La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL emitió un enérgico comunicado de rechazo ante las declaraciones efectuadas en sede parlamentaria por la portavoz del grupo político EH Bildu, Mertxe Aizpurúa

El debate parlamentario en el Congreso de los Diputados ha alcanzado cotas de elevada tensión institucional tras la última intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa.

En el ejercicio de su turno de palabra desde la tribuna del hemiciclo, la diputada vasca lanzó duras descalificaciones dirigidas de manera directa hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los estamentos del Poder Judicial, acusándolos de estructurar operaciones políticas mediante la presunta manipulación y fabricación de informes sumarios de carácter partidista.

Esta postura, orientada a cuestionar la validez de las investigaciones que actualmente afectan al entorno del Ejecutivo central, provocó de inmediato una respuesta unánime de rechazo por parte de las principales organizaciones representativas de los cuerpos policiales del país.

La asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) lideró la réplica pública a través de sus canales oficiales de comunicación corporativa, manifestando su absoluta disconformidad con los planteamientos expresados por la portavoz abertzale.

La organización profesional recordó el itinerario histórico y periodístico de Aizpurúa en décadas anteriores, vinculándolo con publicaciones del entorno de la denominada izquierda independentista vasca.

Mediante un comunicado calificado de contundente por los analistas sectoriales, el colectivo policial rechazó de forma categórica recibir valoraciones sobre la calidad democrática del Estado por parte de formaciones políticas cuyas trayectorias orgánicas carecen, a su juicio, de un ejercicio inequívoco y explícito de condena hacia los crímenes perpetrados por el terrorismo en el territorio nacional.

Por su parte, la delegación territorial de JUCIL en la provincia de Vizcaya elevó el tono de la confrontación al vincular directamente la antigua labor editorial de la diputada con la fijación de objetivos informativos durante los años de actividad del grupo armado.

Los portavoces de la Benemérita aludieron de forma explícita al rol de los medios de comunicación integrados en ese espectro político, señalando el profundo malestar que genera en el colectivo de víctimas la actual posición de preeminencia y capacidad legislativa que ostenta la portavoz dentro de las alianzas de la gobernabilidad del Estado.

Las críticas insistieron en el contraste entre el cuestionamiento hacia unidades de investigación de élite, como la Unidad Central Operativa (UCO), y la asignación de asignaciones presupuestarias públicas para sufragar los cargos electos de dicha coalición.

La controversia ha adquirido una mayor complejidad debido a la coincidencia cronológica de estas declaraciones con la celebración de diversas convocatorias de memoria en el País Vasco dedicadas a figuras históricas del terrorismo, como Txabi Etxebarrieta, responsable del asesinato del guardia civil José Antonio Pardines en el año 1968.

Para las agrupaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el mantenimiento de este tipo de actos de reivindicación ideológica desautoriza el discurso de normalización democrática que esgrime EH Bildu en los debates parlamentarios, evidenciando una fractura sociológica que continúa condicionando las relaciones entre las instituciones de seguridad y las fuerzas políticas de la izquierda soberanista vasca.