6 CANDIDATOS FUERA — PENAGOS Enfrenta el SISTEMA y Sacude la DEMOCRACIA

Los primeros días todo parecía normal. Las firmas entraban al sistema. La inteligencia artificial l23 de enero de 2026, Hernán Penagos abre una caja con 30 millones de firmas para certificar candidatos presidenciales. Lo que encuentra dentro le llela la sangre. Miles de fotocopias, firmas impresas con láser, planillas con renglones vacíos, pero contados como llenos. Es fraude descarado, pero eso no es lo peor.

Álvaro Uribe acaba de denunciar que grupos armados están presionando votantes en 104 municipios para que voten por Iván Cepeda. Roy Barreras grita que en Guaviar inscribieron 3000 personas donde solo votaban 200 manos invisibles moviendo el tablero antes de que empiecen las elecciones. La pregunta que nadie quiere hacer es, ¿ya perdimos la democracia sin darnos cuenta? ¿O todavía estamos a tiempo de detener el fraude más grande de la historia de Colombia? Bienvenidos a Historia Oculta.

Antes de comenzar este relato, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal y cuéntanos desde qué parte del mundo nos ves. Para entender lo que está pasando ahora mismo en Colombia, hay que entender primero quién es Hernán Penagos y por qué este hombre de 55 años se ha convertido sin quererlo en la última línea de defensa de la democracia colombiana.

Porque Penagos no es un político, no es un hombre que buscó los reflectores, es simplemente un funcionario público que lleva toda su vida trabajando en la Registraduría Nacional. Hernán Penagos nació en Bogotá en 1971. Creció en un barrio de clase media donde su papá era contador y su mamá profesora de primaria.

Fue un niño tranquilo, estudioso, de esos que siempre hacen las tareas y nunca se meten en problemas. Estudió derecho en la Universidad Nacional. se graduó con honores y en lugar de buscar un trabajo en una firma privada donde podía ganar mucha plata, decidió hacer algo que pocos entienden, entrar a trabajar al servicio público. En 1995, con apenas 24 años, Hernán Penagos entró a la Registraduría Nacional como auxiliar administrativo.

Su trabajo era simple: organizar documentos, archivar papeles, revisar que todo estuviera en orden. Era un trabajo aburrido para muchos, pero Penagos lo amaba porque él creía en algo que hoy suena casi ingenuo. Creía que el estado podía funcionar bien si había gente honesta trabajando en él. Durante 30 años, Penagos subió poco a poco en la Registraduría.

Nunca por contactos políticos, nunca por recomendaciones de poderosos, siempre por mérito, por trabajo duro, por ser el tipo que llegaba primero y se iba último, el que revisaba cada documento dos veces, el que no dejaba pasar ni un error. Sus compañeros lo respetaban, algunos lo admiraban, otros pensaban que era demasiado perfeccionista.

En 2022, cuando Gustavo Petro ganó la presidencia, hubo cambios en muchas instituciones del Estado. Llegaron funcionarios nuevos, algunos competentes, otros no tanto, pero Penagos se mantuvo porque en la Registraduría lo que importa no es tu color político, sino tu capacidad técnica. Y Penagos era el mejor en lo suyo.

Conocía cada proceso, cada norma, cada detalle de cómo funcionan las elecciones en Colombia. Y entonces llegó 2025, el año en que Penagos fue nombrado registrador nacional. No fue una decisión fácil. Hubo debates, hubo propuestas de otros candidatos con más conexiones políticas, pero al final se impuso la lógica. Si querían que las elecciones de 2026 fueran transparentes, necesitaban a alguien que conociera el sistema por dentro, alguien en quien se pudiera confiar.

Ese alguien era Hernán Penagos. Cuando Penagos asumió el cargo en febrero de 2025, sabía que tendría el reto más grande de su vida. Las elecciones de 2026 no eran unas elecciones cualquiera. Eran las elecciones donde Colombia decidiría si seguía por el camino de la izquierda con el petrismo o volvía a la derecha con el uribismo.

Eran elecciones donde el país estaba partido en dos, donde las pasiones estaban a flor de piel, donde cualquier error podía desatar una crisis. Lo primero que hizo Penagos fue prepararse para el proceso de recolección de firmas, porque en Colombia cualquier ciudadano puede ser candidato presidencial sin necesidad de tener un partido político.

Lo único que necesita es recoger firmas, muchas firmas, el respaldo del pueblo expresado en planillas con nombres, cédulas y firmas de colombianos que apoyan esa candidatura. El proceso empezó el 8 de enero de 2025. Ese día se abrió oficialmente el periodo para que cualquier colombiano que quisiera ser presidente pudiera empezar a recoger firmas. El requisito era claro.

Necesitaban recoger firmas equivalentes al menos al 1% del censo electoral. Eso significaba aproximadamente 390,000 firmas válidas, un número enorme, un reto gigante para cualquier candidato. Durante todo el 2025, mientras el país vivía la crisis del gobierno de Petro, mientras explotaban escándalos de corrupción en la Ungre, mientras la economía no crecía y la inseguridad aumentaba, decenas de colombianos soñaban con ser presidente.

Algunos eran políticos conocidos, otros eran empresarios. Algunos eran simples ciudadanos que pensaban que podían cambiar el país y todos empezaron a recoger firmas. Salieron a las plazas, a los parques, a las calles con sus planillas y sus bolígrafos, pidiendo apoyo, prometiendo cambios, vendiendo sueños.

Algunos lo hacían honestamente, otros no tanto. Algunos contrataban equipos profesionales para recoger firmas, otros simplemente pedían favores a amigos y familiares. Penagos observaba todo desde su oficina en la registraduría. Sabía que venía una avalancha de firmas. Sabía que tendría que revisarlas todas una por una para certificar quiénes realmente tenían el apoyo del pueblo y quiénes solo estaban jugando a ser candidatos.

Pero lo que Penagos no sabía, lo que nadie imaginaba, es que algunos estaban preparando el fraude más grande que la Registraduría había visto en su historia. El 21 de diciembre de 2025 se cerró el plazo para entregar firmas. Ese día llegaron a las oficinas de la Registraduría Nacional en Bogotá camiones llenos de cajas, cajas y más cajas con planillas.

