El Gobierno de Gustavo Petro impulsa el traslado de hasta 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones bajo la reforma pensional de 2024

El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y varios sectores de la oposición volvió a escalar tras la suspensión del Decreto 415 de 2026, la norma con la que el Gobierno buscaba trasladar hasta 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

La decisión del Consejo de Estado desató una tormenta política que ahora involucra acusaciones de favorecimiento a banqueros, investigaciones de la Superintendencia Financiera y un duro cruce de declaraciones entre dirigentes del oficialismo y figuras de la derecha colombiana.

El decreto expedido por el Ministerio de Trabajo establecía que las Administradoras de Fondos de Pensiones debían transferir los recursos correspondientes a más de 119.000 afiliados que aprovecharon la llamada “ventana de traslado” creada por la reforma pensional aprobada en 2024.

Según el Gobierno, esos ahorros debían pasar al sistema público porque miles de ciudadanos ya habían consolidado su derecho pensional en Colpensiones.

Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió primero de forma parcial y posteriormente en su totalidad el Decreto 415, argumentando que la norma podía contradecir disposiciones establecidas en la Ley 2381 de 2024.

La decisión frenó incluso el traslado de cerca de 5 billones de pesos correspondientes a pensionados que ya reciben mesadas desde Colpensiones.

La reacción del presidente Petro fue inmediata.

“El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador”, escribió el mandatario, quien además acusó a sectores políticos y económicos de proteger intereses privados por encima de los trabajadores colombianos.

En medio de la controversia aparecieron fuertes señalamientos contra dirigentes opositores que impulsaron demandas contra el decreto.

Desde el oficialismo aseguran que estas acciones judiciales terminaron favoreciendo directamente a los grandes fondos privados y a los grupos financieros dueños de las AFP.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, elevó aún más el tono del debate al afirmar: “Estamos ante una actuación ilegal que mantiene los recursos de los trabajadores bajo el control de los fondos privados”.

El funcionario sostuvo que más de 24.000 pensionados ya están recibiendo pagos de Colpensiones mientras los recursos correspondientes continúan retenidos en las administradoras privadas.

La Superintendencia Financiera confirmó además la apertura de investigaciones relacionadas con el traslado de recursos hacia Colpensiones.

Según datos revelados por el Ministerio de Hacienda, el monto comprometido ya no sería de 5 billones sino de 8,7 billones de pesos correspondientes a más de 32.800 afiliados que consolidaron su derecho a pensión.

Otro de los puntos que encendió el debate fue la revelación sobre inversiones internacionales de las AFP.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que los fondos privados mantienen cerca de 280 billones de pesos invertidos en el exterior, equivalentes a más del 50% de los recursos administrados.

Desde el Gobierno sostienen que varias de esas operaciones habrían generado pérdidas por la volatilidad del dólar y por inversiones consideradas poco rentables.

“Los fondos privados tienen inversiones en el exterior por 280 billones. Hay recursos que deberían estar respaldando pensiones en Colombia y hoy permanecen fuera de la economía nacional”, afirmó Ávila durante una intervención oficial.

Los sectores opositores rechazaron de inmediato esas acusaciones y defendieron la decisión judicial.

Voceros críticos del Gobierno sostienen que el Decreto 415 pretendía modificar aspectos esenciales de la reforma pensional mediante vía administrativa, algo que consideran contrario a la ley.

Desde la oposición también argumentan que un traslado acelerado de recursos podría afectar la estabilidad financiera y generar impactos negativos en los mercados.

Las AFP aseguran que buena parte de esos ahorros se encuentran invertidos en títulos, acciones y portafolios que no pueden liquidarse de forma inmediata sin provocar pérdidas millonarias.

El Consejo de Estado explicó que la ley vigente establece que los recursos de quienes se trasladaron desde el régimen privado deben permanecer bajo administración de las AFP hasta consolidar plenamente el derecho pensional y ser dirigidos posteriormente al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que Colpensiones está asumiendo pagos sin recibir los recursos correspondientes.

Funcionarios oficialistas consideran que esto termina trasladando la carga al presupuesto nacional y, en consecuencia, a los impuestos pagados por todos los colombianos.

La discusión ha generado una enorme polarización política en el país.

Desde sectores cercanos al presidente Petro aseguran que la suspensión del decreto protege a grandes grupos económicos, mientras que la oposición afirma que las cortes simplemente están frenando una actuación que consideran irregular.

En medio del choque institucional, la Superintendencia Financiera y otros organismos deberán definir ahora si las AFP incumplieron obligaciones legales relacionadas con los traslados de afiliados hacia Colpensiones.

Paralelamente, el Gobierno anunció nuevos recursos jurídicos y posibles acciones administrativas para insistir en la transferencia de los fondos.

El caso se convirtió en uno de los mayores enfrentamientos entre el Ejecutivo y las altas cortes durante el actual mandato presidencial y amenaza con profundizar aún más el clima de tensión política de cara al próximo escenario electoral colombiano.