El excanciller Álvaro Leyva Durán publicó una contundente carta donde vaticina el triunfo presidencial de Abelardo de la Espriella en primera vuelta y asegura que el mandatario Gustavo Petro busca descarrilar dicha candidatura para proteger su propio futuro judicial

A menos de una semana para la apertura de las urnas el próximo domingo 31 de mayo de 2026, el escenario político colombiano ha registrado un sismo institucional de consecuencias impredecibles.

La publicación de una extensa y contundente carta de ocho párrafos firmada por el excanciller Álvaro Leyva Durán, quien hasta hace pocos meses era uno de los pilares más incondicionales del actual gobierno de Gustavo Petro, ha dinamitado los puentes entre el oficialismo y los sectores de la oposición.

Leyva Durán, actualmente sancionado e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación debido a las irregularidades contractuales en la licitación de los pasaportes y bajo una reciente imputación de cargos por parte de la Fiscalía General, asumió un crudo rol de analista político para lanzar una conjetura que ha sacudido las bases del Pacto Histórico.

Según el exministro de Relaciones Exteriores, el presidente Gustavo Petro es plenamente consciente de que su futuro personal y su libertad tras abandonar el Palacio de Nariño dependen de forma absoluta de la identidad de su sucesor, razón por la cual ha desplegado una agresiva campaña institucional orientada a descarrilar la candidatura del líder de la derecha radical, Abelardo de la Espriella.

En su misiva, titulada como una propuesta directa al país frente a los inminentes comicios, el otrora aliado gubernamental confesó haber descubierto lo que calificó como la vileza y la degradación interna del proyecto político actual, señalando que el ambiente putrefacto del Ejecutivo lo obligó a romper el silencio a un altísimo costo familiar.

El exfuncionario vaticinó que Abelardo de la Espriella consolidará una victoria definitiva en la primera vuelta presidencial y advirtió que el gobierno nacional ya tiene coordinado un plan sistemático para cantar fraude electoral y desconocer los boletines oficiales de la Registraduría Nacional, incitando a sus bases populares a cometer desmanes en las principales ciudades del país.

Ante este panorama de inestabilidad, Leyva Durán formuló una controvertida propuesta jurídica: la aplicación inmediata del artículo 193 de la Constitución Política para que el Senado de la República aparte temporalmente de su cargo al presidente Gustavo Petro por falta absoluta o temporal de idoneidad institucional, permitiendo que la vicepresidenta Francia Márquez asuma la jefatura del Estado de forma interina.

Durante este periodo de transición, el poder electoral quedaría bajo la tutoría de una comisión de auditoría internacional integrada por congresistas estadounidenses, eurodiputados, delegados de la Organización de las Naciones Unidas y representantes del Vaticano, encargados de certificar la transparencia de los escrutinios en las zonas con alta incidencia de grupos armados.

Esta dura postura de la oposición ha encontrado un fuerte eco en el Congreso de los Estados Unidos, donde figuras como los senadores Rick Scott y Marco Rubio, junto a la congresista María Elvira Salazar, han manifestado su preocupación ante el Departamento de Estado por las supuestas amenazas y la presencia de francotiradores que los equipos de seguridad de De la Espriella afirman haber neutralizado en sus recientes concentraciones masivas.

Sin embargo, el golpe más inmediato contra la estructura gubernamental provino de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, célula legislativa que anunció la apertura de una investigación de oficio contra el presidente Gustavo Petro por su presunta y reiterada participación indebida en política.

Esta decisión se tomó tras la recolección de las pruebas digitales publicadas por el propio mandatario en sus redes oficiales durante las últimas horas, donde comparó entrelíneas la propuesta del candidato progresista Iván Cepeda con la figura del exmagistrado Carlos Gaviria bajo la categoría de presidentes filósofos, contraponiéndola a la opción de presidentes mafiosos que encarnaría su rival de derecha, además de realizar réplicas masivas a las imágenes del cierre de campaña del Pacto Histórico en la Costa Caribe.

El ambiente de control institucional se completó con el pronunciamiento del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien ratificó que el Ministerio Público avanza de forma prioritaria en más de once procesos disciplinarios contra ministros del actual gabinete presidencial y altos funcionarios del Estado por violar la neutralidad electoral.

Aunque las indagaciones preliminares se mantienen bajo reserva sumarial para salvaguardar el debido proceso y la presunción de inocencia, el jefe del órgano de control admitió que las tensiones de la opinión pública exigen resultados céleres ante los discursos emitidos en plaza pública respecto al manejo del salario mínimo y la devaluación del peso.

Mientras la defensa de Gustavo Petro califica estas acciones como un intento de judicialización de la palabra y una persecución política coordinada por los sectores que apoyan a Abelardo de la Espriella, la campaña opositora ha capitalizado la carta de Álvaro Leyva para consolidar su narrativa de salvación nacional, asegurando que los colombianos se enfrentan a una decisión histórica entre el respeto a las instituciones democráticas o la consolidación de un modelo que pretende perpetuarse mediante el desconocimiento de la voluntad popular este domingo.