Nueve policías municipales de Progreso de Obregón fueron vinculados a proceso tras un operativo federal coordinado por Omar García Harfuch, luego de que las investigaciones relacionaran a los agentes con la muerte de un hombre cuyo cuerpo apareció abandonado en un canal de aguas negras en Hidalgo

Omar García Harfuch desató uno de los operativos más impactantes del año en Hidalgo tras la captura de nueve policías municipales de Progreso de Obregón, acusados de homicidio doloso calificado por la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue abandonado en un canal de aguas negras, en un caso que expuso una presunta red de corrupción y abuso dentro de la corporación local

La caída de los nueve agentes municipales en Progreso de Obregón, Hidalgo, no solo estremeció al Valle del Mezquital, sino que también abrió una nueva etapa en la estrategia de seguridad encabezada por el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien en las últimas semanas ha intensificado los operativos contra corporaciones locales presuntamente infiltradas por prácticas criminales.

El caso comenzó a tomar forma pública tras la detención de nueve elementos activos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso calificado, luego de que un hombre identificado como BTG muriera presuntamente bajo custodia policial y su cuerpo fuera abandonado en un canal de aguas negras en la comunidad de Huitepec Blanco, perteneciente al municipio de Mixquiahuala de Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima habría sido detenida el 10 de mayo junto con otro hombre que logró sobrevivir y posteriormente declaró ante el Ministerio Público.

Ese testimonio fue clave para reconstruir los hechos y ubicar a los presuntos responsables, ya que el sobreviviente aportó detalles precisos sobre uniformes, patrullas y nombres de algunos agentes involucrados.

El operativo federal se ejecutó durante la madrugada del 13 de mayo y estuvo coordinado entre agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las fuerzas federales cercaron la zona alrededor de la presidencia municipal de Progreso de Obregón antes del amanecer, mientras drones de vigilancia monitoreaban los movimientos dentro del perímetro para evitar cualquier intento de fuga.

Según los reportes judiciales, los agentes detenidos fueron sorprendidos mientras iniciaban una jornada aparentemente normal dentro de la corporación.

Algunos intentaron alcanzar el área donde se almacenaban las armas de cargo, mientras otros buscaron escapar por accesos laterales que ya estaban controlados por militares y policías estatales.

La escena causó conmoción entre los habitantes del municipio, una comunidad de poco más de ocho mil personas acostumbrada a un ambiente relativamente tranquilo.

Los vecinos observaron cómo los policías, que hasta días antes representaban la autoridad local, fueron esposados y colocados de rodillas en plena explanada municipal mientras el convoy federal aseguraba el edificio.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores fue la ausencia del director de Seguridad Pública municipal, identificado como Juan José N.

, quien desapareció horas antes de que llegaran las fuerzas federales.

Esa fuga anticipada abrió sospechas sobre una posible filtración dentro de la cadena de mando, ya que las autoridades consideran que alguien habría alertado al funcionario antes del operativo.

Durante las inspecciones posteriores dentro de la corporación municipal, los investigadores encontraron elementos que reforzaron la hipótesis de una estructura operando con altos niveles de impunidad.

Entre los hallazgos destacaron tres armas adicionales sin registro oficial, una patrulla con manchas sospechosas en el asiento trasero y documentos internos relacionados con los turnos del 10 de mayo, fecha en que ocurrió la presunta agresión contra la víctima.

Uno de los descubrimientos más delicados fue la localización de la identificación personal de BTG dentro de un cajón del área de guardia de la comandancia.

Para los investigadores, ese objeto representa una evidencia simbólica y material de que la víctima estuvo retenida dentro de las instalaciones policiales antes de morir.

Además, en el despacho del director ausente se encontraron anotaciones manuscritas y documentos que fueron retirados para análisis de inteligencia federal, debido a que podrían revelar conexiones más amplias entre distintas corporaciones municipales investigadas en Hidalgo.

La operación ocurrió apenas un día después de otro golpe federal en el municipio de Tezontepec de Aldama, donde fueron detenidos el director y el subdirector de Seguridad Pública local.

La cercanía temporal y geográfica entre ambos casos fortaleció la percepción de que el gobierno federal desarrolla una estrategia focalizada para desmantelar redes de corrupción policial en la región.

Especialistas en seguridad han advertido desde hace años que varias corporaciones municipales pequeñas en México operan bajo condiciones de supervisión limitada, lo que facilita dinámicas internas de corrupción, abuso de poder y vínculos con estructuras criminales locales.

El caso de Progreso de Obregón volvió a colocar ese problema en el centro del debate nacional.

Tras la captura de los nueve agentes, un juez determinó vincularlos a proceso y mantenerlos en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, cuyo plazo inicial será de tres meses.

Durante ese periodo, las autoridades federales y estatales continuarán integrando pruebas periciales, testimonios y análisis forenses sobre las patrullas, las armas y las comunicaciones internas de la corporación.

Mientras tanto, la búsqueda del exdirector Juan José N.

permanece activa.

Las autoridades consideran que su posible captura podría convertirse en una pieza clave para entender si los hechos investigados fueron resultado de decisiones aisladas de algunos agentes o parte de una estructura de protección más amplia dentro de las corporaciones municipales de Hidalgo.

El caso también consolidó el mensaje político y operativo lanzado por Harfuch en las últimas semanas: las placas policiales no representan inmunidad frente a investigaciones federales.

Para el gabinete de seguridad, cualquier funcionario que utilice una institución pública para cometer delitos será tratado bajo los mismos protocolos aplicados contra organizaciones criminales.

En Progreso de Obregón, las calles volvieron lentamente a la normalidad después del operativo.

Pero la imagen de nueve policías municipales esposados frente a sus propios vecinos quedó grabada como uno de los episodios más simbólicos de la crisis de confianza que atraviesan muchas corporaciones locales en México.