El debate político en Colombia se intensificó tras denuncias que vinculan presuntamente a familiares de la congresista Lina María Garrido con la compra de un inmueble de alto valor, mientras ella acusa al progresismo y al presidente Petro de “robo” por la reposición legal de votos.

La escena política colombiana atraviesa un nuevo episodio de alta tensión marcado por denuncias, señalamientos y una creciente polarización entre sectores del progresismo y la oposición de derecha.

En el centro de la controversia se encuentra la congresista Lina María Garrido, figura visible de la oposición al presidente Gustavo Petro, quien ha sido interpelada públicamente a raíz de una denuncia periodística que, aunque no presenta pruebas documentales, ha abierto un debate político de alto voltaje.

De acuerdo con lo difundido por el medio alternativo *La Nueva Prensa*, se plantea una denuncia ciudadana que vincula presuntamente a Jesús Hernando Garrido Boscán, exsecretario de Educación del departamento de Arauca y padre de la congresista, con la compra de un apartamento de alto valor en el norte de Bogotá.

Según la versión divulgada, el inmueble estaría ubicado en el sector del Batán y habría sido adquirido, supuestamente, con recursos de origen ilícito derivados de contratación pública en el sector educativo.

La gravedad del señalamiento no radica únicamente en el presunto origen de los recursos, sino en la hipótesis de que el apartamento habría sido registrado a nombre de Nelson Albey Tirado Nosa, esposo de Lina María Garrido y, para la época de los hechos, funcionario activo de la Policía Nacional, quien habría actuado como presunto testaferro.

El mensaje que circula entre periodistas asegura además que dicho inmueble sería el lugar de residencia habitual de la congresista, lo que refuerza los cuestionamientos políticos y éticos.

Jesús Hernando Garrido fue condenado en 2017 por delitos relacionados con contratación sin el lleno de los requisitos legales y habría sido sancionado por la Contraloría, hechos que hoy vuelven al debate público por el vínculo familiar con una figura política de primer orden.

Aunque *La Nueva Prensa* reconoce que no ha publicado evidencias documentales, el silencio de la congresista frente a estas acusaciones ha sido interpretado por sus contradictores como un elemento que “genera dudas y preguntas legítimas”.

Mientras estas denuncias circulan, Lina María Garrido ha mantenido una línea discursiva frontal contra el progresismo.

En redes sociales y declaraciones públicas ha acusado a figuras como Iván Cepeda y al propio presidente Petro de pretender “robarse” más de 20.

000 millones de pesos mediante el mecanismo legal de reposición de votos.

En uno de sus mensajes más polémicos afirmó: “La única pobreza que le gusta a la izquierda es la de los colombianos, mientras el petrismo se hace multimillonario a costillas del Estado”.

Estas afirmaciones han sido respondidas con dureza desde sectores progresistas, que califican dicha teoría como infundada y jurídicamente errada.

La reposición de votos, recuerdan, es una figura establecida en la ley electoral colombiana y aplica para todos los partidos y movimientos políticos, incluidos los de derecha.

“Robar es actuar por fuera de la ley.

La reposición está en la norma y todos los candidatos se benefician de ella”, señalan voceros que cuestionan el doble rasero en el debate.

El mismo discurso crítico se ha extendido hacia otros actores de la derecha tradicional.

Se mencionan casos como el de Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo, figuras que reaparecen cíclicamente en contiendas electorales, así como disputas internas en partidos como el Centro Democrático y Salvación Nacional, donde se han denunciado presuntos fraudes y fracturas públicas entre sus dirigentes.

En paralelo, el debate se amplía hacia la llamada “gran consulta” de la derecha, cuestionada por la homogeneidad ideológica de sus participantes y por propuestas consideradas regresivas.

Uno de los episodios más comentados fue un debate televisivo en el que se preguntó cómo cambiar “la cultura de querer todo gratis”, una formulación interpretada como un estigmatizante juicio hacia millones de trabajadores colombianos.

“Eso equivale a decir que el pobre es pobre porque quiere”, fue una de las reacciones más repetidas.

Las críticas también alcanzan a figuras como Aníbal Gaviria, señalado en investigaciones periodísticas por la presunta acumulación irregular de tierras de origen baldío, y a David Luna, exsenador mencionado en interceptaciones telefónicas dentro de una investigación por narcotráfico, hechos que él ha negado.

Aunque ninguno de estos procesos ha derivado en condenas firmes en el marco de esta coyuntura electoral, su mención ha reavivado la discusión sobre la coherencia ética de quienes se presentan como “candidatos técnicos y honestos”.

Otro punto álgido fue la intervención de Vicky Dávila, quien propuso públicamente la creación de un fondo internacional de recompensas con apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump para capturar a cabecillas criminales.

“Vamos a irlos a buscar y los extraditaremos de manera exprés”, afirmó.

Sus críticos consideran esta propuesta como una cesión inaceptable de soberanía y una muestra de dependencia extranjera.

“Eso es decirle al mundo que Colombia no es capaz de hacer cumplir la ley por sí misma”, se argumenta desde sectores nacionalistas y progresistas.

En este clima de confrontación, el progresismo llama a capitalizar las divisiones de la derecha y a consolidar una mayoría parlamentaria.

El mensaje es claro: organización, movilización voto a voto y fortalecimiento de listas abiertas como estrategia para asegurar un Congreso alineado con las reformas sociales.

“Este no es el momento de detenerse, es el momento de meterle más duro”, se escucha en los llamados a la militancia.

Así, entre denuncias no probadas, silencios incómodos, acusaciones legales y discursos encendidos, Colombia vive una campaña marcada por la confrontación directa y la disputa narrativa.

El desenlace dependerá no solo de las urnas, sino de la capacidad de los actores políticos para responder con hechos, transparencia y coherencia a las graves acusaciones que hoy dominan la conversación nacional.