Aida Quilcué desafía a la senadora María Fernanda Cabal por su postura sobre la redistribución de tierras en Colombia.

La senadora María Fernanda Cabal, conocida por sus posturas controvertidas, está en el centro de una nueva polémica sobre la distribución de tierras en Colombia.

En una reciente declaración, Cabal se mostró firmemente en contra de que el Estado posea tierras baldías, una postura que ha generado un debate con la líder indígena Aida Quilcué, quien ha desafiado abiertamente las ideas de Cabal sobre la tierra y su uso.

“La tierra debe estar en manos de quien la trabaja y produce”, afirmó Cabal, sugiriendo que el Estado no debe tener propiedades, y mucho menos redistribuir tierras a los más necesitados.

Por otro lado, Quilcué no tardó en responder con contundencia, acusando a Cabal de defender los intereses de quienes históricamente han acaparado tierras de forma ilícita, a costa de las víctimas de despojos y desplazamientos forzados.

“Ustedes no se dejan censar, reciben ingentes sumas del estado colombiano, tienen más de un millón de hectáreas y aún les sigue faltando”, replicó Quilcué, destacando la contradicción en las propuestas de Cabal, quien, según ella, se encuentra del lado de aquellos que despojan a las comunidades vulnerables de sus tierras.

La raíz del conflicto se encuentra en el proceso de redistribución de tierras, especialmente aquellas consideradas baldías, que según la ley, son propiedad de la nación y deben ser entregadas a quienes las trabajen.

Sin embargo, la senadora Cabal ha sido una firme opositora de este proceso.

Según ella, “el país no puede castigar al que produce y premiar al que destruye”, lo que sugiere que aquellos que ya poseen tierras productivas deben ser recompensados, mientras que el Estado no debe intervenir en la propiedad privada.

Pero la situación se complica aún más cuando se examina el vínculo de Cabal con empresas como Riopaila Castilla, de la cual su familia forma parte.

Esta compañía ha sido mencionada en diversas ocasiones debido a su involucramiento en negocios relacionados con tierras baldías, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad de sus propuestas.

La senadora ha presentado proyectos de ley que favorecen a los compradores de buena fe, quienes adquirieron tierras que luego fueron reclamadas por víctimas del despojo, defendiendo sus derechos a través de reformas como la Ley 131 de 2018 y la Ley 20 de 2019.

“Lo que buscamos es proteger a los compradores de buena fe”, explicó Cabal, argumentando que la restitución de tierras a las víctimas de despojo no debe hacerse a través de la redistribución de tierras productivas, sino mediante compensaciones económicas.

Sin embargo, esta postura ha sido rechazada por Quilcué, quien acusa a Cabal de tratar de proteger a los terratenientes a costa de las comunidades más vulnerables.

La guerra política se intensificó cuando Cabal afirmó que los pueblos indígenas, como los de su departamento, gozan de grandes extensiones de tierra, pero muchas de estas tierras, según ella, no son aptas para la agricultura.

Quilcué, por su parte, cuestionó esta afirmación, asegurando que las tierras indígenas son insuficientes para garantizar una vida digna y que la falta de acceso a tierras fértiles es una de las principales causas de la pobreza en las comunidades.

En un enfrentamiento directo entre ambas líderes, Aida Quilcué fue tajante: “No podemos aceptar que se utilicen nuestras tierras como botín político, ni que se sigan favoreciendo a los mismos que han causado tanto daño a nuestras comunidades”.

La líder indígena, visiblemente molesta, exigió que el Estado intervenga de manera justa y equitativa en la redistribución de las tierras, para que realmente beneficien a quienes las trabajan y producen.

El debate sobre la redistribución de tierras continúa siendo un tema candente en Colombia, y la postura de Cabal sobre los baldíos sigue generando controversia.

Sin embargo, Quilcué ha dejado claro que no se detendrá en su lucha por la justicia social y por la restitución de tierras a las comunidades que han sido despojadas a lo largo de los años.

La batalla por la tierra y la justicia continúa, y promete intensificarse a medida que se acerque el momento de tomar decisiones cruciales en el Congreso.