Denuncias por presunta propaganda política y actividades de campaña durante el periodo de silencio electoral generan polémica antes de las elecciones legislativas en Colombia

A pocas horas de que se abran las urnas para las elecciones legislativas en Colombia, el ambiente político se ha visto marcado por denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la etapa previa a la jornada electoral.

Ciudadanos y actores políticos han señalado presuntas violaciones al silencio electoral, así como el uso de datos personales para enviar mensajes de campaña sin autorización.

El proceso electoral, que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde del domingo 8 de marzo de 2026, es considerado uno de los más relevantes para la configuración del nuevo Congreso de la República.

En este contexto, diferentes sectores han intensificado los llamados a la participación ciudadana y al respeto de las normas establecidas para garantizar la transparencia del proceso democrático.

El silencio electoral, establecido en el decreto 188 de 2026, prohíbe a los candidatos realizar actos públicos de campaña, difundir propaganda política o instalar publicidad electoral en espacios públicos durante los días previos a la votación.

Estas restricciones buscan asegurar condiciones de equidad entre las candidaturas y evitar presiones sobre los votantes en las horas inmediatamente anteriores a la jornada electoral.

Felipe Nieto Palacio, jefe de pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad Eafit, explicó el alcance de estas restricciones al señalar que “los candidatos ya no pueden hacer actividades o actos de carácter político de manera pública.

Pueden hacer reuniones, actividades de carácter privado, pero en definitiva no pueden hacer actividades de manera pública, no pueden utilizar ni emplear carteles, pasacalles, vallas o afiches para difundir propaganda electoral el día de las elecciones”.

Según lo establecido en la normativa, el incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones económicas para los partidos o movimientos políticos.

Las multas pueden oscilar entre 18 y 185 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de las decisiones que adopte el Consejo Nacional Electoral.

En medio de este escenario, comenzaron a circular en redes sociales videos y fotografías que, según quienes los difundieron, mostrarían presunta propaganda política distribuida en espacios públicos durante el periodo de silencio electoral.

Algunas de las denuncias señalan la presencia de personas repartiendo material de campaña, así como la instalación de pasacalles y publicidad visible en distintas zonas de Bogotá.

Entre los nombres mencionados en estas publicaciones aparece la representante Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde.

En los registros difundidos por ciudadanos se observan imágenes de banderas, camisetas y material gráfico relacionado con su campaña que, de acuerdo con las denuncias, habría sido distribuido el 7 de marzo, un día antes de las elecciones.

Algunas grabaciones también muestran actividades similares vinculadas a otras campañas políticas, lo que ha generado debates sobre el cumplimiento de las normas electorales en diferentes sectores políticos.

En uno de los videos se observa a varias personas frente a un centro comercial de Bogotá portando prendas con símbolos de campaña y entregando material promocional.

Las denuncias han sido acompañadas por llamados a las autoridades para verificar la situación y, en caso de confirmarse irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes.

A estas controversias se sumaron cuestionamientos relacionados con el uso de datos personales para enviar mensajes de campaña a través de aplicaciones de mensajería.

Algunos ciudadanos aseguraron haber recibido mensajes políticos en sus teléfonos móviles sin haber autorizado previamente el uso de su información personal.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, manifestó públicamente su inconformidad tras recibir uno de estos mensajes.

“Quiero exigirle a la señora Jennifer Pedraza que me saque de inmediato de su base de datos.

Como ciudadano tengo derecho a no recibir en mi WhatsApp personal publicidad política de personas indeseables.

No he autorizado a su campaña en ningún momento a hacer uso de mi información personal”, escribió.

En su pronunciamiento también pidió la intervención de las autoridades encargadas de proteger los datos personales.

“Pido a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar la posible violación de la Ley de Habeas Data”, agregó.

Otros ciudadanos reportaron situaciones similares con mensajes enviados por campañas de distintos partidos políticos, en los que se les indicaba incluso el lugar y la mesa donde debían votar.

Estas comunicaciones han despertado inquietudes sobre el origen de la información utilizada para contactar a los electores.

Paralelamente, el Gobierno nacional informó sobre operativos de control realizados en diferentes regiones del país para prevenir delitos electorales.

Según reportes de las autoridades, la Policía Nacional ha incautado más de 3.521 millones de pesos que presuntamente estarían relacionados con la compra de votos.

Durante una intervención pública se detalló que “3.521 millones de pesos han sido incautados por parte de la Policía Nacional en diferentes partes de nuestro país que podrían llegar a tener relación presuntamente con delitos electorales como la compra y venta de votos”.

Las autoridades también indicaron que se han realizado al menos 41 capturas en medio de estos operativos.

Los mayores hallazgos de dinero se registraron en ciudades como Bogotá, Montería y Sincelejo, además de otros municipios donde el efectivo fue encontrado en vehículos particulares y motocicletas.

En medio de estas denuncias y operativos, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto de manera libre y responsable.

La jornada electoral definirá la composición del Congreso para los próximos años y será observada de cerca por organismos nacionales e internacionales encargados de vigilar la transparencia del proceso democrático.