Escándalo en Buenos Aires: denuncian el desvío de fondos reservados de la Inteligencia para frenar la destitución de Adorni
El entorno de Milei habría utilizado más de 25 millones de dólares de la CIDE en apenas veinte días para negociar el respaldo de gobernadores y suspender la interpelación parlamentaria al jefe de gabinete.
El Gobierno argentino se encuentra en el centro de una severa polémica tras revelarse presuntas maniobras de dilación política financiadas de forma irregular.
Según informes provenientes de fuentes periodísticas locales y registros de acceso a la Casa Rosada, el entorno más cercano al presidente Javier Milei habría utilizado fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (CIDE) para desactivar la ofensiva legislativa que buscaba la destitución del actual jefe de gabinete, Manuel Adorni.
La trama, que describe un circuito financiero informal en paralelo a la coparticipación federal, apunta a un incremento desmedido en los gastos reservados de la central de espías durante el último mes.
De acuerdo con los datos recabados por el portal Data Clave, las partidas de la CIDE sufrieron una detracción de aproximadamente 3.500 millones de pesos (el equivalente a unos 27 millones de dólares) en un plazo de solo veinte días, una cifra equiparable al presupuesto ejecutado por el organismo durante todo el primer semestre del año.
El mecanismo de distribución del dinero, según detallan las crónicas parlamentarias, habría tenido como epicentro el primer piso de la Casa de Gobierno, específicamente en las oficinas no oficiales que ocupa el asesor estratégico Santiago Caputo.
Testigos presenciales habrían detectado el traslado físico de los fondos desde la sede de la calle 25 de Mayo hasta la sede del Ejecutivo mediante un discreto operativo de mensajería interna.
El destino final de estas partidas vinculadas a la inteligencia estatal habría sido la negociación discrecional con mandatarios provinciales y legisladores del bloque Propuesta Republicana (PRO) y de sectores peronistas dialoguistas.
El pacto espurio se habría materializado horas después de un encuentro de hora y media entre Caputo y emisarios provinciales, tras el cual varios gobernadores —entre ellos el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil— modificaron públicamente su postura, calificando de «imprudente» la interpelación a Adorni bajo el argumento de no debilitar la imagen presidencial ante los mercados internacionales.
La controversia ha salpicado de manera directa las estructuras de pensamiento del oficialismo.
Parte de los fondos bajo sospecha habrían sido desviados hacia la calle Reconquista al 40, sede donde la denominada Fundación Faro —el think tank ideológico que coordina el sector más ortodoxo del Gobierno— ha alquilado recientemente una planta completa en un edificio de alto valor histórico y patrimonial.
«Están sosteniendo un cadáver político dentro de la nave del Gobierno», afirman analistas de la oposición, en alusión a la debilidad institucional de Adorni, cuya continuidad parece responder únicamente a compromisos internos de la coalición gobernante.
Como parte de la estrategia de control de daños, la Jefatura de Gabinete difundió una fotografía oficial del encuentro entre Manuel Adorni y el economista Adrián Ravier, señalado como el nuevo portavoz del Ejecutivo.
No obstante, la escenografía despojada de la imagen —caracterizada por un escritorio completamente vacío de documentación— ha sido interpretada por los cronistas políticos como un reflejo de la pérdida real de funciones del funcionario saliente, cuyo reemplazo formal parece ser cuestión de días a pesar del costoso blindaje financiero obtenido en el Congreso.
