La Justicia intentó por segunda vez recuperar información eliminada del teléfono del contratista Matías Tabar, mientras la investigación sobre los movimientos patrimoniales de Manuel Adorni suma nuevas pruebas y documentación clave

La situación política alrededor de Manuel Adorni escaló en las últimas horas tras conocerse nuevos movimientos judiciales vinculados a la investigación sobre su patrimonio y los contratos adjudicados durante su gestión.

Mientras el funcionario continúa sin presentar públicamente su declaración jurada completa, la Justicia enfrenta dificultades técnicas para recuperar información eliminada del teléfono celular de Matías Tabar, un contratista cercano al entorno oficial cuya documentación podría resultar clave para reconstruir pagos, movimientos financieros y comunicaciones internas.

El avance de la causa volvió a colocar al vocero presidencial en el centro del debate político.

Los peritos judiciales intentaron por segunda vez realizar una extracción forense del dispositivo de Tabar, pero el procedimiento volvió a arrojar resultado negativo.

En tribunales consideran que el contenido borrado podría contener conversaciones relacionadas con obras, pagos y transferencias económicas vinculadas a operaciones investigadas.

“Van a seguir intentando”, aseguraron desde el entorno judicial, mientras crece la expectativa sobre el material que aún podría recuperarse.

La controversia tomó más fuerza después de que Tabar reapareciera en Comodoro Py con nueva documentación y remitos comerciales.

Allí buscó responder directamente a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había cuestionado sus afirmaciones sobre presuntos pagos relacionados con reformas inmobiliarias.

“Señor presidente, yo no soy un mentiroso”, sostuvo el contratista ante la prensa al salir de tribunales.

En paralelo, dentro del oficialismo aumentó la tensión por la demora de Adorni en presentar la documentación patrimonial requerida.

Según dirigentes opositores y sectores periodísticos, el retraso ya supera las dos semanas desde el inicio del reclamo público.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que “está en tiempo y forma”.

Martín Menem salió públicamente en defensa del funcionario y declaró: “Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni hoy, mañana y siempre”.

La frase generó nuevas críticas dentro del escenario político y mediático.

Analistas y referentes opositores cuestionaron la estrategia oficial de respaldar de manera absoluta a funcionarios investigados mientras continúan abiertas las actuaciones judiciales.

En ese contexto, crecieron las especulaciones sobre posibles inconsistencias patrimoniales y sobre cómo se justificarían determinados incrementos de bienes y gastos registrados durante el último año.

El debate también alcanzó a otros integrantes del gabinete.

Patricia Bullrich presentó recientemente su declaración jurada correspondiente al período 2025, donde informó un incremento patrimonial cercano al 36%, una cifra apenas superior a la inflación acumulada anual.

El documento detalla un departamento adquirido en la década del noventa, una cochera, participación sobre un terreno familiar, depósitos bancarios y un plan de ahorro automotor como inversión financiera.

Aunque el crecimiento patrimonial fue considerado moderado por especialistas, el caso volvió a instalar la discusión sobre la transparencia de los funcionarios públicos y los mecanismos de control estatal.

Mientras tanto, otra decisión del Gobierno encendió fuertes debates sobre privacidad y administración de datos personales.

El Ministerio de Capital Humano presentó el proyecto denominado “Gemelo Digital”, una plataforma basada en inteligencia artificial destinada a integrar información estatal sobre programas sociales, salud, educación, empleo y registros fiscales.

La iniciativa busca centralizar datos dispersos para optimizar políticas públicas y acelerar procesos administrativos.

Sin embargo, la propuesta despertó preocupación entre especialistas en protección de datos y organizaciones civiles debido a la posibilidad de concentrar enormes volúmenes de información sensible bajo una sola estructura tecnológica.

El proyecto mantiene vínculos conceptuales con desarrollos impulsados por la empresa Palantir, fundada por el empresario Peter Thiel, reconocido por sus contratos tecnológicos con organismos de seguridad y migración en Estados Unidos y Europa.

La polémica aumentó después de que se recordaran experiencias internacionales donde sistemas similares fueron cuestionados por permitir accesos indebidos a información médica y personal.

En Reino Unido, algunos sectores denunciaron que plataformas asociadas a inteligencia artificial aplicada a salud pública permitieron que distintos organismos accedieran a datos extremadamente sensibles.

En Estados Unidos, herramientas tecnológicas vinculadas al control migratorio también fueron criticadas por organizaciones de derechos civiles debido al seguimiento automatizado de ciudadanos e inmigrantes.

Durante una conferencia internacional, Peter Thiel había resumido su visión tecnológica con una frase que ahora vuelve a circular en redes y programas políticos: “La política se ha vuelto tan disfuncional que la solución ya no es arreglarla, sino escapar de ella”.

Sus declaraciones reavivaron las sospechas sobre el uso creciente de inteligencia artificial para administrar áreas estratégicas del Estado.

En medio de la presión judicial, las disputas internas y las nuevas discusiones sobre privacidad digital, el Gobierno enfrenta uno de los momentos más delicados de las últimas semanas.

La combinación entre investigaciones patrimoniales, sospechas sobre eliminación de pruebas y proyectos de control masivo de datos volvió a colocar a la administración libertaria bajo una intensa observación pública y política.