ABELARDO DE LA ESPRIELLA ORDENA OPERATIVOS Y DEPORTACIONES DE MIGRANTES IRREGULARES EN COLOMBIA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA ORDENA OPERATIVOS Y DEPORTACIONES DE MIGRANTES IRREGULARES EN COLOMBIA
🚨 La política migratoria colombiana entra en una nueva etapa.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció operativos que comenzarán esta semana y dejó clara la prioridad de su Gobierno.
La medida ya genera debate por sus posibles efectos jurídicos y humanitarios.
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía para identificar a extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular y avanzar en procesos de deportación.
El anuncio fue realizado durante un consejo de seguridad en Barranquilla y representa uno de los primeros pasos concretos de la política migratoria de línea dura que el mandatario había defendido durante su campaña.
La instrucción presidencial establece un orden de prioridades.
En primer lugar estarán los extranjeros que, según las autoridades, estén involucrados en actividades delictivas y, posteriormente, quienes permanezcan en el país sin haber regularizado su situación migratoria.
“La orden a Migración es clara, y ahorita lo llamamos, y será que empiecen los operativos coordinados con la Policía”, afirmó De la Espriella durante el encuentro.
El mandatario agregó que la finalidad será “dar con los inmigrantes ilegales, primero los que están cometiendo delitos; segundo, los que no tienen regularizada su situación, y en el término de la distancia tendrán que ser deportados”.
En otro momento de su intervención, el presidente fue todavía más directo: “Aquí no voy a aceptar migración ilegal”.
También resumió la orientación de su Gobierno con una consigna que ha utilizado para defender su política de seguridad: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.
La medida supone un cambio importante frente a la política migratoria que Colombia había desarrollado durante la última década, especialmente ante la llegada masiva de ciudadanos venezolanos.
El país implementó mecanismos de regularización y protección para una población que huyó de la crisis económica, política y social de Venezuela.
De acuerdo con cifras recientes citadas por medios colombianos, en el país viven cerca de 2,8 millones de venezolanos, aunque el número de personas en situación irregular varía según la fuente y la fecha de corte.
Precisamente, uno de los puntos que genera mayor discusión es la diferencia entre encontrarse en situación migratoria irregular y haber cometido un delito.
No contar con documentación o con un estatus migratorio regularizado no significa, por sí mismo, que una persona sea delincuente.
Por ello, la ejecución de los operativos deberá diferenciar cada situación y aplicar los procedimientos administrativos correspondientes.
El anuncio también ha despertado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y sectores políticos que consideran que asociar migración irregular con criminalidad puede contribuir a la estigmatización de una población vulnerable.
La discusión no gira únicamente alrededor de la facultad del Estado para controlar sus fronteras, sino también sobre la manera en que se llevarán a cabo las identificaciones, detenciones y eventuales deportaciones.
La legislación colombiana contempla procedimientos específicos para las medidas migratorias, por lo que el anuncio presidencial no significa que todas las personas en situación irregular puedan ser expulsadas automáticamente sin que se revise individualmente cada caso.
Las autoridades tendrán que determinar las circunstancias de cada extranjero y aplicar las garantías y procedimientos que correspondan.
El propio Gobierno ha presentado la decisión como una medida de seguridad y control migratorio.
En su pronunciamiento oficial, la Presidencia señaló que la migración irregular forma parte de los asuntos incluidos dentro de la nueva estrategia de seguridad nacional.
El contexto venezolano hace que el alcance de la decisión sea especialmente significativo.
Colombia ha sido durante años uno de los principales destinos de la migración procedente de Venezuela y había construido una política que buscaba facilitar la regularización de millones de personas.
El giro anunciado por De la Espriella introduce ahora un discurso centrado en control, deportación y prioridad nacional.
La primera aplicación de esta nueva directriz tendrá lugar en medio de un escenario que todavía debe definirse en la práctica.
El Gobierno ha anunciado que los operativos comenzarán esta semana, pero será su ejecución la que permita establecer cuántas personas serán identificadas, cuáles casos terminarán en procesos de deportación y qué procedimientos se aplicarán.
Por ahora, lo confirmado es que el presidente ordenó a Migración Colombia y a la Policía coordinar los operativos y priorizar a extranjeros vinculados presuntamente con delitos, antes de abordar los casos de quienes no hayan regularizado su permanencia.
La decisión marca así el comienzo de una nueva etapa en la política migratoria colombiana.
El Gobierno sostiene que busca recuperar el control y garantizar la seguridad de los ciudadanos, mientras sus críticos advierten que la aplicación de la medida deberá evitar que la irregularidad migratoria sea tratada como sinónimo de criminalidad.
“Se van, es una decisión política”, afirmó De la Espriella al defender su postura.
Ahora corresponderá a las autoridades convertir esa decisión política en actuaciones administrativas concretas, dentro del marco jurídico colombiano y con la revisión individual de cada caso.
Descargo de responsabilidad: Este contenido puede haber sido creado por IA con fines de entretenimiento.
Cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales es pura coincidencia.
