La diputada de Unión por la Patria protagonizó un duro cruce con el oficialismo durante el debate en comisión. Cuestionó la entrega de beneficios impositivos extraordinarios, la pérdida de soberanía frente a multinacionales y la falta de transparencia presupuestaria.

BUENOS AIRES — Un debate de alta intensidad técnica y política se vivió en la Cámara de Diputados de la Nación durante el tratamiento parlamentario de la ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, denominado informalmente como “Súper RIGI”. La diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) mantuvo un fuerte enfrentamiento verbal con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Berti” Benegas Lynch, tras denunciar intentos de limitar su tiempo de exposición mientras exponía detalladamente las contradicciones económicas del proyecto oficialista.

Strada impugnó con dureza los fundamentos de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, calificándola como un esquema “facilista y costoso” diseñado a la medida de sectores extractivos que ya gozan de alta rentabilidad garantizada y que responde, según sus afirmaciones, a presiones directas de corporaciones tecnológicas internacionales.

Al inicio de su intervención, la legisladora y economista desarmó el argumento oficialista de que el RIGI es el único dinamizador de la inversión extranjera en el país. Strada recordó que proyectos mineros de gran envergadura, como el de la multinacional Río Tinto en la provincia de Salta, ya se encontraban firmados y en marcha desde julio de 2023, mucho antes de la asunción de la actual administración.

Asimismo, lanzó una dura crítica hacia la política energética del Gobierno, acusándolo de frustrar un acuerdo histórico con la petrolera estatal malaya Petronas. Según Strada, dicha compañía planificaba una inversión de 30.000 millones de dólares para la planta de Gas Natural Licuado (GNL) bajo una legislación previa que ya contaba con media sanción en 2023.

“La ley de GNL previa no otorgaba las concesiones desmedidas del RIGI”, enfatizó Strada. “No cedía prórroga de jurisdicción para litigar contra el país en el extranjero, ni permitía la libre disponibilidad del 100% de las divisas a los 30 años. Aun así, se había garantizado una inversión que triplicaba los proyectos actuales”.

Uno de los puntos más críticos de la exposición de Strada fue la presentación de las estimaciones del bloque opositor respecto al “gasto tributario” que demandarán las exenciones impositivas contempladas en la normativa. A falta de datos oficiales remitidos por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, los equipos técnicos estimaron que el costo fiscal base para los primeros 12 proyectos inscritos asciende a 1.800 millones de dólares.

Para dimensionar el impacto macroeconómico de esta cifra en las cuentas públicas de 2026, la diputada estableció dos comparaciones directas:

Representa un 15% más que el presupuesto total requerido para la Ley de Financiamiento Universitario.

Equivale al 82% del gasto de capital (obra pública) total previsto para todo el territorio nacional en el año entrante.

“Ustedes dicen que el país no está preparado para recibir inversiones y lo primero que perdonan son los impuestos con los que se debería financiar la infraestructura. Las empresas miran las rutas; para trasladar la arena desde Entre Ríos hasta Vaca Muerta para el fracking se necesitan caminos en condiciones. Sin embargo, paralizan la infraestructura y subsidian a las corporaciones”, argumentó.

Strada centró sus interrogantes en la opacidad del articulado, cuestionando por qué el Gobierno nacional promueve un “Súper RIGI” con mayores concesiones impositivas (como la rebaja de la alícuota del impuesto a las ganancias al 15%) si el régimen anterior es calificado por el oficialismo como un “éxito rotundo”.

La legisladora sugirió que la redacción del proyecto obedece a un sesgo de política industrial enfocado en beneficiar de manera exclusiva a un sector concentrado. Señaló que el 93% de las iniciativas aprobadas hasta la fecha se concentran únicamente en minería (51%) y petróleo y gas (42%). En este sentido, deslizó la existencia de gestiones de presión privada detrás de la inclusión del sector tecnológico en el nuevo texto legal.

“El señor de Palantir ha pedido informalmente la posibilidad de traer un emprendimiento productivo a la Argentina a partir de la sanción de este Súper RIGI”, denunció Strada, apuntando directamente a la multinacional estadounidense de análisis de datos de defensa e inteligencia. “El dueño de Palantir ha hecho lobby para que se sancione esta ley, directamente diseñada para beneficiar a estos tecno-oligarcas”.

Hacia el cierre de la jornada en comisión, otros diputados de la oposición se sumaron a las demandas de precisión técnica sobre el texto del proyecto, destacando tres áreas de profunda preocupación:

Sostenibilidad Previsional: La ley prevé una sustancial reducción en las contribuciones patronales para las empresas que se acojan al régimen. Los legisladores exigieron saber cómo compensará el Estado ese debilitamiento directo del sistema jubilatorio para no afectar los haberes de la clase pasiva.

Plazos de Concesión Extremos: Cuestionaron el criterio técnico para otorgar un período de promoción de 30 años a las grandes corporaciones, contrastándolo con regímenes aprobados recientemente para las energías renovables, los cuales poseen un límite de 10 años prorrogables por otros 10.

El costo de la matriz energética: Advirtieron que la llegada de mega-inversiones robotizadas e industriales generará picos en la demanda eléctrica nacional. Los diputados exigieron aclarar si las millonarias obras de infraestructura de transporte —como las líneas de alta tensión requeridas— serán costeadas por los inversores extranjeros o si terminarán siendo financiadas por el conjunto de los contribuyentes argentinos.