El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó las severas contradicciones de los funcionarios oficialistas en el debate de comisiones y alertó sobre la delegación de facultades extraordinarias, el impacto fiscal oculto y la desprotección de la industria nacional.

BUENOS AIRES — La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de un nuevo y febril capítulo en la confrontación por el rumbo económico de la administración de Javier Milei.

Durante el plenario de comisiones para evaluar la implementación del denominado “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, arremetió con dureza contra la delegación oficialista encabezada por el asesor gubernamental González, acusando al Ejecutivo de presentar un proyecto “enlatado”, plagado de contradicciones técnicas y carente de un rumbo macroeconómico claro.

Martínez impugnó la solidez del texto normativo y exigió formalmente que el ministro de Economía, Luis Caputo, asista personalmente al Congreso de la Nación para defender una iniciativa que, según la oposición, compromete los recursos estratégicos y el empleo de los argentinos por las próximas décadas.

En un desglose estrictamente técnico, el legislador opositor evidenció las profundas asimetrías entre las explicaciones verbales de los funcionarios y lo que verdaderamente se encuentra redactado en el proyecto de ley.

Martínez centró sus críticas en los artículos 3 y 4, que definen los objetivos prioritarios y el concepto de “nuevas actividades económicas”, advirtiendo que las respuestas de los expositores oficialistas “fueron y vinieron” sin mantener un orden lógico.

El punto de mayor fricción radica en el artículo 12, el cual estipula los requisitos exigidos a las corporaciones para ingresar al beneficio.

El diputado lamentó que el único parámetro vinculante sea el monto nominal de la inversión, omitiendo salvaguardas elementales para el desarrollo del país.

“En el artículo 12 se podrían haber incluido requisitos concretos sobre la generación de empleo genuino o encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás”, argumentó Martínez, citando como un contraejemplo exitoso la antigua Ley de Economía del Conocimiento. “Aquí no hay nada de eso; es un cheque en blanco basado únicamente en el volumen del capital”.

Otro de los ejes de mayor preocupación parlamentaria es el nivel de arbitrariedad que el proyecto confiere a la autoridad de aplicación. S

egún denunció el bloque peronista, el texto remite de manera sistemática a que los puntos más espinosos del régimen serán resueltos con posterioridad por el Poder Ejecutivo mediante decretos o resoluciones.

Como ejemplo de esta opacidad, Martínez expuso el debate sobre la sustentabilidad y el consumo energético de los mega-proyectos.

Al ser consultados sobre qué garantías existen en la ley para impedir que las nuevas inversiones colapsen la matriz energética nacional o utilicen fuentes no renovables, los funcionarios admitieron que dicho control se derivará a posteriores “análisis de factibilidad” controlados de forma directa por el Ejecutivo.

“No figura en ningún lugar de la ley”, sentenció el legislador santafesino. “Suponer que van a reglamentar e implementar esto en el sentido de lo que están prometiendo hoy de palabra es casi un acto de fe. Especialmente cuando venimos de una experiencia inexorable donde el Gobierno no cumple con lo que dice en este Congreso”.

La oposición alertó que el incentivo promueve una competencia desleal destructiva para el tejido industrial de las provincias del interior, tales como Buenos Aires, el centro-sur de Santa Fe y el sur de Córdoba. Al igual que su antecesor, el “Súper RIGI” facilita la importación directa y con arancel cero de maquinaria pesada y bienes de capital usados o nuevos.

A criterio de Martínez, esto provoca que insumos y tecnología que actualmente se producen competitivamente en talleres e industrias nacionales terminen siendo adquiridos en el extranjero, profundizando la recesión del sector manufacturero local en favor de proveedores externos.

En términos presupuestarios, Martínez denunció una maniobra coordinada por el oficialismo para “hacer lo imposible” para que el análisis del impacto fiscal de las exenciones impositivas —que golpearán la recaudación de Ganancias coparticipable con las provincias y los ingresos de la seguridad social— quede fuera del próximo Presupuesto Nacional. Alertó además sobre presiones solapadas en la comisión bicameral para impedir que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) continúe auditando estos costos bajo el argumento oficialista de que “no se puede calcular lo que aún no ha ingresado”.

Finalmente, el diputado rebatió la premisa oficialista de que la Argentina carece de políticas de mediano y largo plazo, reivindicando hitos históricos que trascendieron mandatos presidenciales, tales como el control estatal de YPF, el régimen de promoción de energías renovables nacido en 2005 y la Ley de Software.

“Si hay predisposición real para abrir el debate y modificar el texto en favor del interés nacional, estamos dispuestos a trabajar. Pero si lo que traen es un enlatado cerrado que nadie sabe quién redactó, habremos perdido una oportunidad histórica”, concluyó.