Un ataque vandálico contra la sede política conocida como “Casa Petro” en Bogotá intensificó la tensión política en Colombia tras la aparición de grafitis estigmatizantes contra el Pacto Histórico

El ambiente político en Colombia atraviesa horas de fuerte tensión tras el ataque vandálico contra una sede vinculada al movimiento del Pacto Histórico en Bogotá, mientras las autoridades reportan incautaciones millonarias de dinero presuntamente destinado a la compra de votos en medio del actual escenario electoral.

En la madrugada del 5 de marzo, la llamada “Casa Petro”, una de las sedes políticas asociadas al Pacto Histórico ubicada en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital, apareció cubierta con grafitis y mensajes estigmatizantes.

En la fachada del inmueble se pintaron frases como “casa de milicias urbanas”, “guerrillero” y “no más comunismo”, lo que generó preocupación entre los militantes del movimiento.

El lugar también es la residencia y casa cultural de la artista Alba Lucía Cano, reconocida simpatizante del proyecto político.

Tras el incidente, dirigentes del movimiento denunciaron que este tipo de actos ponen en riesgo la seguridad de quienes participan en la actividad política.

El concejal de Bogotá José Cuesta señaló que los hechos no solo afectan a la propietaria del inmueble, sino también al ejercicio democrático.

“Ponen en riesgo la vida de nuestra compañera y el derecho a la democracia de nuestro proyecto político”, afirmó.

Por su parte, Cano hizo un llamado público a la reflexión y al respeto en medio de la polarización política.

“No podemos hablar de paz y de no violencia mientras señalamos a quienes piensan diferente”, expresó.

Militantes y vecinos del sector convocaron posteriormente a una jornada de limpieza para retirar los grafitis y restaurar la fachada del inmueble, en un gesto simbólico de rechazo a la intimidación política.

El episodio se produce en un contexto de fuertes acusaciones entre sectores políticos.

El senador Iván Cepeda, figura destacada del progresismo colombiano, denunció la existencia de campañas de difamación en su contra que, según él, provienen de sectores de la derecha radical.

“Ante el crecimiento del Pacto Histórico en Antioquia, sectores de extrema derecha preparan campañas difamatorias en mi contra”, afirmó Cepeda, al referirse a la movilización política que su sector realizó en Medellín.

“Como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y a la calumnia”, agregó.

El senador también criticó lo que calificó como una degradación del debate público.

En una intervención reciente señaló que el clima político del país se ha contaminado por campañas agresivas y desinformación.

“Hemos invitado a un debate serio y argumentado sobre los grandes problemas del país y sobre el futuro de Colombia. Pero no ha sido posible. Nos hemos estrellado con campañas elementales en las que se descalifica, se agrede y se calumnia”, declaró.

Cepeda advirtió además sobre el peligro de que el discurso de odio termine derivando en violencia, recordando episodios de la historia política colombiana en los que la confrontación verbal terminó en hechos violentos.

La controversia se intensificó después de que circulara en redes sociales un video polémico de una candidata vinculada al Centro Democrático, en el que se hacía referencia al hijo menor de edad de Cepeda.

Las declaraciones provocaron rechazo en diversos sectores por involucrar a un menor en el debate político.

Mientras tanto, el Gobierno reportó avances en operativos contra posibles delitos electorales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las autoridades han incautado cerca de 2.

000 millones de pesos en efectivo que estarían relacionados con presuntas prácticas de compra de votos.

“Ya hemos incautado casi 2.000 millones de pesos que presuntamente estarían relacionados con compra y venta de votos”, explicó el funcionario, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos a través de la línea 157.

Según las autoridades, las operaciones se han desarrollado en carreteras, aeropuertos y otros puntos estratégicos del país.

Uno de los casos reportados ocurrió en el aeropuerto de Villavicencio, donde a un ciudadano se le encontraron cerca de 26,9 millones de pesos en efectivo junto con material relacionado con una campaña electoral.

De acuerdo con el informe policial, el individuo aseguró que el dinero pertenecía a un familiar vinculado a un candidato y que sería utilizado para realizar compras en Bogotá.

Las autoridades indicaron que el dinero fue puesto a disposición de la justicia para determinar su origen y posible relación con delitos contra el sufragio.

En medio de este clima político, también se registraron fuertes confrontaciones entre dirigentes del propio sector progresista.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero lanzó duras críticas contra el político Roy Barreras durante una entrevista radial.

“Roy Barreras es un político de maquinarias que hace mucha trampa”, afirmó Quintero.

El exmandatario local insistió en que existen profundas diferencias entre su forma de hacer política y la de su contendor.

“Uno no puede estar dispuesto a todo para lograr un objetivo, por bueno que sea.

Ahí es cuando se rompe la moralidad y la ética”, sostuvo.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, durante una intervención en Estados Unidos, reflexionó sobre el momento político global y expresó su preocupación por el avance de discursos extremistas.

“Eliminar la diversidad es eliminar humanidades, creyéndose una raza superior. Y las razas no existen”, afirmó el mandatario.

Petro también advirtió sobre lo que considera señales inquietantes en la política contemporánea.

“A veces me siento pensando que estamos viviendo lo que se vivía en Europa en 1933”, dijo, al referirse al surgimiento de discursos de exclusión y radicalización.

Con el país acercándose a nuevas decisiones electorales, los episodios recientes reflejan un escenario político marcado por la confrontación, las denuncias cruzadas y los llamados a preservar la convivencia democrática.

Mientras continúan las investigaciones por los actos vandálicos y las incautaciones de dinero, distintos sectores insisten en la necesidad de moderar el lenguaje político y garantizar un proceso electoral libre de violencia y presiones ilegales.