 

 

 

 

 

 

Fueron 30 millones de firmas, un número imposible de imaginar. Si usted pusiera todas esas planillas, una encima de otra llegarían más alto que el edificio Colpatria, el más alto de Colombia. Penagos miró todas esas cajas y supo que tenía un trabajo titánico por delante. Revisar 30 millones de firmas en menos de 2 meses porque el 31 de enero de 2026 empieza el periodo de inscripción oficial de candidatos presidenciales.

Y para esa fecha ya tenía que saber quiénes habían cumplido el requisito de firmas y quiénes no. Pero Penagos había preparado bien la estrategia. No iba a revisar esas firmas a mano como se hacía hace 20 años. iba a usar tecnología de punta, inteligencia artificial, sistemas de reconocimiento de patrones, herramientas que podían cruzar cada firma contra el Archivo Nacional de Identificación y contra el censo electoral.

En cuestión de segundos contrató un equipo de 400 funcionarios, personas juiciosas, honestas, capacitadas. les dio capacitación intensiva durante semanas para que supieran exactamente qué buscar, cómo detectar irregularidades, cómo usar las herramientas tecnológicas. Armó también un equipo de expertos en grafología, personas que llevan toda la vida estudiando firmas que pueden detectar con solo mirar si una firma es real o falsa.

Y el 22 de diciembre de 2025 empezó el trabajo día tras día, durante las vacaciones de Navidad, cuando la mayoría de Colombia estaba descansando, los funcionarios de la registraduría trabajaban sin parar, abrían cajas, escaneaban planillas, subían información al sistema, revisaban uno por uno los 30 millones de firmas que habían llegado.

Fueron 22 candidatos los que radicaron firmas. Algunos eran conocidos nacionalmente, como Vicky Dávila, la periodista. Abelardo de la Espr, el abogado famoso, Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá. Otros eran menos conocidos, pero igual tenían derecho a intentarlo. El sistema tenía que revisarlos a todos con el mismo rigor, sin importar si eran famosos o desconocidos.as verificaba, algunas eran válidas, otras no. Eso era esperado. Siempre hay firmas que no cumplen los requisitos. Personas que firmaron pero no están en el censo electoral. Personas que pusieron mal su número de cédula.

Personas que su firma no coincide con la que tienen registrada. Eso es normal. Por eso se pide que traigan más firmas de las necesarias. Pero el 8 de enero de 2026, apenas hace 16 días, pasó algo que cambió todo. Un funcionario de la Registraduría, un hombre joven de 28 años que llevaba apenas dos años trabajando ahí, estaba revisando las firmas de uno de los candidatos cuando vio algo extraño en la pantalla de su computadora.

La misma firma aparecía una y otra vez, 10 veces, 50 veces, 100 veces, todas idénticas, perfectamente idénticas. El funcionario llamó a su supervisor, le mostró la pantalla, el supervisor miró y sintió un escalofrío. Esas firmas no eran reales, eran fotocopias. Alguien había tomado una firma válida. la había fotocopiado cientos de veces y la había pegado en las planillas, pensando que la registraduría no se daría cuenta, pensando que con tantos millones de firmas nadie iba a notar el fraude, pero se equivocaron porque Hernán

Penagos había preparado su equipo para detectar exactamente ese tipo de cosas. La inteligencia artificial estaba programada para buscar patrones, para encontrar repeticiones sospechosas, para marcar cualquier irregularidad. Y las fotocopias eran imposibles de esconder, porque por más buena que sea la fotocopia, siempre deja rastros, siempre tiene pequeñas imperfecciones que el ojo humano no ve, pero que una computadora sí detecta.

El supervisor subió el reporte a sus jefes. Los jefes lo revisaron y confirmaron. Había fraude, fraude descarado, fraude que no intentaba ni siquiera esconderse bien. Alguien había pensado que la registraduría era tonta, que podían llegar con miles de fotocopias y nadie se daría cuenta. Se equivocaron. Pero eso no fue todo.

Dos días después, el 10 de enero, otro funcionario encontró algo diferente, pero igual de grave. estaba revisando las firmas de otro candidato cuando notó que muchas firmas tenían un brillo extraño. Un brillo que las firmas normales hechas con bolígrafo no tienen. Pidió una lupa especial. Miró de cerca y lo confirmó. Esas firmas no estaban hechas con bolígrafo, estaban hechas con impresora láser.

Alguien había diseñado firmas falsas en una computadora, las había impreso con una impresora láser de alta calidad y las había pegado en las planillas. Era un fraude más sofisticado que las fotocopias, pero igual detectable, porque la tinta de una impresora láser es diferente a la tinta de un bolígrafo. Tiene una composición química distinta, se ve diferente bajo luz especial y el equipo de grafólogos de la registraduría podía detectarla sin problema.

Y entonces vino lo peor. El 12 de enero, hace apenas 12 días, un equipo de verificadores estaba contando las firmas de otro candidato. Según las planillas que había entregado, tenía 450,000 firmas suficientes para cumplir el requisito. Pero cuando los verificadores empezaron a contar una por una, se dieron cuenta de algo terrible.

Muchos renglones estaban vacíos, no tenían ni nombre, ni cédula, ni firma. estaban completamente en blanco. Pero en la hoja de resumen que el candidato había entregado, esos renglones vacíos estaban contados como si estuvieran llenos. Alguien había sumado renglones que no existían. Había inflado los números, había mentido descaradamente sobre cuántas firmas realmente tenía.

Cuando terminaron de contar las firmas reales, ese candidato no tenía 450,000, tenía apenas 180,000. ni siquiera la mitad de lo que se necesitaba. Hernán Penagos recibió todos estos reportes en su oficina uno tras otro. Fraude por fotocopia, fraude por impresora láser, fraude por renglones vacíos. Eran tres tipos diferentes de fraude, tres intentos diferentes de engañar al sistema, tres ataques directos a la democracia colombiana.

