La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde suma un nuevo capítulo tras la declaración del periodista Diego Suárez sobre un supuesto video con dinero en un vestidor

La investigación judicial que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo tras la aparición de un testimonio periodístico que derivó en la solicitud de medidas judiciales para verificar la existencia de un presunto video en el que se observaría a una mujer manipulando grandes sumas de dinero en un vestidor.

El expediente, que analiza un posible enriquecimiento ilícito, continúa bajo la órbita del fiscal Sergio Mola y del juez federal Luis Armela, en una causa que lleva casi tres años en trámite.

El hecho se originó a partir de la declaración del periodista Diego Suárez, quien afirmó haber visto un material audiovisual en el que una persona identificada en el ámbito mediático como Jessica Cirio aparecería dentro de un vestidor mostrando cajas con dinero en efectivo.

Según su testimonio, el contenido del video estaría vinculado a una propiedad atribuida al entorno del exfuncionario.

En una de sus intervenciones televisivas, Suárez sostuvo: “Es un video del vestidor… ella ingresa, muestra, va abriendo cada uno de los cajones con un celular”.

Además, afirmó que el material incluiría grandes cantidades de dinero en efectivo y elementos personales dentro del espacio.

A partir de estas declaraciones, el fiscal Mola solicitó formalmente al juez Armela que el periodista sea citado como testigo para ratificar su relato ante la Justicia.

La medida fue interpretada en el ámbito judicial como un intento de incorporar nuevos elementos a una causa que ya investiga el origen del patrimonio del exjefe comunal y su entorno.

El fiscal, que ya había intervenido en causas de alto impacto público, sostiene que el avance del expediente depende en gran medida de la incorporación de pruebas periciales y testimoniales.

Fuentes judiciales señalan que la investigación ha enfrentado demoras en la autorización de ciertas medidas, entre ellas peritajes sobre bienes y movimientos financieros vinculados a sociedades bajo análisis.

El denominado “caso Insaurralde”, que en el debate mediático también fue asociado al escándalo conocido como “yategate”, se centra en determinar si existió un crecimiento patrimonial injustificado durante los años en los que el dirigente ocupó cargos públicos.

La causa también examina viajes, gastos y posibles estructuras societarias utilizadas para canalizar fondos.

En este contexto, la eventual existencia del video mencionado por el periodista podría adquirir relevancia probatoria si es verificado por la Justicia.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su autenticidad, su origen ni su ubicación actual.

Durante la emisión donde se difundió el tema, el propio Suárez insistió en la veracidad de su relato: “Mola lo vio y pidió que vaya a declarar”, afirmó, al sostener que el fiscal habría considerado relevante su testimonio para la investigación en curso.

Desde el equipo judicial se analiza ahora la trazabilidad del supuesto material audiovisual y la posible identificación de dispositivos o personas que pudieran haberlo registrado o difundido.

En paralelo, la defensa del exintendente ha cuestionado reiteradamente la incorporación de versiones no verificadas al expediente.

El caso se encuentra en una etapa de recolección de pruebas, con peritajes contables y análisis de bienes en curso.

Según trascendió en el ámbito judicial, el objetivo principal es determinar si existe o no un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados durante el ejercicio de funciones públicas.

En declaraciones previas, el fiscal Mola ha señalado la necesidad de avanzar con “medidas típicas en causas de enriquecimiento ilícito”, lo que incluye la revisión de sociedades, movimientos bancarios y activos inmobiliarios vinculados a los investigados.

Mientras tanto, la discusión pública se ha intensificado debido a la circulación de reconstrucciones audiovisuales basadas en el testimonio del periodista, aunque dichas recreaciones no forman parte del expediente judicial y carecen de valor probatorio.

El juez Armela será quien defina en los próximos pasos si el periodista debe ampliar su declaración y si corresponde profundizar la búsqueda del supuesto material audiovisual.

En caso de confirmarse su existencia, el expediente podría tomar una nueva dimensión dentro de la investigación.

Por ahora, el caso permanece abierto, con múltiples líneas de análisis y un fuerte componente de debate político y mediático, mientras la Justicia intenta determinar si los elementos aportados alcanzan para sostener o descartar las acusaciones en curso sobre el patrimonio del exfuncionario bonaerense.