Jaime Arizabaleta lucha por la curul 13, acusando a sus rivales de intentar robarle los votos.

La mañana de las elecciones al Congreso de 2026 en Colombia no pasó desapercibida, especialmente en un pequeño rincón de Hamundí, donde se libraba una verdadera batalla política.

Los partidos políticos, con sus números y promesas, se alineaban para que los ciudadanos votaran por los candidatos de su preferencia, pero el panorama era mucho más turbio de lo que se veía a simple vista.

Wilson Arias, candidato del pacto político, pedía a los votantes que marcaran solo el logo del partido, mientras que la hermana de Fico, candidata al Senado, apelaba a la decisión de los votantes de marcar el logo junto con el número correspondiente.

Pero en medio de todo este panorama, un nombre se destacaba por su lucha incansable por conseguir una curul: Jaime Arizabaleta.

Arizabaleta, conocido por su determinación y combatividad, no se conformaba con los números iniciales de las votaciones.

Después de que Juliana, una de sus principales rivales, obtuviera 96,000 votos sin ganar, y Carlos Eduardo Caicedo, con 65,000 votos, lograra salir victorioso, la pregunta surgió: ¿cómo es que los números no coincidían con el resultado final? La respuesta estaba en el artículo 263 de la Constitución, que establece un umbral del 3% para que un partido pueda acceder a una curul en el Senado.

En el caso de las elecciones de 2026, los votos válidos ascendieron a más de 19,400,000, lo que hizo que el umbral para obtener una curul fuera de 582,696 votos.

Sin embargo, muchos partidos, incluidos el Frente Amplio y Fuerza Ciudadana, se quedaron sin representación en el Senado, lo que generó una gran polémica.

En el centro de esta controversia estaba Arizabaleta, quien, al igual que otros políticos del país, luchaba por no perder lo que él consideraba suyo: una curul que le correspondía.

En una de sus intervenciones, declaró: “La Kurul 13 no está en disputa. La Kurul 13 es mía, y me la quieren robar”.

Esta afirmación desató una serie de intercambios acalorados en los medios y las redes sociales, con ciudadanos pidiendo que se vigilara el proceso de escrutinio.

“Los ciudadanos deben estar vigilantes, debemos cuidarnos de que no nos roben los votos”, agregó Arizabaleta, haciendo un llamado a la transparencia en las elecciones.

Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba.

Algunos de sus opositores le respondieron con dureza, destacando lo que consideraban una actitud arrogante.

“Usted no es dueño de ninguna curul. No diga que iba a arrasar en los votos, ahora está peleando por unos pocos votos”, le espetaron en un intercambio directo.

La respuesta de los ciudadanos y de otros actores políticos fue clara: el escrutinio debía ser riguroso y justo, sin manipulación de los resultados.

El proceso electoral, tal como se había dado a conocer, era solo el preconteo, un conteo preliminar sin valor jurídico.

El verdadero peso estaba en el escrutinio oficial, donde jueces y notarios revisarían las actas, corregirían errores y oficializarían los resultados.

Lo que pocos sabían era que la batalla por las curules no solo ocurriría en los tribunales y los medios de comunicación.

En los centros de votación, en las mismas mesas donde los votos eran contados, los políticos más astutos ya estaban operando para garantizar que sus números fueran los correctos.

Y es que, como mencionaba Arizabaleta, “aquí estamos en Hamundí, este es uno de los puestos de votación críticos porque quien me está disputando la CUR fue alcalde de esta zona, de este municipio, varias veces”.

En medio de este clima de tensión, los líderes políticos como Arizabaleta sabían que el futuro de su carrera política dependía de los resultados que, a medida que avanzaba el escrutinio, se iban perfilando con un gusto amargo.

El último paso era la confirmación de los votos por parte de los jueces, un proceso largo y muchas veces lleno de controversias.

“Pelea la Kurul dos partidos tramposos”, respondían algunos de sus detractores en las redes, mientras otros se preguntaban: ¿quién tendrá más poder?

El resultado de todo este proceso no solo definiría la composición del Senado, sino que también marcaría la confianza de los ciudadanos en la democracia colombiana, tan golpeada por los escándalos y la corrupción.