Penagos sintió rabia, pero también sintió una responsabilidad enorme. Él era el único que podía detener esto. El 15 de enero, Penagos convocó a su equipo más cercano a una reunión de emergencia. Cerró las puertas de su oficina, pidió que nadie los interrumpiera y les dijo algo que todos recordarán para siempre.

Señores, nos están intentando robar las elecciones. Hay gente que cree que puede comprar la democracia con fotocopias y mentiras. Tenemos que tomar una decisión ahora. O dejamos pasar esto y nos hacemos cómplices, o enfrentamos a los que están detrás del fraude y decimos la verdad. Hubo silencio en la oficina.

Todos sabían lo que eso significaba. Si negaban las candidaturas por fraude, vendrían las amenazas, las presiones, los ataques. Los candidatos rechazados dirían que es persecución política, que Penagos está trabajando para alguien, que la registraduría está sesgada, sería una tormenta política gigante.

Pero Penagos ya había tomado su decisión. Vamos a negar todas las candidaturas que tengan fraude comprobado, dijo Penagos. Vamos a publicar los reportes técnicos. Vamos a mostrar las pruebas. Vamos a dejar que Colombia vea exactamente que encontramos. Que cada colombiano decida si queremos un país donde se puede hacer fraude o un país donde la ley se cumple.

Y así empezó el proceso de certificación más polémico de la historia reciente de Colombia. Desde el 21 de diciembre hasta hoy, 25 de enero, la Registraduría ha tomado decisiones sobre 12 de los 22 candidatos que radicaron firmas. Seis fueron aprobados porque cumplieron honestamente con todos los requisitos.

Sus firmas eran reales, sus números eran correctos, tenían el apoyo genuino del pueblo colombiano. Los seis aprobados fueron Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, Vicky Dávila, la periodista más famosa de Colombia, Mauricio Liscano, empresario, David Luna, político con experiencia, Mauricio Cárdenas, economista y exministro, y Santiago Botero, joven político.

Todos ellos podrán inscribirse oficialmente como candidatos presidenciales a partir del 31 de enero. Pero otros seis fueron negados, rechazados. Sus candidaturas no fueron certificadas porque la registraduría encontró irregularidades graves. Fraude comprobado, intentos de engañar al sistema. Penagos no dio los nombres públicamente todavía, pero dijo algo que dejó a todos helados.

Algunos de esos seis candidatos negados habían usado fotocopias, otros habían usado impresiones láser, otros habían inflado sus números con renglones vacíos. Cuando salió la noticia el 16 de enero de que seis candidatos habían sido negados por fraude, Colombia explotó, las redes sociales se incendiaron. Los que fueron negados empezaron a gritar persecución política.

Dijeron que Penagos estaba trabajando para el gobierno de Petro, que la registraduría estaba sesgada, que todo era un montaje para quitarlos de la carrera presidencial. Pero Penagos no se movió, dio entrevistas, mostró las pruebas técnicas, explicó con lujo de detalle cómo funcionaba el sistema de verificación, como la inteligencia artificial detectaba patrones, como los grafólogos revisaban las firmas.

Como era imposible que hubiera error, el fraude estaba comprobado. Las pruebas eran irrefutables. Quien quisiera verlas podía verlas. Y todavía quedan 10 candidatos por definir, porque uno de los 22 se retiró voluntariamente. Entre esos 10 están nombres muy conocidos, Abelardo de la Espriella, el abogado que está subiendo en las encuestas, Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, Luis Gilberto Murillo, político del Valle, Carlos Caicedo de la Costa, todos ellos esperando nerviosamente a que la registraduría termine de revisar sus

firmas y decida si puede o no ser candidatos. Penagos dijo que en los próximos días, antes de que termine enero, tomará decisiones sobre esos 10 candidatos restantes, que revisará con el mismo rigor las firmas de todos, sin importar si son famosos o no, sin importar si tienen encuestas altas o bajas, sin importar si son de izquierda o de derecha, la única pregunta que importa es, ¿cumplieron honestamente con el requisito de firmas o intentaron hacer fraude? Pero mientras Penagos pelea esta batalla en las oficinas de la Registraduría, hay

otra batalla igual de peligrosa ocurriendo en las calles de Colombia. Una batalla que tiene que ver no con firmas falsas, sino con algo mucho peor, con grupos armados ilegales amenazando a la gente para que vote por quien ellos digan, con votos comprados, con democracia coaccionada. El 22 de enero, hace apenas dos días, Álvaro Uribe, el expresidente más poderoso de Colombia, el líder del Centro Democrático, el hombre que sigue mandando en la derecha, aunque ya no tenga ningún cargo oficial, dio una entrevista en Noticias Caracol donde

dijo algo que dejó a todos helados. Los grupos armados ilegales están presionando a la población en varias zonas del país para que voten por Iván Cepeda. Fue una acusación gravísima. Uribe estaba diciendo que el candidato de la izquierda, el candidato de Petro, el hombre que quiere profundizar el cambio, estaba recibiendo apoyo de grupos ilegales.

Estaba diciendo que en 104 municipios de Colombia, más de 100 municipios, había presencia de grupos armados que estaban amenazando, presionando, obligando a la gente a votar por Cepeda. Iván Cepeda respondió inmediatamente. dijo que era mentira, que era una calumnia, que Uribe estaba desesperado porque las encuestas no le favorecen, que estaba inventando cosas para desprestigiarlo.

Pero Uribe no estaba solo en su denuncia, otro político. Roy Barreras, candidato presidencial que también viene del petrismo, pero que se distanció de Petro, hizo una denuncia igual de grave. Roy Barreras dijo públicamente y le pidió intervención directa a Hernán Penagos, que en el departamento del Guaviale, una región al sur de Colombia, donde históricamente ha habido presencia de grupos armados, las disidencias de las FARC, específicamente las disidencias de Calarca, estaban empadronando gente masivamente en ciertos puestos de votación.

