Un altercado en el sector del Parkway de Bogotá profundiza la brecha entre el Pacto Histórico y los sectores de oposición. La Alcaldía defiende la actuación de los equipos de seguridad privados frente a lo que calificó como “actos de provocación”.

La campaña hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia, programada para el próximo domingo 21 de junio de 2026, ha ingresado en una fase de extrema polarización y alerta institucional.

Un grave incidente registrado en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, ha desencadenado un duro enfrentamiento verbal entre el jefe de Estado, Gustavo Petro, y las directivas de la campaña del candidato de oposición, Abelardo de la Espriella, obligando a la intervención de las autoridades judiciales y distritales.

Los hechos ocurrieron en el Parkway, donde activistas de la campaña de Iván Cepeda realizaban una jornada de difusión política.

Según las denuncias validadas por la congresista María Fernanda Carrascal, un ciudadano simpatizante del proyecto derechista desenfundó un arma de fuego con el fin de intimidar a los manifestantes progresistas.

El suceso, registrado en video por los presentes, muestra al individuo guardando el artefacto entre sus ropas civiles mientras recibe reclamos de la multitud.

“Como presidente de la República, le solicito al señor Abelardo de la Espriella poner fin al discurso de odio. Si no se responsabiliza de la palabra, va a causar un daño irreparable a la ciudadanía como en el pasado. Nadie en campaña debe ir armado. El debate político es sobre argumentos e inteligencia y no sobre la fuerza”, manifestó el presidente Petro a través de sus canales oficiales, solicitando directamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional la captura inmediata del sospechoso.

El incidente ha reavivado el debate nacional sobre las reformas estructurales que propone la candidatura de De la Espriella.

El aspirante presidencial ha manifestado abiertamente su intención de legalizar y flexibilizar el porte de armas de fuego para la ciudadanía como medida de defensa personal.

Sectores alternativos advierten que este enfoque, sumado a las promesas de reducción drástica del aparato estatal mediante el despido masivo de más de 700.000 empleados públicos, plantea un escenario de desestabilización social e inconstitucionalidad.

Paralelamente, se han denunciado presuntos actos de hostigamiento sistemático dentro del Congreso de la República.

Parlamentarios del Pacto Histórico, como Alfredo Mondragón, señalaron de manera directa a influenciadores de oposición, entre ellos el activista Munir Cárdenas —vinculado presuntamente a credenciales de ingreso otorgadas por el partido Centro Democrático y la congresista Marelen Castillo—, de instrumentalizar las redes sociales para amedrentar a líderes progresistas mediante montajes y confrontaciones físicas planificadas.

La respuesta de la administración local ha generado profundas discrepancias con el Palacio de Nariño.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá, bajo la directriz del alcalde Carlos Fernando Galán, emitió un balance oficial en el que contextualizó el suceso como una reacción ante el bloqueo e intimidación sufridos en una de las sedes de la campaña de De la Espriella por parte de manifestantes externos.

De acuerdo con el comunicado distrital, el personal del Parkway actuó en “actitud preventiva sin que se produjera ningún choque” estructural o físico, logrando restablecer el orden público mediante la articulación de la Policía Metropolitana y los equipos de seguridad privada.

Por su parte, el exministro José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, rechazó las acusaciones del oficialismo y devolvió los señalamientos, tildando la campaña de Cepeda como un movimiento enfocado en el “resentimiento social y la agitación callejera”.

Restrepo exhortó a los líderes del Pacto Histórico a desautorizar lo que denominó como “motines violentos” orientados a sabotear el ejercicio democrático en las sedes de la oposición en la capital.