La filtración de presuntos contratos irregulares de la diputada Lilia Lemoine desató una feroz interna en La Libertad Avanza, exponiendo denuncias por falta de declaraciones juradas y el financiamiento estatal de su abogado personal

El panorama político argentino atraviesa una de sus tormentas más complejas, donde las disputas mediáticas de superficie exponen un entramado profundo de intereses económicos y disputas por el control estatal.

En el centro de la escena, la diputada oficialista Lilia Lemoine se encuentra bajo un intenso fuego cruzado.

La controversia comenzó a escalar tras una serie de cuestionamientos públicos encabezados por sectores internos de su propia fuerza, La Libertad Avanza, entre los que destaca la activa participación del militante conocido como “Gordo Leyes” o Sarubi Benítez.

Este enfrentamiento, calificado por observadores políticos como una verdadera guerra interna, expone una fractura en el ala conocida como “las fuerzas del cielo”, donde se cruzan acusaciones sobre el desconocimiento de los deberes de los funcionarios públicos y manejos poco claros de los recursos parlamentarios.

Uno de los flancos más débiles de la diputada radica en la presentación de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Aunque las revisiones técnicas confirman que Lemoine no es la única legisladora que adeuda documentación correspondiente a los períodos 2024 y 2025, la denuncia formal en su contra la obligó a dar explicaciones públicas.

La justificación de la legisladora, percibida por sus críticos como una muestra de inexperiencia en la gestión del Estado, desvió la atención hacia un problema mayor: el uso de los contratos legislativos como moneda de cambio o financiamiento de servicios privados.

La polémica alcanzó su punto álgido cuando se reveló la situación de su abogado personal, Hernán Seivane.

Este letrado cuenta con un historial particular en el ámbito judicial, habiendo aparecido en la escena pública tras el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando acompañó en los estudios de televisión a Hernán Carrol, un dirigente vinculado a los implicados en la denominada “Banda de los Copitos”.

Lemoine admitió en una transmisión de *streaming* haberle ofrecido un contrato estatal a Seivane, justificando la medida bajo el argumento de que el abogado llevaba dos años trabajando de manera honoraria por la causa política.

Además, la diputada generó controversia al relativizar el uso de estas asignaciones parlamentarias, señalando que los sueldos básicos a menudo resultan insuficientes para costear profesionales de tiempo completo y que los despachos legislativos suelen recurrir a terceras personas para cubrir los cupos disponibles, lo que la oposición califica como una estructura informal de financiamiento.

Sin embargo, las categorías más altas de asesoría en el Congreso, como la escala A1, implican erogaciones significativas para el erario público que pueden alcanzar sumas millonarias, lo que contradice el discurso de austeridad.

Este tipo de irregularidades ya cuenta con antecedentes denunciados dentro del mismo espacio, como el caso de la diputada Celeste Ponce, acusada por exasesores de exigir el retorno de un porcentaje de sus salarios, una práctica extendida en la política tradicional que el actual oficialismo prometió erradicar.

Más allá del escándalo de los despachos parlamentarios, los analistas señalan que el verdadero volumen de negocios y poder se concentra en la interacción entre la cúpula gubernamental, las grandes corporaciones y los bufetes de abogados más influyentes del país, especializados en derecho administrativo y lobby.

En este escenario, la figura de María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia y estrecha colaboradora del estratega Santiago Caputo, adquiere un rol central.

Su área es la encargada de revisar la legalidad de cada decreto, pliego de licitación e iniciativa gubernamental, lo que la convierte en una pieza clave ante posibles reconfiguraciones del gabinete.

La ingeniería detrás de las grandes reformas económicas, como la Ley Bases o el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), suele redactarse en las oficinas de los bufetes de élite de Buenos Aires, los cuales representan en paralelo a las empresas beneficiarias de dichas normativas.

Un ejemplo es el estudio Tabarone, Rovelli, Salim & Miani, encargado de estructurar la ingeniería financiera y los contratos de energía para el Grupo Neus, liderado por los hermanos Patricio y Juan Neus, quienes mantienen vínculos de cercanía con el entorno presidencial.

Este grupo empresarial se encuentra posicionándose con fuerza en la infraestructura eléctrica y en los procesos vinculados a la distribución de acciones de Metrogas, controlada mayoritariamente por la petrolera estatal YPF.

Asimismo, el histórico bufete Bruchou & Funes de Rioja actúa como un puente fundamental para adaptar los proyectos industriales a los beneficios fiscales y cambiarios que ofrece el nuevo marco legal.

Por otro lado, la familia Román, un holding especializado en logística portuaria y dragado, opera bajo el asesoramiento del estudio Salaverry, Burgio & Wetzler Malbrán para diseñar uniones transitorias de empresas destinadas a competir por el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay frente a gigantes internacionales como Jan de Nul.

En el ámbito del transporte ferroviario también se detectan movimientos de alta relevancia económica.

La empresa Trenes Argentinos se encuentra en proceso de adjudicar, mediante contratación directa y sin licitación previa, la provisión de repuestos para las locomotoras de la Línea San Martín a la firma Motora Argentina.

Esta compañía es propiedad de Augusto Marini, un joven empresario multimillonario que comanda el grupo Blender y que comparte sociedades comerciales con el Grupo Neus.

El costo estimado para la reparación de estas unidades supera, según informes técnicos, los ochocientos mil dólares por coche, una cifra que en términos de mercado sobrepasa el valor original de adquisición de las unidades nuevas de fábrica.

El mapa del cabildeo institucional se completa con el histórico estudio Marval, O’Farrell & Mairal, vinculado a los sectores de la minería, los hidrocarburos y los activos energéticos del Estado.

Este bufete mantiene entre sus clientes a Eduardo Elstein, presidente del grupo IRSA y propietario del Hotel Libertador, el establecimiento que sirvió como búnker de campaña y residencia presidencial durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei.

Finalmente, el estudio Cassagne, fundado por Juan Carlos Cassagne, emerge como uno de los actores más influyentes en materia de contratos públicos.

Su director formó parte de la ola de privatizaciones de la década de 1990 junto a figuras como Roberto Dromi y Rodolfo Barra, actual procurador del Tesoro.

Hoy, el bufete asesora a la consultora Move Group, integrada por Rodrigo Lugones, Manuel Vidal y Guillermo Garat, este último con funciones directivas en YPF.

Esta firma de comunicación estratégica y consultoría, donde Santiago Caputo también dejó su impronta, comparte el portafolio del estudio Cassagne junto a empresas de seguridad e inteligencia privada como la de Federico Bobe y Matías Naón.

De este modo, la investigación sobre las filtraciones de contratos parlamentarios termina abriendo las puertas a una radiografía detallada del verdadero poder económico y legal que opera tras las decisiones del Estado.