Barreras explicó que hay puestos de votación en el Guaviare donde históricamente votan 200 personas. Son puestos pequeños en veredas alejadas, en zonas rurales, pero de pronto en las últimas semanas más de 3,000 personas han inscrito su cédula para votar en esos mismos puestos. Es un aumento de 100%, algo completamente anormal, completamente sospechoso.

¿Qué está pasando ahí? La respuesta que dan Uribe y Barreras es clara. Las disidencias armadas están moviendo gente. Están inscribiendo votantes que no viven ahí. Están preparando el terreno para hacer fraude electoral el día de las elecciones. Están asegurándose de que en esos puestos de votación donde ellos controlan el territorio puedan meter los votos que necesitan para su candidato.

Hernán Penagos escuchó estas denuncias y supo que su trabajo no terminaba con revisar firmas. También tenía que vigilar las inscripciones de cédulas. También tenía que detectar movimientos anormales de votantes. También tenía que trabajar con las fuerzas militares para asegurar que el día de las elecciones la gente pueda votar libremente sin amenazas.

El Ministerio de Defensa ya había identificado 104 municipios con alerta roja en materia de derechos políticos, 104 municipios donde hay presencia de grupos armados ilegales, donde hay riesgo de que amenacen a la gente, donde hay peligro de que coaccionen el voto. Penagos tiene que coordinar con el ejército, con la policía, con todos los organismos de seguridad para garantizar que en esos 104 municipios haya presencia militar el día de las elecciones.

Pero el problema es más grande de lo que parece, porque no se trata solo de poner soldados en las calles, se trata de que la gente vote sin miedo. Y eso es muy difícil en zonas donde los grupos armados viven ahí, donde conocen a cada familia, donde saben dónde vive cada persona, donde pueden tomar represalias después de las elecciones si alguien no votó como ellos dijeron.

Lo que pasó después del 16 de enero cuando Hernán Penagos negó las primeras seis candidaturas por fraude, fue exactamente lo que él esperaba, pero no por eso dolió menos. Empezaron las amenazas, las presiones, los ataques desde todos los frentes, porque en Colombia tocar los intereses de los poderosos siempre tiene un precio y Penagos acababa de cobrarles muy caro.

Los candidatos que fueron negados no aceptaron el resultado en silencio. Salieron a los medios de comunicación a gritar persecución política, a decir que la registraduría estaba sesgada, que Penagos trabajaba para el gobierno de Petro, que todo era un montaje para quitarlos de la carrera presidencial. Algunos incluso dijeron que iban a demandar a Penagos, que lo iban a llevar ante la fiscalía, que no se iban a quedar tranquilos.

Pero Penagos conoce la ley mejor que nadie. Sabe que las decisiones de la registraduría en materia de certificación de firmas son técnicas, no políticas. sabe que presentó todas las pruebas, que documentó cada irregularidad, que cualquier juez que revise el caso verá que el fraude era real, que las fotocopias existían, que las firmas láser estaban ahí, que los renglones vacíos no se pueden negar.

El 17 de enero, un día después de negar las primeras candidaturas, Penagos llegó a su oficina en la Registraduría y encontró algo que lo perturbó. Su secretaria le dijo que durante la noche habían llamado más de 50 veces al teléfono de su oficina. Algunas llamadas eran amenazas directas, voces distorsionadas, diciéndole que tuviera cuidado, que no se metiera con los que no debía, que iba a pagar las consecuencias.

Penagos reportó las amenazas a las autoridades, pidió protección, le asignaron un esquema de seguridad básico, dos escoltas que lo acompañan a todas partes, pero él sabe que eso no es suficiente. En Colombia han matado fiscales, jueces, políticos, periodistas, a pesar de tener escoltas. Cuando los poderosos quieren silenciar a alguien, encuentran la forma de hacerlo.

Pero Penagos no se iba a dejar intimidar. El 18 de enero dio una rueda de prensa donde explicó con lujo de detalle todo el proceso de verificación de firmas, llevó gráficos, llevó estadísticas, llevó ejemplos concretos de las irregularidades encontradas. Mostró en pantalla gigante cómo lucían las fotocopias, cómo se veían las firmas láser, cómo estaban los renglones vacíos contabilizados como llenos.

Fue una rueda de prensa técnica, pero devastadora, porque después de ver esas pruebas era imposible negar que había habido fraude. Los periodistas quedaron convencidos. Los analistas políticos tuvieron que admitir que Penagos tenía razón. Incluso algunos de los que habían criticado la decisión inicial empezaron a cambiar de opinión.

Las pruebas eran irrefutables. Pero mientras Penagos peleaba su batalla contra el fraude de firmas en Bogotá, en las regiones de Colombia estaba pasando algo igual de grave, algo que tiene que ver no con papeles, sino con personas, no con fotocopias, sino con amenazas reales, con grupos armados que están moviendo el tablero electoral antes de que empiecen las votaciones.

Para entender lo que está pasando, hay que entender primero la geografía del poder ilegal en Colombia. Porque aunque el acuerdo de paz de 2016 desmovilizó a las FARARC como grupo guerrillero, no acabó con todos los grupos armados. Quedaron las disidencias, quedaron los grupos que no aceptaron el acuerdo, que siguieron en las armas, que siguieron controlando territorios.

Las disidencias más poderosas están en el sur de Colombia, en departamentos como Guaviare, Caquetá, Putumayo, Meta, zonas selváticas, zonas alejadas, zonas donde el Estado llega poco, donde la presencia militar es débil, donde los grupos armados son prácticamente los que mandan, cobran impuestos ilegales, controlan el narcotráfico, reclutan jóvenes y también deciden cómo vota la gente.

Una de esas disidencias es el grupo de Calarca, llamado así por su comandante, alias Calarca, un exguerrillero de las FARC que nunca se desmovilizó, que tiene bajo su control varias veredas en el Guaviare, que maneja rutas del narcotráfico, que tiene armas, combatientes, recursos y poder sobre las comunidades que viven en esas zonas.

