En medio de una creciente tensión política y social en Bolivia, el debate sobre la posible aplicación de un estado de excepción volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública.

La discusión no solo gira en torno a la capacidad del gobierno para recuperar el control frente a los conflictos y bloqueos que afectan distintas regiones del país, sino también sobre los límites constitucionales, el rol de las Fuerzas Armadas y la polémica en torno a la Ley 1341, normativa que regula precisamente este mecanismo extraordinario.

Durante un amplio debate televisivo, especialistas en derecho constitucional, seguridad del Estado y análisis político coincidieron en que Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.

Sin embargo, las diferencias aparecieron cuando se discutió si un estado de excepción realmente ayudaría a devolver la estabilidad o, por el contrario, podría profundizar aún más la crisis.

El abogado constitucionalista Fabricio Góngora explicó que el estado de excepción es una figura prevista por la Constitución Política del Estado y que permite al presidente adoptar medidas extraordinarias en casos de conmoción interna, desastres naturales o amenazas externas.

Según remarcó, existe una interpretación equivocada entre parte de la población que considera que esta herramienta otorga “carta blanca” al Gobierno para actuar sin límites.

“El estado de excepción no significa suspensión absoluta del Estado de derecho”, sostuvo.

Aclaró además que incluso bajo esta medida continúan vigentes derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y las garantías judiciales básicas.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue la controvertida Ley 1341, aprobada en 2020.

Esta norma establece los procedimientos y alcances para la aplicación de estados de excepción en Bolivia.

Aunque recientemente el Senado avanzó en su abrogación, varios expertos cuestionan que se elimine una ley sin contar previamente con una alternativa jurídica que la sustituya.

Para Góngora, la existencia de esta ley no limita la autoridad presidencial, sino que cumple con un mandato constitucional.

Recordó que la propia Constitución señala que los estados de excepción deben estar regulados mediante ley, por lo que eliminar la única norma vigente podría generar un vacío jurídico peligroso.

“El presidente puede decretar un estado de excepción con o sin la ley, porque es una facultad constitucional.

Pero la regulación es necesaria para establecer controles, procedimientos y límites claros”, señaló el jurista.

La normativa actual establece que el mandatario debe comunicar oficialmente la declaratoria a la Asamblea Legislativa en un plazo de 24 horas.

Posteriormente, el Legislativo tiene hasta 72 horas para aprobar, rechazar o incluso modificar parcialmente el decreto presidencial.

Para algunos sectores políticos, precisamente este mecanismo de control parlamentario es visto como un obstáculo para una reacción rápida del Ejecutivo ante escenarios de crisis.

Sin embargo, desde la mirada constitucional, estos controles son indispensables para evitar abusos de poder.

El politólogo Daniel Valverde aportó una perspectiva más política y social al debate.

Desde Santa Cruz, advirtió que el país enfrenta una situación de convulsión que se ha expandido por varias regiones y que un estado de excepción podría terminar teniendo un “efecto boomerang”.

A su juicio, el Gobierno todavía no ha logrado reconstruir puentes de diálogo con sectores que anteriormente respaldaban su proyecto político y hoy encabezan protestas y bloqueos.

Considera que recurrir a medidas extraordinarias podría aumentar el desgaste del Ejecutivo y generar una mayor radicalización.

“El estado de excepción puede ofrecer una sensación temporal de control, pero no garantiza gobernabilidad a mediano ni largo plazo”, afirmó.

Valverde también remarcó que Bolivia atraviesa un escenario extremadamente complejo, donde la falta de concertación política ha debilitado al Gobierno apenas meses después de iniciar su gestión.

Según su análisis, el problema ya no es solamente de seguridad, sino de legitimidad y capacidad de conducción política.

El especialista recordó además que organismos como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo e incluso líderes internacionales han insistido en la necesidad de privilegiar el diálogo antes que medidas coercitivas.

En paralelo, el experto en seguridad del Estado Omar Durán expuso un panorama preocupante sobre la situación actual de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Desde su experiencia militar, aseguró que las instituciones castrenses atraviesan una profunda crisis logística y operativa.

Durán sostuvo que actualmente las Fuerzas Armadas no cuentan con suficientes recursos, equipamiento ni liderazgo para enfrentar una situación de alta conflictividad social.

Incluso afirmó que muchos comandantes actúan con temor ante posibles responsabilidades legales derivadas de operativos represivos.

“Los militares han sido entrenados para enfrentar enemigos, no para controlar conflictos sociales internos”, explicó.

El analista también cuestionó que efectivos militares ya estén participando en ciertas operaciones de seguridad pese a que, según la legislación vigente, el control del orden público corresponde principalmente a la Policía Boliviana.

Solo en caso de que la policía sea sobrepasada oficialmente, las Fuerzas Armadas podrían intervenir de manera subsidiaria.

Otro aspecto que generó preocupación fue la posibilidad de que el país entre en una dinámica de confrontación cada vez más peligrosa.

Los bloqueos continúan extendiéndose en distintas regiones, mientras crece la presión sobre el Gobierno para encontrar soluciones rápidas.

Aunque algunos sectores ciudadanos apoyan medidas más duras para restablecer la circulación y el orden, otros temen que una declaratoria de estado de excepción termine agravando la crisis institucional y social.

Según una encuesta presentada durante el programa, una mayoría de los participantes manifestó apoyo a la posibilidad de aplicar un estado de excepción si esto garantiza el abastecimiento y la seguridad.

Sin embargo, también existe un sector importante que rechaza completamente esta alternativa.

El debate refleja el delicado momento que vive Bolivia: un país atrapado entre la urgencia de recuperar la estabilidad y el temor de que las medidas excepcionales terminen debilitando aún más la democracia y las instituciones.

Por ahora, el Gobierno mantiene públicamente el discurso del diálogo.

Pero mientras los conflictos continúan creciendo y la presión social aumenta, la posibilidad de un estado de excepción deja de ser una hipótesis lejana y comienza a instalarse como una opción real dentro del tablero político boliviano.