**Cepeda denuncia campaña de desprestigio basada en los computadores de Raúl Reyes y revive polémica sobre su validez judicial**

La confrontación política en Colombia volvió a escalar tras las recientes declaraciones del senador y hoy candidato presidencial Iván Cepeda Castro, quien denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una “campaña sistemática de persecución y desinformación” en su contra, impulsada —según afirmó— por sectores del uribismo encabezados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y dirigentes del Centro Democrático.

El eje de la controversia vuelve a ser el contenido de los computadores incautados en 2008 tras la muerte de Raúl Reyes, exjefe de las FARC, durante un operativo militar en territorio ecuatoriano.

Desde entonces, dichos archivos han sido objeto de disputas jurídicas y políticas que resurgen ahora en el contexto electoral.

Voceros del uribismo han reiterado que el nombre de Cepeda aparece mencionado en esos archivos, señalamiento que, en su criterio, amerita explicaciones políticas.

La senadora María Fernanda Cabal sostuvo públicamente que “las pruebas del computador de Raúl Reyes no fueron alteradas y así lo confirmó la Interpol”.

En la misma línea, figuras cercanas al expresidente Uribe han insistido en que la justicia nunca declaró inexistentes los documentos y que su contenido debe ser evaluado con rigor.

Cepeda, por su parte, respondió con firmeza.

“Hemos radicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una comunicación para advertir sobre la campaña publicitaria desplegada en mi contra para difundir información falsa en medios de comunicación y redes sociales”, afirmó en un mensaje público.

Añadió que existe un intento de judicializarlo en Estados Unidos mediante la reactivación de acusaciones que, según él, ya fueron desvirtuadas en instancias judiciales colombianas.

El senador subrayó que las fotografías y menciones que circulan en redes sociales han sido “descontextualizadas”, recordando que su presencia en escenarios relacionados con las FARC obedeció a su papel como defensor de derechos humanos y promotor del diálogo durante el proceso de paz.

“Se intenta revivir un hecho sobre el cual la justicia se pronunció de manera concluyente”, sostuvo.

El debate se intensificó cuando salieron a relucir antecedentes judiciales sobre la cadena de custodia de los computadores de Reyes.

En procesos anteriores, un investigador policial reconoció haber manipulado información antes de que fuera puesta a disposición formal de la Fiscalía, hecho que en su momento generó cuestionamientos sobre la validez probatoria de ciertos archivos.

Esa admisión fue utilizada por sectores críticos para argumentar que el material carecía de garantías procesales plenas.

A ello se suma que la Corte Suprema de Justicia concluyó en decisiones pasadas que el contenido de los correos obtenidos en territorio ecuatoriano no podía considerarse prueba judicial válida debido a la forma en que fue obtenido, lo que debilitó su uso en procesos penales internos.

Sin embargo, políticamente el tema continúa siendo un elemento de confrontación.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el asunto al señalar que los computadores “fueron manipulados antes de llegar a la justicia”, reiterando que no pueden emplearse como herramienta de ataque político.

Cepeda afirmó que detrás de la ofensiva mediática existe una estrategia de desprestigio destinada a afectar su candidatura.

“Se están invirtiendo cuantiosos recursos para presentarme ante la opinión pública como ‘heredero de las FARC’”, declaró, asegurando que esa narrativa busca minar su credibilidad electoral.

También denunció visitas de dirigentes uribistas a oficinas federales en Estados Unidos para solicitar investigaciones en su contra por supuestos vínculos con la antigua guerrilla.

En su intervención pública, fue enfático: “Todas esas campañas se han venido realizando con el propósito de lograr algo que no han podido aún y es que se mine mi credibilidad en la campaña electoral”.

El contexto electoral añade tensión a la disputa.

Encuestas recientes muestran a Cepeda con niveles significativos de intención de voto, situación que, según sus simpatizantes, explicaría la intensidad de los ataques.

Desde el uribismo, en cambio, se insiste en que el debate no es electoral sino de transparencia y que los colombianos merecen claridad sobre cualquier relación pasada con actores armados.

El episodio refleja la persistente polarización que atraviesa la política colombiana.

Los computadores de Raúl Reyes, incautados hace más de una década, siguen proyectando sombra sobre el escenario actual, ahora convertidos en arma retórica en una campaña presidencial marcada por la confrontación.

Mientras Cepeda acude a instancias internacionales para denunciar persecución política, sus opositores sostienen que el escrutinio es legítimo.

En medio del cruce de acusaciones, el electorado observa un nuevo capítulo de una disputa que combina memoria del conflicto armado, debates jurídicos sobre la prueba digital y estrategias propias de la contienda electoral.

La polémica, lejos de cerrarse, vuelve a situar en el centro del debate nacional la relación entre justicia, política y narrativa pública.