Calarca y su gente saben que las elecciones de 2026 son cruciales. Saben que si gana un candidato de derecha como Abelardo de la Espriella o cualquier otro del Uribismo, vendrá mano dura contra ellos. Vendrán operativos militares, bombardeos, capturas. Se les acabará el negocio. Pero si gana un candidato de izquierda como Iván Cepeda, puede haber diálogo, puede haber negociación, puede haber paz.

Entonces Calarca tomó una decisión. Su grupo va a trabajar para que gane Cepeda, no porque crean en sus ideas, no porque compartan su visión de país, simplemente porque les conviene, porque un gobierno de izquierda les garantiza sobrevivencia, les garantiza que no los van a atacar con toda la fuerza militar, les garantiza que podrán seguir operando en las sombras y la forma de trabajar para que gane Cepeda es simple, pero efectiva.

Primero, controlar los puestos de votación en las zonas donde ellos mandan. Segundo, mover votantes para llenar esos puestos con gente que vote como ellos digan. Tercero, amenazar sutilmente a quien no quiera cooperar. Cuarto, el día de las elecciones asegurarse de que todos voten por Cepeda. Roy Barreras, el candidato presidencial que viene del petrismo, pero que ahora compite contra Cepeda, fue el primero en denunciar públicamente lo que estaba pasando.

Barreras conoce bien esas regiones. Fue senador por años, tiene contactos en todas partes y empezó a recibir reportes alarmantes desde el Guaviare. Le contaron que en veredas, donde normalmente votan 150 o 200 personas, de pronto había más de 3000 personas inscritas para votar. Le contaron que gente de otras regiones estaba llegando a inscribir su cédula ahí.

Le contaron que líderes comunitarios estaban siendo presionados para que trajeran votantes. Le contaron que quien no cooperara tendría problemas. Barreras hizo público todo esto el 20 de enero, hace apenas 5 días, en una entrevista donde le pidió directamente a Hernán Penagos que investigara, que revisara las inscripciones en el Guaviare, que detectara si había transumancia electoral, qué es el término técnico para cuando mueven votantes ilegalmente de un lugar a otro para manipular resultados.

La transumancia electoral es un delito en Colombia. Está prohibido inscribir tu cédula en un lugar donde no vives realmente. El voto debe ser libre y debe ser donde uno reside, no donde te mandan grupos armados. Pero el problema es que es muy difícil de comprobar. Como demuestras que alguien no vive donde dice que vive, como pruebas que lo obligaron a inscribirse ahí.

Penagos tomó muy en serio la denuncia de barreras. ordenó a su equipo técnico que revisara las inscripciones en el Huaviare, que miraran los patrones de inscripción de los últimos meses, que compararan con años anteriores, que buscaran anomalías y lo que encontraron fue preocupante. Efectivamente, había puestos de votación donde las inscripciones habían aumentado de forma desproporcionada.

En un puesto llamado El retorno habían pasado de 180 votantes inscritos en 2022 a más de 2,800 en 2026, un aumento de más de 1,500%. En otro puesto llamado Calamar había pasado algo similar, de 210 votantes a 2,600, aumentos que no tienen explicación demográfica normal. Penagos sabía que esos números eran sospechosos, pero también sabía que legalmente es complicado actuar, porque en las elecciones para Congreso y Presidencia, a diferencia de las elecciones locales, la transumancia electoral no se puede aplicar tan fácilmente. Para Senado la votación es

nacional, para Cámara de Representantes es departamental. Entonces, técnicamente, alguien puede inscribirse en cualquier municipio de su departamento. Además, como demuestras que alguien no vive realmente donde dice que vive, tendrías que hacer visitas casa por casa, verificar domicilios uno por uno y eso es imposible con millones de personas inscritas.

El sistema electoral colombiano no tiene capacidad operativa para hacer ese nivel de verificación. Entonces, Penagos hizo lo único que podía hacer. le envió un reporte detallado al Consejo Nacional Electoral, que es el organismo encargado de tomar decisiones sobre transumancia electoral. Les mostró las cifras, les mostró las anomalías, les dijo, “Aquí hay algo raro, ustedes tienen que investigar.

” Pero el Consejo Nacional Electoral también tiene sus limitaciones, sus tiempos, sus procesos. Mientras tanto, Álvaro Uribe no se quedó callado. El 22 de enero, hace apenas 3 días, Uribe dio esa entrevista en Noticias Caracol, donde hizo la acusación más grave que se puede hacer en una campaña electoral.

Dijo que grupos armados ilegales están presionando a la población en 104 municipios para que voten por Iván Cepeda. Fueron palabras durísimas, palabras que en cualquier democracia normal generarían una investigación inmediata. Uribe no estaba hablando de rumores, estaba hablando de 104 municipios específicos, más de 100 municipios donde, según el aicoo acción del voto, donde grupos ilegales están amenazando, presionando, obligando a la gente.

Iván Cepeda respondió inmediatamente con rabia. Dijo que Uribe estaba mintiendo, que estaba desesperado, que estaba inventando acusaciones sin pruebas porque sabe que va a perder las elecciones. Dijo que era la misma estrategia de siempre. desprestigiar a la izquierda acusándola de aliarse con grupos ilegales.

Dijo que no iba a permitir que lo señalaran sin fundamento. Pero Uribe no estaba solo en su denuncia. El Ministerio de Defensa, que es parte del gobierno de Petro, también había identificado 104 municipios con alerta roja en materia de derechos políticos. 104 municipios donde hay riesgo para la democracia, donde hay presencia de grupos armados, donde puede haber coacción electoral.

Esos municipios están en Caquetá. Guaviare, Putumayo, Meta, Cauca, Nariño, Chocó. El ministro de Defensa había dicho públicamente que en esos 104 municipios iban a desplegar operativos militares especiales para las elecciones, que iban a mandar soldados, que iban a proteger los puestos de votación, que iban a garantizar que la gente pueda votar libremente sin amenazas.

Pero la pregunta que nadie puede responder es, ¿será suficiente? Porque una cosa es poner soldados en las calles el día de las elecciones y otra muy distinta es que la gente vote sin miedo cuando sabe que los grupos armados viven ahí, cuando sabe que los soldados se irán después de las elecciones, pero los grupos se quedarán, cuando sabe que si votan mal pueden tener problemas después.

