en carreteras estarían afectando el abastecimiento de alimentos en varias regiones del país, especialmente en una de las zonas de mayor producción agropecuaria.

“Se están represando más de 10 millones de huevos”, señaló en referencia a la situación logística derivada de las protestas.

Según explicó, departamentos como Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá concentran buena parte de la producción que estaría siendo afectada por los cierres viales.

Las movilizaciones han sido atribuidas por el Gobierno a una supuesta manipulación política de sectores opositores.

Petro señaló directamente a actores del Centro Democrático y a dirigentes regionales, afirmando que detrás de las protestas existirían intereses electorales.

En sus palabras, “están engañando al campesinado para hacer barricadas que afectan la economía del país”.

El contexto de la protesta está ligado a la implementación del catastro multipropósito, una política estatal que busca actualizar el valor de los predios en Colombia para ajustar el cobro del impuesto predial a valores más cercanos al mercado.

Según el Gobierno, en muchos municipios el avalúo no se actualizaba desde hace más de dos décadas, lo que generó distorsiones en la tributación territorial.

Petro defendió la necesidad de esta actualización y aseguró que la carga tributaria no puede exceder los límites legales establecidos.

“Ningún pequeño propietario debe hoy tener un impuesto que se haya incrementado más del 50%”, señaló, explicando que la ley contempla topes para evitar aumentos desproporcionados en los impuestos locales.

Sin embargo, líderes regionales y sectores políticos han expresado preocupación por el impacto económico de la medida en zonas rurales, donde algunos campesinos aseguran haber visto incrementos significativos en el valor de sus obligaciones tributarias.

En este contexto, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha sido mencionado en el debate político por su posición frente a las protestas, lo que ha profundizado la tensión entre el Gobierno nacional y las autoridades departamentales.

El presidente también cuestionó el papel de los gobiernos locales en la gestión del impuesto predial, insistiendo en que son los municipios los responsables de definir las tarifas y posibles exenciones.

“Los impuestos municipales son del municipio”, afirmó, al tiempo que señaló que los alcaldes tienen la responsabilidad de coordinar soluciones con los concejos municipales.

En medio del discurso, Petro apeló a la necesidad de restablecer el orden público sin recurrir a la violencia.

“La paz es un derecho y punto”, dijo, asegurando que su gobierno no empleará métodos represivos extremos.

No obstante, advirtió que el Estado utilizará las herramientas constitucionales para garantizar la libre circulación de alimentos y el funcionamiento económico del país.

El debate se intensificó cuando el mandatario cuestionó la narrativa de algunos sectores que atribuyen al Gobierno nacional el aumento de los impuestos.

Según explicó, la actualización del catastro no implica automáticamente un incremento descontrolado del impuesto predial, ya que este depende de decisiones de los concejos municipales.

“La norma establece topes claros para proteger a los pequeños propietarios”, reiteró.

En su intervención, Petro también criticó la privatización parcial de procesos catastrales en gobiernos anteriores, señalando que la gestión del catastro ha estado influenciada por intereses de operadores privados y actores regionales.

Según su versión, esta situación ha contribuido a distorsiones en la información sobre la propiedad rural en el país.

El mandatario sostuvo que detrás de algunas protestas existiría una defensa de grandes propietarios de tierra que buscan evitar la actualización de sus avalúos.

“Grandes terratenientes que no querían que se actualizara y que siguiera todo igual”, afirmó, en un mensaje que elevó aún más el tono del debate político.

Mientras tanto, sectores de la oposición han rechazado estas afirmaciones y advierten que el Gobierno estaría estigmatizando las protestas sociales.

Paralelamente, organizaciones campesinas han solicitado espacios de diálogo para revisar los impactos de la actualización catastral y evitar afectaciones económicas a pequeños productores.

El escenario en Santander y otras regiones continúa siendo tenso, con presencia de bloqueos intermitentes y llamados al diálogo por parte de distintas instituciones.

El Ministerio del Interior ha anunciado la instalación de mesas de conversación para intentar desactivar la crisis y evitar mayores afectaciones en el abastecimiento nacional.

En medio de la controversia, el debate sobre la relación entre reforma catastral, tributación local y protestas sociales se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda política colombiana, reflejando la complejidad de un proceso que combina economía rural, gobernanza territorial y tensiones electorales en un momento de alta polarización en el país.