El conductor de televisión cargó contra los sectores vinculados al kirchnerismo y a la izquierda. Denunció una “estafa ideológica” en la creación de estructuras burocráticas pasadas y expuso las contradicciones legislativas de la oposición en materia penal.

BUENOS AIRES — La conmemoración de la emblemática movilización contra los femicidios en la Argentina, conocida como Ni Una Menos (3J), ha derivado en un intenso enfrentamiento dialéctico en los principales medios de comunicación del país. El eje del debate se desplazó de la reivindicación civil a una dura confrontación política, luego de que el periodista Eduardo Feinmann emitiera un severo análisis editorial en su espacio televisivo, donde calificó de “utilización partidaria” y “papelón nacional” los intentos de responsabilizar de manera directa al actual presidente, Javier Milei, por los recientes crímenes de violencia de género.

El rechazo de un sector de la opinión pública a las consignas de la marcha frente al Congreso Nacional no radica en la desatención del problema estructural, sino en lo que analistas y comunicadores consideran una “apropiación sistemática” por parte de movimientos sociales y agrupaciones de izquierda para desgastar al Ejecutivo.

El debate sobre el “Aparato de Género” y el caso Alberto Fernández

La crítica central de Feinmann apuntó a la gestión del anterior gobierno de Unión por la Patria, período en el cual se jerarquizó el área mediante la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Según los datos analizados durante el debate periodístico, la existencia de dicha estructura burocrática no se tradujo en una baja de los índices de criminalidad; por el contrario, se registraron picos de un femicidio cada 30 horas.

“Se montó una estafa ideológico-política bajo la promesa de cuidar a la mujer, mientras se desvían fondos públicos hacia estructuras ineficaces”, sostienen sectores afines al oficialismo.

La controversia escaló al recordar las denuncias por violencia física que pesan sobre el expresidente Alberto Fernández —quien en su momento se autoproclamó como “el primer presidente feminista”— interpuestas por su expareja, Fabiola Yáñez, un hecho ante el cual, según denunció el periodismo local, las organizaciones que hoy marchan mantuvieron un prolongado silencio institucional.

El núcleo del descontento expresado por los sectores que rechazan la marcha se apoya en el comportamiento parlamentario de las fuerzas opositoras (el kirchnerismo y el Frente de Izquierda), a quienes se acusa de adoptar un discurso de protección a las víctimas en la vía pública, pero de votar sistemáticamente en contra de las leyes que endurecen las penas a los agresores.

Entre los antecedentes normativos citados en el debate mediático se destacan:

Modificaciones a la ejecución penal: Votos en contra de restringir la libertad condicional y los beneficios de reinserción para condenados por delitos contra la integridad sexual (como el rechazo de la diputada Myriam Bregman en expedientes parlamentarios clave).

Herramientas de persecución del delito: Oposición sistemática de Unión por la Patria a la Ley de Reincidencia, la Ley Antimafia, el registro de violadores y la Ficha Limpia.

El análisis de los sucesos policiales recientes desmontó el argumento de que la violencia responde a la falta de ministerios nacionales. El panel periodístico analizó el caso de Agostina, una joven asesinada en la provincia de Córdoba. Se constató que el principal sospechoso era un militante vinculado al peronismo local que desempeñaba funciones, paradójicamente, en una dependencia municipal orientada a la prevención de la violencia de género.

Asimismo, se hizo referencia al femicidio ocurrido en la localidad de Temperley, dentro de la provincia de Buenos Aires. El distrito, gobernado por el opositor Axel Kicillof, cuenta con ministerios y partidas presupuestarias específicas para políticas de género, lo que, a criterio de los analistas de la señal de noticias, demuestra que la solución no radica en el tamaño del aparato estatal, sino en la eficacia de las fuerzas de seguridad y la rigidez de la justicia penal.

La persistencia de los altos índices delictivos se atribuye, desde la óptica de los comunicadores de la señal A24, a la influencia de la doctrina jurídica del exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. Esta corriente penal considera el castigo como un elemento de opresión estatal, lo que habría instalado una cultura judicial de “hacer zafar” a los delincuentes, diluyendo la responsabilidad individual de los agresores y potenciando la inseguridad ciudadana.