Hernán Penagos se reunió el 23 de enero hace apenas dos días con la cúpula militar, con generales del ejército, con comandantes de policía, con el ministro de Defensa. Fue una reunión larga, tensa, donde discutieron el plan democracia, qué es el nombre que le dan al operativo de seguridad para las elecciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

En esa reunión, Penagos presentó algo que nadie había visto antes, un mapa de Colombia con todos los puestos de votación marcados. Son 13,504 puestos en todo el país, 125,00 mesas de votación, millones de colombianos que van a salir a votar. Pero lo interesante del mapa es que Penagos había marcado en rojo los puestos problemáticos, los puestos donde hay alertas.

Resultó que muchos de esos puestos rojos están en los 104 municipios que el Ministerio de Defensa ya había identificado, pero también había otros puestos rojos en lugares que nadie esperaba en Antioquia. En el Valle del Cauca, en la costa Caribe, lugares donde no hay presencia tan fuerte de disidencias, pero donde hay presencia de otras estructuras criminales, de grupos dedicados al narcotráfico, de bandas que también tienen interés en las elecciones.

Los generales miraron el mapa y entendieron la magnitud del reto. No se trata solo de mandar soldados a 104 municipios, se trata de proteger cientos de puestos de votación distribuidos por todo el país. Se trata de un despliegue operacional gigantesco. Se trata de mover miles de soldados, de coordinar logística compleja, de anticiparse amenazas que pueden venir de muchos lados.

Penagos les dijo algo que los dejó pensando. Señores, no se trata solo de poner soldados el día de las elecciones. Se trata de que la gente vote libremente. Y para que la gente vote libremente necesita sentirse segura. Necesita saber que si vota por quien quiera no le va a pasar nada después. ¿Cómo garantizamos eso? Fue una pregunta que nadie pudo responder completamente, porque la verdad es que en muchas zonas de Colombia el Estado no tiene control real.

El Estado llega cada 4 años para las elecciones, pone un puesto de votación, manda soldados. ese día la gente vota y después el Estado se va y los grupos armados siguen ahí, siguen mandando, siguen cobrando impuestos ilegales, siguen controlando la vida de la gente. Entonces, la gente aprende a sobrevivir, aprende a votar como le dicen que vote, porque sabe que es más peligroso desobecer a los grupos armados que viven ahí todo el año que desobecer al estado.

Que solo llega un día es una realidad dura, una realidad triste, pero una realidad que nadie puede negar. El general a cargo del operativo le dijo a Penagos que iban a hacer lo mejor posible, que iban a mandar soldados a los 104 municipios con alerta roja, que iban a reforzar la seguridad en los puestos más peligrosos, que iban a trabajar con inteligencia militar para detectar amenazas antes de que pasen.

Pero también fue honesto. Dr. Penagos, podemos proteger los puestos de votación, pero no podemos proteger a cada votante en su casa antes y después de las elecciones. Fue una frase que resumió el problema. Las elecciones en Colombia no son solo un día. Son un proceso largo donde los grupos armados tienen tiempo de presionar, de amenazar, de obligar.

Antes del día de votación ya han hecho su trabajo, ya han dejado claro por quién hay que votar, ya han sembrado el miedo. Mientras todo esto pasaba en Bogotá, en las regiones, los candidatos presidenciales hacían campañas sin saber realmente que tan limpia sería la elección. Iván Cepeda seguía liderando las encuestas con alrededor de 33% de intención de voto.

Abelardo de la Espriella había subido a 27% después del espaldarazo de Uribe. Paloma Valencia se mantenía en 14% peleando por sobrevivir. Cepeda sabía que las acusaciones de Uribe lo estaban dañando, que mucha gente estaba empezando a creer que él tenía vínculos con grupos ilegales, que estaba recibiendo apoyo de las disidencias.

Entonces salió a dar entrevistas, a hacer declaraciones, a negar todo. Dijo que nunca ha hablado con grupos armados, que nunca ha pedido su apoyo, que si alguien vota por él es por convicción, no por amenaza. Pero las acusaciones habían hecho daño. En las encuestas que salieron después del 22 de enero se veía que Cepeda había bajado dos puntos.

Ahora estaba en 31%, seguía siendo el favorito, pero ya no con tanta ventaja. Abelardo había subido a 28%, se estaba acercando peligrosamente y Paloma se mantenía en 14% esperando un milagro. Abelardo de la Espriella aprovechó las acusaciones de Uribe para atacar a Cepeda sin piedad. En cada evento de campaña, en cada entrevista, Abelardo repetía, “¿Por qué los grupos armados quieren que gane Cepeda? ¿Por qué están presionando en 104 municipios para que voten por él? ¿Qué pacto secreto hay ahí? El pueblo colombiano merece respuestas.

Eran preguntas poderosas, preguntas que resonaban con mucha gente, especialmente con los que ya desconfiaban de la izquierda. Los que pensaban que el petrismo había sido muy blando con los grupos armados, los que querían mano dura, seguridad, orden. Abelardo estaba conectando con ese sentimiento. Estaba capitalizando el miedo que muchos colombianos sienten.

Paloma Valencia también atacaba a Cepeda, pero desde otro ángulo. Ella decía que el problema no era solo Cepeda, el problema era todo el petrismo, todo el gobierno de Petro, que había dejado que los grupos armados crecieran, que había negociado con ellos, que había sido débil, que había permitido que retomaran territorios.

Paloma prometía que si ella ganaba iba a acabar con las disidencias militarmente, sin contemplaciones. Pero Paloma tenía otro problema. El 20 de enero había salido una noticia que la golpeó duro. Dos exministros del gobierno de Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, habían sido capturados en diciembre de 2025 acusados de corrupción en el escándalo de la UMRE y acababan de ser enviados a la cárcel formalmente.

