El grupo armado Los Ardillos destruyó la comunidad nahua de Tula mediante una ofensiva de seis días con cuadricópteros modificados y ráfagas de fusil que provocó la muerte de tres defensores locales

La violencia en el estado de Guerrero ha alcanzado una dimensión tecnológica y operativa sin precedentes que transforma la dinámica del conflicto territorial en México.

Durante seis días consecutivos de terror, la comunidad nahua de Tula, ubicada en el municipio de Chilapa de Álvarez, sufrió una campaña militar coordinada por parte del grupo narcoparamilitar conocido como Los Ardillos.

Mediante la utilización de cuadricópteros comerciales modificados con artefactos explosivos artesanales, la organización criminal desplegó una estrategia de tierra arrasada que provocó la muerte de tres defensores comunitarios, dejó decenas de viviendas destruidas y forzó el desplazamiento forzado de más de un centenar de personas hacia la vecina localidad de Alcosacán en busca de refugio.

El ataque comenzó la noche del miércoles 6 de mayo de 2026 en esta región de la Montaña Baja, una zona caracterizada por el aislamiento geográfico y la falta de infraestructura básica.

Pilotados a distancia desde los puntos más altos de la sierra, los drones comenzaron a dejar caer bombas caseras sobre los techos de lámina y los patios de las viviendas mientras las familias dormían.

La ofensiva aérea estuvo acompañada por ráfagas sostenidas de fusiles de alto calibre y el incendio intencional de inmuebles, además del sacrificio sistemático de los animales de crianza de los pobladores, una táctica orientada a destruir la economía local de subsistencia para impedir el posterior retorno de los habitantes.

La resistencia comunitaria quedó a cargo del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, una organización de autodefensa local que cuenta con apenas unas decenas de integrantes armados para proteger los pueblos nahuas que se niegan a pagar extorsiones.

Tres de sus miembros, identificados como José Guadalupe Auejote Jantenko, Víctor Auejote Arribeño y Abraham Jiménez Chautla, perdieron la vida al hacer frente al comando criminal en un intento por contener el avance terrestre del grupo delictivo, mientras que otros dos defensores permanecen en calidad de desaparecidos.

Los testimonios recogidos en la zona confirman que las municiones de la defensa comunitaria se agotaron ante la superioridad logística y de fuego de los agresores.

La actuación de las instituciones estatales ha generado una profunda indignación entre las organizaciones civiles y los organismos de derechos humanos.

De acuerdo con las denuncias del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Congreso Nacional Indígena, elementos del Ejército Mexicano estuvieron presentes en los alrededores de la zona de conflicto durante el desarrollo de los bombardeos, limitándose a realizar registros fotográficos sin intervenir para repeler la agresión armada.

La Secretaría de Gobernación reconoció de forma indirecta esta dilación al confirmar que el despliegue del operativo militar formal tardó seis días en activarse, permitiendo la consolidación del dominio territorial del grupo delictivo sobre la comunidad evacuada.

A nivel político, la respuesta del Gobierno Federal ha desatado una fuerte controversia por la falta de acciones contundentes frente al uso de armamento aéreo por parte del crimen organizado.

En las conferencias oficiales celebradas en el Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó los hechos a una disputa territorial entre las organizaciones criminales Los Ardillos y Los Tlacos, confirmando el desplazamiento forzado de la población y la presencia posterior de la Guardia Nacional, aunque descartó cualquier canal de negociación directa con las estructuras delictivas.

Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó la situación como una problemática específica y defendió que la prioridad del Estado consiste en pacificar la región mediante el diálogo con los representantes de las poblaciones afectadas, separando las investigaciones penales de la atención social inmediata.

Esta postura oficial contrasta con la realidad de los refugiados en Alcosacán, quienes pernoctan en colchonetas dentro de templos y canchas comunitarias bajo la custodia provisional de las fuerzas federales.

Voceros de las comunidades nahuas han manifestado el abandono institucional que padecen frente a una estructura delictiva comandada por los hermanos Ortega Jiménez, la cual acumula más de una década de control hegemónico en los municipios de Quechultenango, Chilapa, Tixtla y José Joaquín de Herrera a través de delitos como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

El Congreso Nacional Indígena ha señalado públicamente que los líderes operativos de Los Ardillos continúan en libertad y bajo una presunta red de protección institucional que involucra a los diferentes niveles de gobierno.

Asimismo, las autoridades tradicionales advierten que detrás de esta ola de violencia paramilitar subyace el interés de desplazar a los pueblos originarios para favorecer la implantación de megaproyectos extractivos y mineros en la sierra de Guerrero, utilizando el terror como herramienta de fragmentación social.