Iván Cepeda confrontó en el Senado a Paloma Valencia durante el debate sobre la jurisdicción agraria y cuestionó la ausencia de la dirigente uribista en una discusión clave sobre propiedad de la tierra en Colombia

El Senado colombiano vivió una de sus sesiones más tensas del año después de que Iván Cepeda arremetiera contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia durante el debate sobre la jurisdicción agraria, una iniciativa impulsada para resolver conflictos históricos relacionados con la propiedad de la tierra.

La ausencia de Valencia en el recinto terminó convirtiéndose en el eje de una confrontación política que rápidamente encendió las redes sociales y profundizó la discusión sobre la concentración de tierras en el país.

Desde el comienzo de su intervención, Cepeda lanzó una crítica directa contra la dirigente del Centro Democrático.

“La senadora Valencia que dice que le gustan los debates no está en la sala porque elude un debate que es esencial para este país”, afirmó ante la plenaria.

El congresista insistió en que la discusión sobre la jurisdicción agraria toca intereses sensibles de sectores tradicionales del poder político y económico colombiano, especialmente en momentos en que la Agencia Nacional de Tierras ha intensificado procesos de recuperación de baldíos ocupados irregularmente.

El detonante de la controversia fue la recuperación del predio Buenavista, un terreno que, según las autoridades agrarias, pertenecía a la Nación y que terminó vinculado al empresario Nicolás Lacerna, primo de Paloma Valencia.

Cepeda sostuvo que el caso evidencia precisamente la necesidad de una jurisdicción especializada que determine con claridad la legalidad de numerosos títulos rurales en Colombia.

“No quiere discutir el tema de la tenencia de la tierra en Colombia, de la justicia, de los grandes propietarios que se han robado literalmente lo que es de todos nosotros”, expresó el senador en medio de aplausos y fuertes reacciones dentro del recinto.

La tensión aumentó cuando Cepeda señaló que varios congresistas presentaron impedimentos para apartarse del debate.

“Yo me pregunto por qué uno se declara impedido para discutir un tema como la jurisdicción agraria. Creo que la respuesta es obvia”, afirmó.

Sus declaraciones fueron interpretadas por sectores políticos como una acusación directa hacia miembros del Congreso con intereses relacionados con grandes extensiones de tierra.

La jurisdicción agraria, uno de los proyectos impulsados dentro de las reformas rurales derivadas del Acuerdo de Paz, busca crear jueces especializados capaces de resolver litigios sobre propiedad, restitución y formalización de tierras.

Para el oficialismo, se trata de una herramienta fundamental para reducir la histórica desigualdad rural del país.

Colombia continúa siendo uno de los países con mayor concentración de tierras en América Latina: una pequeña porción de propietarios controla la mayor parte del suelo productivo, mientras millones de campesinos carecen de títulos formales o trabajan en condiciones precarias.

Cepeda recordó durante el debate que buena parte de la violencia política y del conflicto armado colombiano tiene raíces en la disputa por la tierra.

“Buena parte de los problemas en nuestra historia que han llevado incluso al conflicto armado y a la violencia giran en torno a la propiedad de la tierra”, señaló posteriormente ante medios de comunicación.

La controversia no terminó dentro del Senado.

Horas después, Paloma Valencia denunció supuestas presiones de grupos armados a favor de la candidatura presidencial de Cepeda.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento desmintiendo públicamente esas afirmaciones.

“La Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en favor del candidato Iván Cepeda”, indicó la entidad, que además pidió responsabilidad a los actores políticos durante el proceso electoral.

Mientras tanto, organizaciones campesinas y movimientos sociales siguieron con atención el debate desde las barras del Congreso.

La presencia de líderes rurales reflejó la importancia simbólica de una discusión que lleva décadas atravesando la vida política colombiana.

Para muchos sectores rurales, la jurisdicción agraria representa la posibilidad de resolver conflictos históricos derivados del despojo, el desplazamiento forzado y la informalidad en la propiedad.

En medio de la confrontación política, Cepeda volvió a proyectarse como una de las figuras más visibles del progresismo colombiano.

El senador, reconocido por su papel en la defensa de derechos humanos y su participación como facilitador en los diálogos de paz de La Habana, ha construido un discurso centrado en la reconciliación y la justicia social.

“Aquí estamos para el debate.

Senadora Valencia, tenga la gentileza de venir a que hablemos de tierra”, insistió frente a las cámaras.

La discusión también dejó en evidencia la creciente polarización de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Mientras sectores cercanos al Gobierno defienden la reforma rural como una deuda histórica con el campesinado, desde la oposición aseguran que las iniciativas agrarias generan inseguridad jurídica y afectan la propiedad privada.

A pesar de las diferencias, el debate logró instalar nuevamente en el centro de la agenda nacional un tema que durante décadas ha marcado la historia de Colombia: quién posee la tierra, cómo fue adquirida y qué papel debe jugar el Estado para resolver uno de los conflictos sociales más profundos del país.