Ese escándalo de corrupción seguía creciendo, seguía manchando al gobierno de Petro y por extensión a Iván Cepeda, porque Cepeda era el candidato de Petro, era el que quería continuar ese gobierno. Entonces, la pregunta que mucha gente se hacía era, si votamos por Cepeda, ¿vamos a tener 4 años más de corrupción como la de la Ungra? Cepeda intentaba distanciarse del escándalo.

Decía que él no era Petro, que él tenía su propia visión, que si ganaba iba a limpiar el gobierno, que iba a meter presos a los corruptos. Pero era difícil convencer a la gente porque al final Cepeda era parte del mismo movimiento, del mismo proyecto político. El 24 de enero, mientras Colombia seguía procesando todas estas noticias, mientras Penagos seguía revisando las últimas firmas de candidatos, mientras los militares planeaban el operativo de seguridad, mientras los candidatos seguían en campaña, pasó algo que nadie

esperaba. Un líder comunitario del Guaviare, un hombre de 45 años que lleva toda su vida viviendo en esa región, que conoce a la gente, que ha trabajado en proyectos sociales, decidió romper el silencio. Decidió hablar públicamente de lo que está pasando, aunque sabe que puede costarle la vida.

dio una entrevista en un medio regional donde contó todo. Dijo que es verdad que las disidencias de Calarca están presionando a la gente. Dijo que en las veredas donde ellos mandan han hecho reuniones obligatorias con los líderes comunitarios, reuniones donde les han dicho claramente, “En estas elecciones se vota por Cepeda. Quien vote por otro va a tener problemas.

” dijo que a algunos les han ofrecido plata, a otros los han amenazado sutilmente. Dijo que muchas de las inscripciones nuevas en los puestos de votación son reales. Son personas que sí existen, pero que no viven realmente ahí. Son personas de otras veredas, de otros municipios, a las que movieron para que se inscribieran en puestos específicos donde las disidencias tienen control.

Todo coordinado, todo planeado, todo para asegurar que el día de las elecciones esos puestos voten masivamente por Cepeda. Dijo que los soldados que lleguen el día de las elecciones no van a poder hacer mucho porque para ese momento la gente ya estará amenazada, ya sabrá que tiene que votar por Cepeda.

No van a necesitar tener soldados ahí obligándolos a votar. El miedo ya estará sembrado, el mensaje ya estará claro y la gente votará como le dijeron que votara. Fue un testimonio devastador, un testimonio que confirmaba todo lo que Uribe y Barreras habían denunciado. Cuando el vídeo de esa entrevista empezó a circular en redes sociales, el país explotó.

La gente compartía el vídeo, lo comentaba. Algunos decían que era verdad. Otros decían que el líder estaba mintiendo, que lo habían pagado para decir eso, que era montaje. Cepedas salió inmediatamente a desmentir. Dijo que ese líder comunitario era conocido por ser de derecha, que había trabajado antes con políticos uribistas, que lo que estaba diciendo era mentira, que no había ninguna prueba real, pero el daño ya estaba hecho.

El vídeo ya había sido visto por millones, la duda ya estaba sembrada. Hernán Penagos vio el vídeo y supo que tenía que actuar. no podía quedarse callado ante una denuncia tan grave. Entonces, el 24 de enero en la tarde, ayer, dio una declaración pública donde dijo algo muy importante. La Registraduría está revisando todas las denuncias de presión sobre votantes.

Estamos trabajando con el Consejo Nacional Electoral, con el Ministerio de Defensa, con la Procuraduría para investigar cada caso. Penagos también dijo algo que sorprendió a muchos. Si encontramos pruebas contundentes de que en algún puesto de votación hubo manipulación masiva de inscripciones, si comprobamos que hubo coacción organizada, tenemos la facultad de tomar medidas.

Podemos cancelar inscripciones, podemos mover puestos de votación, podemos hacer lo que sea necesario para proteger la democracia. Fue una advertencia clara. Penagos estaba diciendo que no se iba a quedar de brazos cruzados, que si las disidencias pensaban que iban a manipular las elecciones sin consecuencias se equivocaban.

que él iba a usar todas las herramientas legales que tiene para frenarlos, pero también fue una promesa difícil de cumplir. Porque, ¿cómo pruebas coacción? Como demuestras amenazas que se hacen en veredas alejadas donde no hay cámaras, no hay testigos que quieran hablar. Y mientras todo esto pasaba, mientras Colombia vivía esta guerra invisible por el control de las elecciones, los candidatos seguían haciendo campaña.

La gente seguía viendo noticias sin saber realmente qué creer y el tiempo seguía corriendo, porque faltan apenas 43 días para las elecciones de Congreso del 8 de marzo y 103 días para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. La pregunta que nadie puede responder es si Hernán Penagos con todo su equipo, con toda su tecnología, con toda su voluntad de hacer las cosas bien, podrá realmente garantizar que las elecciones sean limpias, que la gente vote libremente, que el fraude no se imponga, o si al final las manos invisibles que

mueven el tablero terminarán decidiendo quién será el próximo presidente de Colombia. Lo que nadie le dice a un funcionario público cuando decide hacer las cosas bien es que va a terminar solo, completamente solo, enfrentando a enemigos que tienen más poder, más dinero, más conexiones, más formas de hacerle daño.

Y eso es exactamente lo que le está pasando a Hernán Penagos en estos días de enero de 2026, después de negar seis candidaturas por fraude, después de denunciar las irregularidades en el Guaviare, después de prometir elecciones limpias, la mañana del 24 de enero, Penagos se despertó temprano, como siempre, a las 5 de la mañana.

Se preparó un café, revisó las noticias en su celular y vio algo que le el heló la sangre. Durante la noche alguien había publicado en redes sociales su dirección personal, la dirección de su casa en Bogotá, donde vive con su esposa y sus dos hijos. Era una amenaza velada pero clara. Le estaban diciendo, “Sabemos dónde vives. Sabemos dónde está tu familia.

” Penagos llamó inmediatamente a su esquema de seguridad. Pidió que reforzaran la vigilancia en su casa. Pidió que movieran a su familia a un lugar seguro temporalmente. Su esposa estaba asustada. Sus hijos no entendían por qué tenían que irse de la casa. Penagos les explicó que era por precaución, que todo iba a estar bien, pero por dentro sentía una rabia enorme, una impotencia terrible.

