La recta final de la campaña electoral colombiana para las presidenciales del 31 de mayo de 2026 se encuentra bajo máxima tensión tras el fuerte choque discursivo entre el presidente Gustavo Petro y el candidato derechista Abelardo de la Espriella por el control ético de la opinión pública

A escasos días de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo de 2026, el clima político en Colombia ha alcanzado su punto de mayor ebullición tras destaparse un fuerte enfrentamiento ético y mediático en torno al uso de causas judiciales sensibles.

El presidente Gustavo Petro, en medio de su gira de despedida por las regiones del Caribe colombiano y en abierta campaña de apoyo a la candidatura progresista de Iván Cepeda, ha encendido el debate público al plantear una dicotomía tajante sobre el futuro del país, cuestionando si la ciudadanía elegirá “presidentes filósofos” o “presidentes mafiosos”.

Esta declaración profundizó la polarización y reactivó de forma inmediata un cruce de acusaciones masivas en el ecosistema digital respecto al pasado profesional del candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, y su relación con uno de los casos de feminicidio más dolorosos e icónicos de la historia reciente del país: el asesinato de Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional de Bogotá.

La controversia estalló luego de que el propio De la Espriella intentara capitalizar políticamente su antigua participación como apoderado judicial en dicho proceso, asegurando ante los medios de comunicación que su labor había sido fundamental para la posterior creación y promulgación de la Ley Rosa Elvira Cely contra el feminicidio.

La respuesta de las víctimas directas no se hizo esperar, desmintiendo categóricamente la narrativa del aspirante derechista.

Adriana Cely, hermana de la víctima, y Juliana Cely, hija de la mujer asesinada, rompieron el silencio en plataformas digitales y medios independientes como Noticias Uno y el espacio periodístico de Daniel Coronell, manifestando de forma expresa que al abogado nunca le interesó de manera genuina la lucha por los derechos de las mujeres ni el desarrollo legislativo en el Congreso, acusándolo además de utilizar un caso de altísimo impacto mediático únicamente como una plataforma de vanidad y posicionamiento publicitario para su firma legal.

El punto más álgido de la denuncia penal y administrativa radica en las condiciones económicas bajo las cuales se pretendía estructurar la representación jurídica de la familia afectada.

Aunque la firma del candidato emitió un comunicado oficial defendiendo que la etapa penal del proceso se manejó bajo la modalidad de responsabilidad social pro bono y de forma totalmente gratuita, las declaraciones de los familiares expusieron una realidad muy distinta respecto a la reclamación económica contra el Estado.

Según el testimonio directo de la hermana de Rosa Elvira, tras finalizar el juicio penal en el año 2012, la oficina de abogados intentó hacerles firmar un contrato de representación para el cobro de la millonaria indemnización administrativa por la falla en el servicio de las autoridades sanitarias y de seguridad.

Dicho documento, custodiado bajo estrictas cláusulas de confidencialidad que impedían su divulgación a la prensa, estipulaba un porcentaje de honorarios extremadamente alto que dejaría únicamente el 30% del total de la reparación económica en manos de las víctimas y la hija menor de edad, pretendiendo que la firma legal se apropiara de un presunto 70% de los recursos públicos adjudicados por los daños sufridos.

Ante la negativa de la familia Cely a someterse a unas condiciones que consideraron abusivas e indignas, el poder otorgado a la firma fue revocado de manera fulminante antes de que se concretara cualquier firma definitiva, lo que provocó que la indemnización estatal final, proferida en el año 2023, no quedara asociada a las cuentas del polémico litigante.

Esta revelación generó una ola masiva de indignación popular en las redes sociales que ha afectado sensiblemente los índices de favorabilidad de De la Espriella a las puertas de la votación, provocando la movilización inmediata de su aparato de defensa jurídica.

Abogados penalistas cercanos al establecimiento tradicional, como Iván Cancino, salieron en defensa pública del candidato argumentando que existía una manipulación informativa y una violencia política orquestada desde el Palacio de Nariño, intentando posicionar la versión de que las pretensiones de honorarios se ajustaban a los techos permitidos en los procesos administrativos y acusando al mandatario actual de utilizar el dolor ajeno para captar votos de último momento.

De forma complementaria, grandes conglomerados de comunicación alineados con los sectores opositores, liderados por portales informativos tradicionales, iniciaron una contraofensiva mediática titulada como las supuestas mentiras del gobierno nacional sobre el caso Cely, utilizando declaraciones de periodistas de opinión para intentar diluir la gravedad de las denuncias contractuales y desviar la atención ciudadana hacia la legalidad técnica de los procesos revocados.

La estrategia busca neutralizar el impacto del rechazo generalizado en regiones clave como el norte del país, donde las bases populares del Pacto Histórico continúan cuestionando la catadura ética de un proyecto político que, según los discursos emitidos en los cierres de campaña de Medellín y Barranquilla, promete destruir la arquitectura judicial de paz mientras despliega retóricas agresivas de exclusión y odio contra los sectores populares que respaldan la fórmula alternativa de Iván Cepeda para la presidencia de la República.