Martínez y el profesor Shamel destaparon el negocio que tanto defienden Uribe y Paloma Valencia

🚨 Millones de pesos circulan entre contratos, subcontratos y empresas privadas mientras los pacientes siguen enfrentando demoras y dificultades para recibir atención.

Lo que revelaron Félix Martínez y el profesor Shamel expone una realidad que ha desatado un intenso debate nacional.

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La discusión sobre la crisis financiera del sistema de salud colombiano volvió a encenderse luego de que el director de la ADRES, Félix Martínez, y el profesor Shamel pusieran sobre la mesa una de las preguntas más incómodas del debate nacional: ¿a dónde termina yendo el dinero destinado a la atención de los pacientes?

El análisis presentado por ambos se centra en un fenómeno que, según explican, se ha convertido en una de las principales fuentes de ineficiencia del modelo actual: la extensa cadena de intermediarios que participan en la prestación de los servicios médicos.

El caso expuesto parte de un paciente con enfermedad renal crónica.

Para atenderlo, una EPS debe contratar servicios especializados con compañías privadas dedicadas al tratamiento de enfermedades renales.

En este proceso intervienen múltiples actores que prestan servicios específicos, desde procedimientos médicos y medicamentos hasta exámenes diagnósticos, hospitalización, alimentación y logística hospitalaria.

Cada uno de esos eslabones representa un contrato adicional y, al mismo tiempo, una nueva utilidad empresarial.

El resultado, según los críticos del modelo, es que una parte significativa de los recursos termina absorbida por los costos administrativos y las ganancias de los distintos intermediarios antes de llegar directamente a la atención del paciente.

Durante una intervención que rápidamente se volvió viral, Félix Martínez explicó lo que considera uno de los mayores problemas estructurales del sistema.

“O sea, es el sistema, es esta forma de funcionar que se organizó con las EPS y las IPS, donde además hay muchos intermediarios”, afirmó.

Martínez describió una cadena en la que el Estado contrata con las EPS, las EPS con uniones temporales o prestadores, estos con hospitales, los hospitales con servicios especializados y, finalmente, estos últimos con más empresas o profesionales para ejecutar la atención.

“Cuando tú pasas por seis intermediaciones la plata y cada uno se quiere llevar un 10 %, ¿cuánto te queda efectivo para prestar servicios?”, cuestionó el director de la ADRES.

Según su análisis, la multiplicación de contratos y subcontratos genera una reducción progresiva de los recursos disponibles para la atención directa de los usuarios.

“Eso no es eficiente, eso es lo más ineficiente del mundo”, aseguró.

El debate se intensificó al conocerse ejemplos de empresas que participan en distintas etapas del proceso asistencial.

Desde unidades renales y operadores farmacéuticos hasta laboratorios clínicos, servicios de alimentación hospitalaria, seguridad privada, manejo de residuos y plataformas tecnológicas de contratación, todos forman parte de una compleja red de proveedores que opera alrededor del sistema.

Para los defensores de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno, este modelo demuestra que una porción considerable de los recursos públicos termina distribuida entre numerosos actores privados que buscan obtener rentabilidad.

Los sectores que respaldan la permanencia del sistema actual sostienen, por el contrario, que la participación de empresas especializadas permite una mayor capacidad operativa y una atención más amplia para millones de colombianos.

Sin embargo, las críticas se han concentrado en los costos que genera esa estructura y en el impacto que tiene sobre la sostenibilidad financiera del sistema.

El profesor Shamel también ha insistido en que el problema no puede reducirse únicamente a la falta de recursos.

A su juicio, el verdadero debate debe centrarse en la manera en que esos recursos son administrados y distribuidos entre los distintos actores que intervienen en la cadena de prestación de servicios.

Mientras tanto, las cifras continúan alimentando la controversia.

Los costos asociados a tratamientos complejos, medicamentos especializados, hospitalizaciones y servicios complementarios representan miles de millones de pesos cada año.

Para los críticos del modelo, el problema no es únicamente cuánto dinero entra al sistema, sino cuántas manos lo reciben antes de que llegue al paciente.

“Al final el derecho a la salud queda reducido, queda reducida la plata real para prestar servicios”, concluyó Martínez durante su intervención.

Las declaraciones han reavivado una discusión que divide al país desde hace años.

De un lado están quienes consideran que las EPS y la red de contratistas son indispensables para el funcionamiento del sistema.

Del otro, quienes sostienen que la excesiva intermediación se ha convertido en un negocio multimillonario que consume recursos que deberían destinarse directamente a la atención médica.

Lo cierto es que el debate ya no gira únicamente alrededor de la existencia o no de las EPS.

La discusión ahora apunta al corazón mismo del modelo: una estructura de contratación que, según sus críticos, ha permitido que numerosos actores obtengan ganancias mientras el sistema continúa enfrentando problemas financieros, hospitales con dificultades presupuestales y pacientes que siguen esperando una atención oportuna y de calidad.