Porque así funciona el poder en Colombia. Cuando no pueden vencerte con argumentos, te atacan con amenazas. Cuando no pueden derrotarte legalmente, van por tu familia. Cuando no pueden comprarte, intentan quebrarte con miedo. Es un juego sucio, un juego viejo, un juego que Penagos conocía, pero que nunca pensó que le tocaría vivir en carne propia.

Esa misma mañana del 24 de enero, Penagos tenía programada una reunión crucial con los últimos candidatos que todavía están esperando que la registraduría certifique o niegue sus firmas. Son 10 candidatos, entre ellos nombres muy conocidos como Abelardo de la Espriella, Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, todos ellos nerviosos, todos esperando el veredicto que puede acabar o impulsar sus aspiraciones presidenciales.

La reunión fue en las oficinas de la Registraduría, un edificio gris en el centro de Bogotá que ha visto pasar décadas de historia electoral colombiana. Penagos llegó acompañado de su equipo técnico. Llevaba carpetas con reportes, con estadísticas, con los resultados de la verificación de firmas. Sabía que algunos de los que estaban en esa sala iban a recibir buenas noticias y otros iban a salir furiosos.

Empezó hablando Abelardo de la Espriella, el abogado de Barranquilla que se ha convertido en el fenómeno electoral del momento. Abelardo llegó a esa reunión con su equipo de abogados, con su jefe de campaña, con una actitud entre confiada y nerviosa, porque él sabe que su campaña recolectó muchas firmas, más de 500,000 según sus cálculos, pero también sabe que después de lo que pasó con los otros seis candidatos, nada está garantizado.

Penagos abrió la carpeta con el reporte de Abelardo y lo miró a los ojos. Hubo un silencio incómodo de unos segundos que se sintieron eternos. Y entonces Penagos dijo algo que hizo que Abelardo respirara aliviado. Doctor de la espriella. Sus firmas han sido verificadas. Cumple con todos los requisitos.

Tiene 487,000 firmas válidas. Su candidatura está certificada. Puede inscribirse oficialmente a partir del 31 de enero. Abelardo sonrió. Su equipo se abrazó. había pasado la prueba. Era oficialmente candidato presidencial por grupo significativo de ciudadanos. Ya no había vuelta atrás. Estaba en la carrera. Podía competir de igual a igual con cualquier candidato de partido tradicional.

Era un triunfo enorme para un hombre que hace apenas dos años nadie consideraba como político serio. Pero la alegría de Abelardo contrastaba con la tensión de los otros que seguían esperando. Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá que terminó su periodo en diciembre de 2023. estaba y también esperando su turno. Claudia es una mujer dura, acostumbrada a las batallas políticas, pero ese día se la veía nerviosa, inquieta.

Cuando Penagos abrió la carpeta con el reporte de Claudia, la expresión de su cara cambió. Era una expresión seria, preocupada, y entonces dijo algo que Claudia no quería escuchar. Doctora López, hemos encontrado irregularidades en su proceso de recolección de firmas. Nuestro sistema detectó que aproximadamente 45,000 de las firmas que usted presentó tienen inconsistencias graves, firmas repetidas, firmas de personas fallecidas, firmas con números de cédula inexistentes.

Claudia se puso pálida, intentó protestar, dijo que eso era imposible, que su equipo había trabajado limpiamente, que debe haber un error en el sistema. Pero Penagos le mostró las pruebas, le mostró en la computadora ejemplos concretos de las irregularidades, le mostró firmas que aparecían dos, tres, cinco veces, le mostró nombres de personas que, según el registro civil, habían muerto años atrás.

Penagos le explicó que después de descontar las 45,000 firmas irregulares, Claudia solo tenía 362, firmas válidas y necesitaba 390,000. Le faltaban 28,000. No cumplía el requisito. Su candidatura no podía ser certificada. Estaba fuera de la carrera presidencial antes de que empezara oficialmente. Claudia explotó.

empezó a gritar que era persecución política, que Penagos estaba trabajando para el petrismo, que le estaban robando su derecho a ser candidata. Su equipo de abogados amenazó con demandar, con llevar el caso a tribunales, con hacer un escándalo mediático, pero Penagos se mantuvo firme. Las pruebas estaban ahí, las irregularidades eran reales, la decisión era técnica, no política.

Fue una escena tensa, incómoda, que mostró el lado oscuro de la política colombiana. Porque las irregularidades en las firmas de Claudia no fueron accidente. Alguien en su equipo había intentado hacer fraude. Había inflado los números con firmas falsas pensando que nadie se daría cuenta. Y ahora Claudia pagaba las consecuencias.

Después de Claudia vinieron otros candidatos. Luis Gilberto Murillo, político del Valle con experiencia internacional, pasó la prueba. Sus firmas fueron certificadas. Carlos Caicedo, exgobnador de la Guajira, también pasó. Sus números eran correctos, pero otros dos candidatos, cuyos nombres penagos no quiso revelar públicamente fueron negados por irregularidades similares a las de Claudia.

Al final de esa reunión, que duró casi 4 horas, el balance era claro. De los 22 candidatos que habían radicado firmas, 12 fueron certificados. pueden ser candidatos presidenciales y 10 fueron negados por no cumplir requisitos o por fraude comprobado. Es un número histórico. Nunca antes la registraduría había negado tantas candidaturas.

Nunca antes se había detectado tanto fraude en un solo proceso. Los 12 candidatos certificados son Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Mauricio Liscano, David Luna, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, Abelardo de la Espriella, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo y tres más cuyos nombres se conocerán públicamente en los próximos días.

Todos ellos podrán inscribirse oficialmente como candidatos presidenciales a partir del 31 de enero, que es cuando se abre el periodo de inscripciones. Pero estos 12 candidatos por firmas no son los únicos que estarán en la carrera presidencial. También están los candidatos de partidos políticos tradicionales, los que no necesitan recoger firmas porque tienen aval de partido. Ahí están los pesos pesados.

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