La divulgación masiva de un proyecto de auto atribuido a la representante Gloria Elena Arizabaleta encendió las alarmas en el Congreso por la supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro antes de la jornada electoral

El panorama político en Colombia ha registrado una inusitada escalada de tensión institucional tras la difusión masiva en grandes medios de comunicación de un borrador de resolución que planteaba la supuesta suspensión provisional del presidente de la República, Gustavo Petro.

La controversia cobró fuerza cuando cadenas radiales y televisivas de alcance nacional divulgaron el contenido de un documento atribuido a la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta, quien ejerce como investigadora en la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la corporación.

En dicho texto se estipulaba una medida cautelar que apartaba transitoriamente al jefe de Estado de sus funciones argumentando una presunta participación en política en el marco de la actual campaña presidencial.

La noticia generó un inmediato revuelo en la opinión pública debido a la gravedad de lo anunciado, obligando a diversos legisladores, juristas de renombre y voceros gubernamentales a salir al paso para aclarar el alcance legal de la propuesta y desmentir de manera categórica que el mandatario hubiera sido suspendido de su cargo constitucional.

Desde el punto de vista del procedimiento legislativo y constitucional, múltiples expertos coincidieron en señalar que la expedición de una sanción de tal magnitud carece por completo de validez si proviene de la iniciativa aislada de un solo congresista.

Integrantes de la propia Comisión de Acusaciones, como el representante Alejandro Ocampo, aclararon de forma pública que el polémico documento correspondía únicamente a un borrador de trámite interno que ni siquiera había sido radicado formalmente ante la secretaría de la célula legislativa, por lo cual nunca entró en el orden del día para ser debatido ni votado por el pleno de la comisión.

Conforme a las normas que rigen el juicio político a los altos dignatarios en el país, cualquier medida de suspensión debe superar un riguroso trámite que inicia con la aprobación por mayoría en la Comisión de Acusaciones, requiere el respaldo posterior de la plenaria de la Cámara de Representantes actuando como ente acusador, y culmina con una decisión en firme del Senado de la República, que es la única corporación facultada para decretar la suspensión del primer mandatario antes de remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

La difusión del texto provocó un agudo enfrentamiento político entre figuras prominentes del sector oficialista, evidenciando las tensiones internas y los reajustes de cara al futuro del movimiento político.

El exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, arremetió fuertemente contra la representante Arizabaleta, recordando que su llegada al Congreso se produjo bajo el aval de la lista cerrada del pacto alternativo en el departamento del Valle del Cauca y señalando un supuesto abuso de poder atribuido indirectamente a su expareja, el actual embajador Roy Barreras.

Ante estas acusaciones, Barreras rechazó de manera tajante el contenido del borrador al calificarlo como una propuesta absurda e inconstitucional, al tiempo que instó a los seguidores del gobierno a movilizarse pacíficamente en las urnas.

Asimismo, el diplomático enfatizó que la distribución de los congresistas en las diferentes comisiones ordinarias durante el primer año legislativo estuvo a cargo del entonces presidente de la Cámara, David Racero, desmarcándose de cualquier injerencia en las actuaciones autónomas de la investigadora.

Paralelamente al debate sobre la estabilidad del Ejecutivo, el candidato presidencial Iván Cepeda Castro aprovechó sus espacios en los medios tradicionales para cuestionar la idoneidad institucional de su rival directo, Abelardo de la Espriella.

Cepeda hizo alusión a un reciente fallo de un juez de la República que prohibía el uso de símbolos patrios colectivos con fines de proselitismo partidista, denunciando que el aspirante de los sectores tradicionales desoyó la orden judicial al convocar a sus bases en plazas públicas para desconocer los dictámenes de las autoridades legítimas.

Según el candidato del Pacto Histórico, estas conductas demuestran un desprecio reiterado por el ordenamiento legal vigente, argumentando que el verdadero riesgo para el país no radica en la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente, sino en el debilitamiento material de las garantías democráticas fundamentales contempladas en la Carta Política actual.

Mientras los debates jurídicos y las acusaciones mutuas continúan copando la agenda nacional a pocos días de las elecciones, el presidente Gustavo Petro mantiene su agenda oficial internacional en la ciudad de Nueva York, donde lidera la delegación del país ante los órganos de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.