La detención de Coinda Velázquez Losa por el desvío de 19 millones de pesos en un concierto inexistente destapó una red de corrupción en el fideicomiso de Tequesquitengo que supera los 115 millones de pesos

 

thumbnail

 

La tarde del jueves 22 de mayo, el reloj del Ayuntamiento de Temixco marcaba exactamente las 15:00 horas con 14 segundos cuando un silencioso cerco de la Policía de Investigación Criminal se cerró de golpe en el segundo piso del edificio municipal.

En una operación quirúrgica coordinada desde el centro del país por el aparato de inteligencia federal, agentes encubiertos ejecutaron la orden de aprehensión dentro de la causa penal JC/278/2025 en contra de Coinda Velázquez Losa, exjefa del enlace financiero del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filatec).

La detención desató un terremoto político en el estado de Morelos, destapando un monumental esquema de corrupción, peculado agravado y presuntos nexos con la delincuencia organizada que inicialmente fijó el desvío en 19 millones de pesos por un concierto inexistente del cantante Alejandro Fernández, pero que auditorías forenses posteriores proyectan por encima de los 115 millones de pesos.

El desmantelamiento de este engranaje financiero comenzó tras el relevo institucional en el Filatec, organismo creado originalmente con recursos federales y estatales para detonar la infraestructura, el saneamiento y el turismo social en la zona lacustre conocida popularmente como el “Mar de Morelos”.

Al asumir la dirección, la nueva titular Keila Figueroa detectó profundas irregularidades en los libros contables del año 2022, periodo en el que la administración estatal se encontraba bajo la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.

Velázquez Losa, aprovechando su control absoluto sobre las firmas autorizadas, los tokens bancarios y la liberación de transferencias del organismo público, orquestó la salida sistemática de capitales hacia empresas fachada utilizando como fachada la contratación de magnos eventos culturales y de promoción turística que jamás se llevaron a cabo en el escenario desértico del lago.

 

Detienen a exfuncionaria de Morelos por presuntamente desviar más de 19  millones de pesos cuando se desempeñó como jefa del departamento de  Contabilidad del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.

 

De acuerdo con los informes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la caída de la funcionaria se precipitó debido a una serie de omisiones derivadas de una aparente inmunidad política.

Tras concluir su gestión en el fideicomiso, Velázquez Losa se incorporó a la estructura administrativa de Temixco, facilitando a los investigadores una rutina predecible y una geolocalización exacta a través de la intervención legal de su línea telefónica con clave lada 777.

Pese a que las indagatorias y las auditorías se hicieron públicas semanas antes en los medios locales, la imputada mantuvo su asistencia puntual al ayuntamiento hasta el momento de su captura, la cual derivó en un colapso nervioso y un violento altercado físico en el que intentó destruir su dispositivo móvil y agredió físicamente a los elementos ministeriales antes de ser inmovilizada en el suelo de su oficina.

La ejecución simultánea de tres órdenes de cateo en las propiedades de la detenida en Cuernavaca y la franja costera de Tequesquitengo reveló una riqueza desproporcionada que no correspondía bajo ninguna circunstancia a los tabuladores de un sueldo de la administración pública.

Los peritos federales aseguraron dos vehículos de gama alta valorados en más de dos millones de pesos, cuatro relojes de alta gama de marcas internacionales con un costo unitario superior a los 80 mil pesos, joyería fina y bolsos de diseñador europeo con un valor combinado de 340 mil pesos.

Asimismo, se decomisaron registros migratorios, estados de cuenta bancarios y fotografías familiares que documentaban lujosos viajes de placer a París, Roma y Madrid, financiados directamente mediante las transferencias ilícitas que debían destinarse a las redes de agua potable y desarrollo social de los pueblos del sur de Morelos.

Los peritajes inmobiliarios confirmaron además la adquisición fraudulenta de terrenos a pie de lago a precios de remate que representaban menos del 30 por ciento de su valor comercial, operados mediante la complicidad de notarios públicos locales.

 

Cae otra exfuncionaria del Filateq por desvío de 19 millones de pesos -  Quadratín Morelos

 

Sin embargo, el hallazgo más crítico para el futuro de la investigación penal se localizó oculto bajo llave en el escritorio oficial de Velázquez Losa: un dispositivo de almacenamiento USB de 32 gigabytes y una lista manuscrita con tinta azul.

El análisis informático forense de la fiscalía logró extraer un mapa financiero detallado que incluye un archivo de hoja de cálculo con 847 registros de transferencias electrónicas hacia cuentas bancarias internacionales fuera de territorio mexicano.

La documentación manuscrita expone dos nombres clave y números de cuenta específicos que apuntan hacia los estratos más altos del diseño institucional de la red de corrupción, un personaje al que los fiscales denominan internamente como “El Arquitecto”, el funcionario de primer nivel que blindó la estructura contable y garantizó que los órganos de auditoría interna omitieran las alarmas sistemáticas durante meses.

Con la declaración formal de prisión preventiva oficiosa dictada contra Velázquez Losa por el juez de control, la Fiscalía de Morelos confirmó que el caso Filatec se mantiene como un expediente vivo y en plena expansión.

Hasta la fecha, las autoridades han logrado asegurar a tres de los cinco objetivos prioritarios de esta red criminal —incluyendo a los operadores contables Dionisio Emanuel y Elizabeth Marina—, mientras se mantiene activa la búsqueda de un cuarto implicado que se localiza presuntamente fuera del estado y cuya captura se prevé antes de que concluya el mes de junio de 2025.

El rastreo de los metadatos financieros de las cuentas extranjeras y los contratos simulados continuará bajo escrutinio federal para consolidar los procesos de extinción de dominio sobre los bienes incautados, con la finalidad de restituir el patrimonio sustraído a las comunidades afectadas de la entidad.